En mayo de 2020, Rossi había convocado a los exministros Nilda Garré y José Horacio Jaunarena a integrar una comisión para actualizar la ley del personal militar, que rige desde hace 50 años, y la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas, que en 1998 fijó las bases políticas, orgánicas y funcionales del actual esquema castrense.

“Hace una semana le envié a Rossi mi renuncia y di por terminada mi participación, porque el Ministerio de Defensa dejó de convocar a las reuniones de la comisión en octubre pasado. No se pudo avanzar en los consensos que se buscaban para las reformas”, reveló Jaunarena, ante una consulta de LA NACION.

Hasta octubre pasado, en medio de la pandemia, se habían reunido periódicamente en la cartera de Defensa los exministros y sus equipos técnicos con diputados y senadores de las comisiones del área de ambas cámaras y representantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con una participación más activa del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Rossi constituyó la comisión para evaluar la actualización de la ley 19.101, que regula la administración del personal militar y fue sancionada por un gobierno de facto en 1971. Por otra parte, fijó el objetivo de modernizar la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas que fue impulsada por Jaunarena cuando era diputado nacional y fue sancionada en 1998, aunque no llegó a reglamentarse.

Según pudo saber este diario, en la nota enviada a Rossi, el exministro radical se habría quejado por el abandono de los trabajos y habría dejado asentadas sus propuestas y opiniones, surgidas de las presentaciones que hicieron sus equipos técnicos.

Debates inconclusos

Jaunarena, que acompañó al presidente Raúl Alfonsín en la crisis de los carapintadas, en la Semana Santa de 1987, había participado en la comisión con sus equipos de la Fundación SEND (Seguridad en Democracia) y, entre otras recomendaciones, propuso “garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad” en los regímenes de ascensos y promociones del personal militar, según un documento al que accedió LA NACION.

“El Ministerio de Defensa u otra autoridad política será prescindente de este proceso de evaluación, que es de naturaleza técnico-profesional. Solo así serán garantizados los principios de neutralidad e imparcialidad política de los cuadros de las Fuerzas Armadas”, señala un párrafo de la propuesta.

En la comisión estuvo presente el equipo de Garré, en cuya gestión en el ministerio, entre 2005 y 2010, se aplicaron criterios polémicos en los ascensos y promociones militares, como las postergaciones y retiros por “portación de apellido”, que luego la Justicia declaró inválidas.

En las reuniones se abordaron, entre otros temas, los conceptos de “intangibilidad del salario” del personal militar. En ese sentido, el exministro radical propuso formalizar un “enganche” con los sueldos del Servicio Exterior de la Nación, para evitar discrecionalidades en la determinación de los haberes y preservar “principios de neutralidad e imparcialidad política”.

El debate incluyó, además, la posibilidad de poner en marcha una instancia militar específica en el régimen de la Justicia Militar en lo Penal, y crear un fuero particular con competencia en lo militar en la Justicia Federal, entre otros temas que quedaron sin debatir.

Otra cuestión sensible pendiente fue la revisión del decreto que creó y reguló el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), que funciona actualmente en medio de una crisis profunda, marcada por una abultada deuda.