Este jueves se conocieron los detalles de la carta de intención y del acuerdo complementario que el pasado 26 de julio firmaron el gobernador Rodolfo Suarez y las máximas autoridades de YPF: Pablo González (Presidente) y Sergio Affronti (CEO).

El decreto 1.117 del Ministerio de Economía y Energía, publicado este jueves en el Boletín Oficial, especifica los puntos del pacto entre el gobierno provincial y la petrolera, que se comprometió a invertir 513 millones de dólares en Mendoza. Pero para efectuar ese desembolso puso algunas condiciones que fueron aceptadas por Suarez.

El acuerdo establece las condiciones para la ejecución por parte de YPF «de inversiones en explotación de hidrocarburos, adicionales a las que ya tiene comprometidas en el marco de las concesiones vigentes», asegura el decreto en sus considerandos.

En este sentido, la petrolera ya se había comprometido a invertir 103 millones de dólares en la refinería de Luján de Cuyo y 907 millones de pesos para la reactivación o cierre de cinco pozos, en el marco del programa Mendoza Activa Hidrocarburos. Pero ambas promesas no forman parte del nuevo acuerdo, que tiene seis cláusulas.

La primera se vincula con un proyecto de recuperación terciaria en las áreas Chachahuén Sur y Cerro Morado Este. YPF acordó una inversión de 71 millones de dólares, a ejecutar entre 2021 y 2022. A cambio, la Provincia accedió a rebajar a la mitad las regalías que debe abonar la petrolera (actualmente es del 18% y pasará a 9%).

«En el caso de Cerro Morado Este, la reducción de regalías para producción obtenida por recuperación terciaria se aplicará luego de la aprobación del plan de desarrollo del bloque», señala el convenio. Y agrega que en caso de lograr la viabilidad técnica / económica, en el primer semestre de 2023 se podría avanzar en la perforación de 300 pozos, con una inversión potencial de 400 millones de dólares.

La segunda cláusula hace referencia al fracking y a una prueba piloto en Malargüe. En concreto, apunta a que «YPF se compromete a iniciar la operación de perforación en el tercer cuatrimestre del año 2022» de dos pozos en el límite de las áreas CN-VII A y Paso de las Bardas Norte «con el objetivo de explorar la formación Vaca Muerta y comprobar su potencial técnico y económico». La inversión proyectada es de 17 millones de dólares.

Otra ítem del acuerdo destaca el pedido de YPF para extender por diez años el plazo de las concesiones de las áreas Chihuído de la Salina, Chihuído de la Salina Sur y Paso de las Bardas Norte. La petrolera solicitó que se mantenga el nivel de regalías (12%) y la eximición del pago del bono de prórroga.

En este punto, la Provincia se comprometió a «agilizar los procedimientos administrativos en trámite a fin de aprobar el otorgamiento de la prórroga del plazo de las concesiones en trato, en las condiciones solicitadas por YPF».

A cambio la empresa comprometió una inversión total de 25 millones de dólares». Pero dentro de ese monto «se encuentra la inversión indicada en el punto segundo: pozos NOC para el área Paso de las Bardas Norte».

Por otra parte, la empresa devolverá al Estado dos áreas (Loma de la Mina y Puesto Molina Norte) que no representan «un interés actual ni en el mediano plazo».

La cuarta cláusula establece el mecanismo de «solución de diferencias» existentes entre Mendoza e YPF. En tal sentido, si la compañía cumple con su plan de inversión, se suspenderán «reclamos, recursos y acciones».

Las deudas con la Provincia también formaron parte de la negociación. Es que de acuerdo con datos de la Dirección de Regalías, YPF y sus socios tenían que pagar 605 millones de pesos y 7,2 millones de dólares por diferencias en la liquidación de regalías por la ejecución del “Programa de Estímulo en la Inyección Excedente de Gas Natural”. Mientras en concepto de Aporte al Fondo Escolar por la actividad de explotación, la deuda superaba los 15,6 millones de dólares por las áreas Chachahuen Sur y Cerro Morado.

En ambos casos, la Provincia renunció a cobrar esas deudas. En tanto, la petrolera se comprometió a desistir de una acción judicial iniciada ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia.

El punto quinto de la carta de intención aclara que los compromisos son «recíprocos» y que si alguna de las partes no cumple, libera a la otra de hacerlo. Lo que no se menciona es cómo y quién se encargará del control del cumplimiento del acuerdo.

Finalmente, la sexta cláusula define que en caso de alguna controversia que no se pueda solucionar mediante una negociación o conciliación, será resuelta en los tribunales provinciales.