Durante los días en los que el kirchnerismo más cerril socavó las gestiones de Martín Guzmán para dilatar con cálculo electoral una actualización de las tarifas de los servicios públicos, una comitiva de la CGT intercedió en la pelea y fijó su postura ante Alberto Fernández. No hubo grises: los gremios más representativos apoyaron al ministro de Economía, a quien hace poco más de un mes observaban con desconfianza por aferrarse a una planilla de Excel y su poca sensibilidad social.

A veces sin proponérselo, los sindicalistas caen en alineamientos políticos que les podrían jugar en contra. El descongelamiento de las tarifas, como impulsaría Guzmán, dispararía aún más la inflación y sentenciaría la viabilidad del acuerdo de precios y salarios, que ya nació muerto. “No hay destino posible con esta inflación”, le planteó preocupado un dirigente sindical al Presidente, la semana pasada, en uno de los quinchos de Olivos. Antes sus comensales, Fernández condicionó la estabilidad económica a la suerte de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. Fue antes de su gira por Europa.

Aquel jueves de la semana pasada, el Presidente estaba con la cabeza en su viaje, aunque seguía enredado en la pelea interna por el frustrado desplazamiento del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. “Tenés que usar el poder, sos el Presidente”, le tocó la fibra el mercantil Armando Cavalieri, tal como reveló Carlos Galván en Clarín. Fernández salió del apuro con el anuncio del reemplazante de Eugenio Zanarini en la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo que administra los fondos de las obras sociales. Designó al médico Daniel Alejandro López, exsocio de Ginés González García en la bodega Tierra Mayor y con pasado en Osecac, la prestadora de los mercantiles. Para los gremios fue un triunfo con sabor a poco: no ungieron a su candidato, David Aruachán, que conserva al menos su cargo como gerente, aunque evitaron que el kirchnerismo recupere el manejo de una caja millonaria. “Más allá del nombre, el Gobierno tomó nota de que fuimos a pedir el dinero que nos deben”, desafió un dirigente alertado por el déficit del sistema solidario de salud.

Habían pasado unos minutos de la sutil intervención de Cavalieri cuando el Presidente volvió a hurgar en las internas oficialistas. “Hay sectores de nuestra coalición que seguro no quieren que esté reunido con ustedes. Quieren que esté con otros dirigentes, pero yo respeto a la CGT”, endulzó a la tropa cegetista con la que había comido asado. Esta vez el legendario jefe mercantil prefirió callar y guardarse un planteo que lo perturba: teme que el acuerdo entre Hugo Moyano y Francisco De Narváez por los empleados de Walmart espante futuras inversiones, sobre todo en el rubro supermercados. Así como durante el macrismo cortejó a los dueños de Carrefour hasta Olivos para avanzar con un Procedimiento Preventivo de Crisis, Cavalieri estaría ahora dispuesto a unirse con los empresarios del sector para exigir al Gobierno reglas laborales claras. Su pelea con Moyano ya es hasta filosófica.

La batalla inconclusa por los precios despidió a la CGT de la quinta presidencial con la sensación de que otra vez las paritarias quedarán por debajo de la inflación. La pérdida del poder adquisitivo del salario tiene por lo menos cuatro años de arrastre. Aquellos gremios que pactaron subas en línea con la pauta inflacionaria del 29% ya advirtieron que ejecutarán sus cláusulas de revisión. Los camioneros de Moyano abren los próximos días su negociación y exigirían un 40% anual.

Tal vez el único ganador en este contexto sea el sindicato de los aceiteros, que sustenta desde años su pedido de aumento en base a la canasta de rubros que conforman el Salario Mínimo Vital y Móvil que establece la Constitución en su artículo 14 bis. A marzo de 2021, la Encuesta Nacional de Gasto de Consumo de Hogares desarrollada por el Indec, que es el registro que toman los aceiteros, determinaba que se precisaban por entonces de $113.392 de ingreso bruto para cubrir esa canasta de necesidades, valor equivalente a una percepción de bolsillo de $91.847. En marzo ningún sueldo básico alcanzaba ese umbral. Ni siquiera el del convenio bancario, que encadenó temporadas de bonanzas con paritarias récord.

