Por suerte Alberto Fernández no se dedicó a la medicina porque sus pacientes ya lo hubieran abandonado. No es la primera vez que el Presidente recurre al doble discurso, pero el último domingo electoral batió todos sus récords con dos mensajes contradictorios en poco más de una hora.

Así, la expectativa favorable creada por el primero, –leído y grabado antes de que se conocieran los resultados– para anunciar el envío al Congreso de un programa económico plurianual basado en entendimientos con el staff del FMI y buscar acuerdos con la oposición para una agenda compartida de trabajo, se diluyó rápidamente con el segundo y su insólita convocatoria al oficialismo para “celebrar el triunfo” en una elección que perdió por casi 9,5 puntos a nivel nacional y una mínima diferencia en la provincia de Buenos Aires. Le faltó hablar de “campeones morales”, al estilo del relator José María Muñoz con la selección argentina de futbol en el Mundial de 1966. No sólo eso. Tres días después endureció su postura al excluir explícitamente a Mauricio Macri y a Javier Milei como interlocutores de un eventual diálogo político.

Con dos visiones diametralmente disímiles de país, no hay posibilidades de un tratamiento eficaz porque sólo aseguran políticas pendulares como las que condujeron a crisis recurrentes, a un PBI per cápita similar al de hace 45 años y a la estanflación y aumento de la pobreza de la última década. La pandemia fue un imponderable para el mundo, pero su mal manejo local agravó todos los problemas que venían de arrastre. Y ahora que se requiere más que nunca una visión estratégica a futuro, con eje en el crecimiento económico a base de mayor inversión privada y exportaciones, la respuesta del Gobierno fue recrear el pasado populista con el plan “platita” (ya carcomido por la inflación, pese a los controles de precios) y el acto del “Día de la Militancia” con su movilización de aparatos. A esto se suman el retroceso institucional que significará retribuir a los intendentes del conurbano sus servicios de rescate de votos con la probable derogación del impedimento legal de más de dos mandatos consecutivos y la convalidación exprés de 116 DNU antes del recambio en el Senado. Puro cortoplacismo.

En este marco, el anuncio presidencial de enviar al Congreso el “Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable” en la primera semana de diciembre, revela la necesidad de ratificar al ministro Martín Guzmán y cerrar lo antes posible la negociación con el Fondo Monetario, para tratar de evitar que las reservas netas del Banco Central muestren signo negativo en el arranque de 2022 y fuercen un salto del dólar oficial. Como confesión de parte, el propio BCRA canceló de hecho su intervención sobre las cotizaciones financieras del dólar, que esta semana treparon rápidamente por encima de los $ 200 (con una brecha cambiaria mayor a 100%), tras haber sacrificado US$2500 millones en los últimos meses sólo para que el blue no llegara a las elecciones con un número 2 por delante por su supuesto “efecto psicológico”.

Por lo pronto, este programa a 4 años es una exigencia del FMI para reestructurar los vencimientos por US$44.000 millones que se concentran en 2022 y 2023, a través de un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años. Otra es que cuente con “un amplio apoyo político y social”, como se encargó de recordarlo el vocero del propio organismo tras las elecciones legislativas. En ambos casos, el argumento es que el acuerdo con cuatro años de gracia excede el mandato del actual gobierno, aunque obviamente lo incluye en primer término. También el portavoz indicó que se está trabajando “para lograr un entendimiento pleno sobre un plan integral que pueda abordar de manera duradera los desafíos económicos y sociales más urgentes de la Argentina, incluida la alta inflación, que perjudica de manera desproporcionada a los más vulnerables”.

Más que nada, el entendimiento se basa en que un default con el Fondo complicaría a su staff por tratarse del principal país deudor, pero mucho más a la Argentina, que dejaría de recibir financiamiento de organismos como el Banco Mundial y el BID, así como cartas de crédito para exportaciones e importaciones, lo cual tornaría intransitable el camino económico hasta 2023.

A partir de este punto se abre un abanico de interrogantes. Por un lado, el pomposo título del proyecto de ley no guardaría relación con su contenido de reordenamiento macroeconómico. Según lo poco que se sabe, establecerá básicamente un sendero decreciente de déficit fiscal primario (sin intereses de la deuda) y su financiamiento no monetario (crédito interno y de organismos multilaterales) a lo largo del período 2022-2025. Su consistencia está por verse, ya que el borrador no explicaría con el mismo nivel de detalle la política monetaria y el régimen cambiario a seguir. Tampoco incluiría reformas en materia impositiva y laboral para impulsar la inversión y la creación de empleos privados. En cambio, se analiza si incorporará como títulos varios regímenes promocionales ya anunciados (Hidrocarburos; Agroindustria; Biotecnología; Electromovilidad; Compre Nacional, etc.) y cuyos proyectos fueron enviados al Congreso después de las PASO. Quizás porque la cuestión macroeconómica no requiere otra ley que el presupuesto nacional para 2022.

A priori, sería lo que muchos economistas califican como un “acuerdo light” con monitoreo trimestral de su cumplimiento, necesario pero insuficiente para generar confianza y reducir el riesgo país, actualmente en 1750 puntos básicos. Más allá fue Alejandro Werner (ex ejecutivo del Fondo, que tuvo a su cargo el crédito stand by al gobierno de Macri) al describirlo semanas atrás como una “curita temporal para mantener las expectativas y retrasar la corrida bancaria por cuatro meses” (sic). A su vez, la calificadora Moody’s sostuvo tras las elecciones que las divisiones ideológicas dentro del FdT debilitarán la capacidad del Gobierno para adoptar medidas eficaces para reducir los desequilibrios macroeconómicos, por lo cual existe el riesgo de que el acuerdo con el FMI no se cumpla.

Por otro lado, hay dudas de que el acuerdo pueda cerrarse a fin de año, como estimó ayer Guzmán. Aunque el ministro y antes el Presidente aseguraron que la decisión política cuenta con el aval del FdT y el apoyo de Cristina Kirchner, subsisten discrepancias internas sobre la recomposición de precios relativos (tipo de cambio, combustibles), el Presupuesto 2022 y, especialmente, el gasto en subsidios a la energía, pese a la proyectada segmentación de tarifas en el AMBA tras el reempadronamiento de apuro de los usuarios de Edenor y Edesur. También sobre la continuidad del congelamiento de precios, mientras el kirchnerismo impulsa una tasa de hasta 3% sobre los alimentos envasados que operará como otro impuesto a los ingresos brutos y se trasladará a los consumidores. Su destino es otra “caja política”, esta vez a cargo del Ministerio de Ambiente para el reciclado de envases. Hasta ahora no ha habido contactos con la oposición, donde la perspectiva de un diálogo constructivo parece tan improbable como que CFK rompa su silencio cuando sufre una derrota.