El argumento oficial es que se trata de operaciones “opacas” que facilitan la elusión o la evasión fiscal, y hasta pueden favorecer el lavado de dinero, lo que conspira contra las recomendaciones internacionales al respecto.

La norma apunta, básicamente, a controlar mejor los volúmenes que se operen con dólar MEP y CCL para que el esquema general de restricciones no tenga fisuras.

“Básicamente exige que las operaciones contra D [dólar] y C [pesos] sean liquidadas contra la cuenta bancaria del cliente, de manera de poner un escollo adicional en el camino para arbitrar monedas con activos al tener que superar los controles del BCRA y la AFIP”, explicó un informe de la consultora Delphos Investment.

Todo apunta a disminuir más el volumen de operaciones con dólar cable o CCL para que el BCRA no gaste tantos dólares para mantener su cotización bajo control. La consultora GRA, que dirige Gabriel Rubinstein, calculó recientemente que en la compraventa de bonos que realizó el Central en los últimos 10 meses con este objetivo ya había sacrificado unos US$2000 millones de las reservas.

Este “gasto” es uno de los factores que explica -junto a los pagos de deuda a organismos y bonistas y las importaciones de energía y vacunas- que el récord de US$7300 millones que acumula en lo que va del año por sus intervenciones de compra en el mercado (que pasaron a ser escasas en lo que va de agosto) sólo haya redundado en una mejora menor a los US$2300 millones en su posición de reservas netas o propias. Esta llegaba a los US$7102 millones (US$3501 millones líquidos y US$3602 millones en barras de oro) a fines de la semana pasada, según estimaciones del Grupo Estudios de la Realidad Económica y Social (Geres).

Es decir: de cada 10 dólares adquiridos a exportadores sólo 3,1 quedaron en la reservas.

La evolución que muestran las reservas netas (que venían de tocar un pico de US$8500 millones antes de los pagos a organismos y acumulan ya una baja de casi US$1400 millones en apenas un mes) confirma las proyecciones que hacían algunos economistas sobre un BCRA que volvería a quedarse sin dólares, si nada hace cambiar esta dinámica, hacia fin del presente año. Y con un cronograma electoral que, al desplazarse, postergó las definiciones para luego de la votación de noviembre, nada hace prever que el panorama se modifique antes que los argentinos pasemos por las urnas.

“Los US$12.000 millones que vinieron del cielo generados por los DEG y el salto en el precio de la soja se irán casi en su totalidad a financiar la elección. Otra vez el costo de seguir procrastinando, en un contexto donde la política opera como si el tiempo no tuviera un costo asociado”, había profetizado hace más de dos meses la economista Marina Dal Poggetto, directora de la consultora EcoGo, en un informe en base a estimaciones sobre ingresos y compromisos de pago que enfrenta el país.

La medida comunicada anoche por la entidad que preside Miguel Pesce no apunta a cambiar ese horizonte, sino apenas a extenderlo sólo un “poquito”.

Pero, al dejar a la vista la fragilidad de la situación macroeconómica en momentos en que se hace visible que el mercado cambiario comienza a dejar atrás su mejor momento estacional, puede volverse un boomerang por el impacto que tendrá sobre el dólar blue y las expectativas, acelerando una demanda de coberturas que ya se había hecho notar.

De ser así, el remedio aplicado sólo convocará a la enfermedad y puede acelerar la salida de capitales en momentos en que los propios datos públicos estiman que los argentinos ya tienen atesorados fuera del sistema o depositados fuera del país más de US$251.000 millones, es decir, 6,1 veces las posición de reservas brutas de US$41.900 millones que declara el BCRA.