Daniel Yofra es el jefe del gremio aceitero. Tiene 53 años e interviene poco en el ajedrez sindical de la CGT. Es opositor a “los Gordos”, aunque tampoco es moyanista. En rechazo a la gestión del expresidente Macri regresó activamente a la central obrera en 2016 de la mano del portuario Juan Carlos Schmid, por entonces uno de los integrantes del triunvirato de mando. Schmid, un viejo ladero de Moyano, sería ahora desbancado por el jefe camionero de la Confederación de Trabajadores del Transporte para ubicar allí al ferroviario Sergio Sasia o a su hijo Pablo Moyano. Sin demasiado margen para resistir, Schmid se aferra a la federación de gremios marítimos y portuarios, y avanza en una alianza estratégica con los aceiteros de Yofra en el polo agroexportador del gran Rosario. Aspiran a ser los referentes sindicales de la Hidrovía Paraguay-Paraná, la boca de salida del 80% de las exportaciones del país y, sobre todo, de la soja.

Piqueteros, en alerta

La contracara de los récords que rompe la soja, clave para vigorizar el músculo productivo del país, es lo que está sucediendo en la relación entre el Gobierno y los movimientos sociales. Estalló el vínculo ante el desacuerdo de los piqueteros aliados de inyectar más dinero en la Tarjeta Alimentar en lugar de promover empleo genuino. Alzaron la voz Juan Grabois y Esteban Castro, dos de los referentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el gremio de los empleados informales que amenaza con superar en inscripciones al Sindicato de Comercio, el más numeroso del sector privado. Comparaciones inquietantes que reflejan el crecimiento de la informalidad laboral.

Los niveles de inflación dificultan la gestión de la pobreza y el vínculo se agrietó hasta con los piqueteros aliados. Daniel Arroyo tuvo que acceder de urgencia el miércoles a la noche a una reunión con los movimientos sociales que no comulgan con el oficialismo. Guiado por la tensión, el encuentro finalizó casi a la medianoche. El ministro de Desarrollo Social se comprometió a incorporar a 50.000 personas de unas 37 organizaciones al padrón de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que distribuye $10.800 mensuales (el mes próximo se eleva a $12.000), según contaron fuentes que participaron de la negociación. La tregua durará hasta el 5 de junio, que sería la fecha de pago.

Los piqueteros duros plantearon dos temas adicionales. El primero fue la postergada vacunación de los referentes de los comedores populares. Emilio Pérsico, en su doble rol de funcionario y dirigente social, dijo con algo de ironía: “Es posible que Larreta nos gane de mano”. Sucede que el plan de vacunación le corresponde a cada provincia y la puesta en marcha depende de la entrega de los padrones por parte de los comedores. La Ciudad de Buenos Aires anunció ayer que destinará dosis para 470 comedores comunitarios.

El otro tema surgió a partir de los coletazos por la ampliación de la Tarjeta Alimentar. En la reunión con los piqueteros opositores, Arroyo tuvo un fuerte contrapunto con Pablo Pais, un coordinador de su ministerio que responde al PJ bonaerense. “La tarjeta no reemplaza a los comedores populares”, lo contradijo el ministro, y le volvió a ceder la palabra a los dirigentes sociales. Hubo cuestionamientos por los productos de la canasta de alimentos. “Un 40 por ciento es polenta”, argumentaron con tono de queja. Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, puso el dedo en la hoguera. “No es verdad que se le esté dando de comer a 11 millones de personas”, dijo antes de sellar la tregua hasta junio. Apuntó a Guzmán, al FMI y habló de “ajuste”. La retórica de la izquierda trotskista. Lo curioso es que nadie en la sala salió en defensa del ministro de Economía. Ni siquiera los representantes del Gobierno.