Hasta hace dos semanas, el humor social estuvo alterado por los candidatos a las PASO con su bombardeo de spots en los medios y videos en las redes sociales, en muchos casos francamente bizarros. Ahora, tras la crisis desatada por el revés electoral del Frente de Todos, la propaganda política quedó delegada en los funcionarios del Gobierno que, con suerte, ejercerán hiperactivamente el monopolio de la comunicación electoral hasta fin de octubre en una carrera contrarreloj para tratar de revertir los resultados en las legislativas del 14 de noviembre.

A diferencia de la oposición, el oficialismo cuenta con la ventaja del uso de la lapicera y la chequera. Pero, a juzgar por lo visto y oído desde los tumultuosos cambios en el gabinete nacional –con renuncias testimoniales y reaparición de algunas figuras cuestionables–, sus mensajes son una mezcla de cosmética, oportunismo, demagogia y falacias que acentúan la desconfianza. Justo cuando el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Di Tella acaba de mostrar en septiembre el nivel más bajo de la gestión de Alberto Fernández, con una caída de 32% respecto de enero de 2020.

El anuncio de que no será obligatorio el uso del barbijo al aire libre fue presentado casi como el fin de la pandemia, mientras sigue sin conocerse el destino de los 4,5 millones de dosis de vacunas no aplicadas y obliga a cruzar los dedos para que no ingrese al país la contagiosa variante delta. Aun así, desplazó de la atención pública a una decisión más relevante como la próxima reapertura total de las actividades industriales, comerciales, culturales y progresiva para el turismo externo, que permitirá recuperar empleos en los rubros con ingresos más afectados a lo largo del último año y medio. Incluso en el fútbol, con 50% de aforo, dos días antes del clásico River- Boca.

Esta batería efectista de buenas noticias complementa la entrada en vigencia de medidas para “poner más plata en los bolsillos” ya anunciadas antes de las PASO (suba a $175.000 del piso de Ganancias para asalariados; bonos para jubilados y AUH, extensión del Repro II), más la demorada desgravación impositiva para inversiones en pesos. Y ahora sigue agregando otras, a la manera de un delivery más focalizado en determinados segmentos socioeconómicos. Entre ellos, la extensión de la moratoria impositiva para micropymes y pequeños contribuyentes con deudas de hasta $ 100.000 a fin de agosto; la amnistía fiscal para entidades sin fines de lucro y la jubilación anticipada a partir de los 55 y 60 años para desempleados con 30 años de aportes. No se descarta incluso una reedición más selectiva del IFE, con otra denominación.

Presión kirchnerista

Por lo pronto, en el proyecto de presupuesto para 2022 el ministro Martín Guzmán reformuló la proyección de déficit primario (sin intereses de la deuda) para este año y, bajo presión del ala kirchnerista del FdT, lo elevó al 4% del PBI. Según el Iaraf, que dirige Nadin Argañaraz, este cambio supone un incremento de 3 puntos porcentuales para lo que resta de 2021, con lo cual el gasto primario pasaría de una caída real de 8% en los primeros siete meses a una suba de 10% real hasta diciembre. Los principales aumentos serían en gastos de personal (29%); bienes y servicios (96%) y obras públicas (224%). Esto explica por qué Guzmán sostuvo que la política fiscal es expansiva, al replicar la carta de CFK que cuestionaba el ajuste. También dijo que redujo el déficit fiscal, aunque esto sólo es válido si se compara con el de 2020 (6,4% del PBI), abultado por los gastos Covid. Aun así, admitió que gran parte de la emisión monetaria de este año pone presión sobre el dólar, que a su vez impacta en la inflación.

Para 2022 no hay perspectivas de menor presión tributaria, ya que el proyecto prorroga por dos años la facultad del Poder Ejecutivo para fijar retenciones a las exportaciones y la vigencia del impuesto a los bienes personales. Y con una reducción de subsidios basada en la incierta segmentación de tarifas de luz y gas, el déficit primario para el año próximo fue calculado a 3,3% del PBI.

Este número será la base para negociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional después de las elecciones de noviembre, que esta semana el Gobierno introdujo en la campaña con un doble discurso.

Por un lado, Alberto Fernández denunció un “deudicidio” en su discurso virtual ante la ONU, al referirse al crédito stand by otorgado por el FMI a pedido del gobierno de Mauricio Macri. El kirchnerismo siempre necesita un enemigo y en este caso apuntó a dos. Habló para la tribuna. Por otro, Guzmán dijo por una radio “amiga” (AM 750) que el pago de casi US$ 1900 millones con los DEG que el propio organismo le asignó al país, fue una “muestra de responsabilidad, aunque no nos guste”. Habló para los mercados, aunque no impidió que la brecha cambiaria se ampliara a 77/88% y el riesgo país superara el techo de 1600 puntos.

Sin embargo, el Gobierno sabe que necesita sí o sí un acuerdo con el Fondo. No sólo porque las reservas líquidas del Banco Central pasarían a ser negativas entre fin de año y comienzos de 2022, con lo cual se restringirían aún más las importaciones de insumos industriales, sino porque tiene por delante 25 meses de mandato. Un default dejaría a la Argentina fuera del financiamiento de los organismos internacionales (BM, BID, Club de París), sin cartas de crédito para exportaciones e importaciones y a la economía bajo un fuerte estrés hasta fin de 2023.

A cambio de cierta flexibilidad para reducir el déficit fiscal y sin incluir reformas estructurales, el Fondo exigiría una política monetaria y cambiaria consistente, con metas de acumulación de reservas, gradual desarme de controles cambiarios y de la deuda del BCRA (Leliq y pases), cuyo stock ya asciende a 4 billones de pesos e implica emisión diferida. Un mínimo ordenamiento macroeconómico requeriría además un tipo de cambio más competitivo y recomposición de tarifas energéticas para reducir los subsidios.

Pero el FMI pide además un programa económico avalado por el oficialismo y la oposición en el Congreso, que también debería aprobar el acuerdo según lo dispone la ley promovida con cierta picardía por Guzmán y sancionada meses atrás.

Esto agrega otras complicaciones, ya que hasta el 10 de diciembre no asumirán los nuevos diputados y senadores electos. Y si la oposición repite en noviembre el resultado de las PASO, accederá como primera minoría a la presidencia de la cámara baja. En este escenario, es previsible que pida intervenir en la negociación del acuerdo a 10 años que, con años de gracia, trasladaría el ajuste fiscal al período 2023/2027 y su costo político a un eventual gobierno opositor.

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