Un decena camiones de ambas fuerzas están en el lugar por orden del secretario de Seguridad Sergio Berni. Sucede en medio de las internas entre el gobierno provincial y el municipio de Río Gallegos, manejado por el kirchnerismo.
Pobladores frente a miembros del Ejército y Gendarmería por la toma de terrenos en Santa Cruz. (Francisco Muñoz/OPI Santa Cruz)
Incrementando el enfrentamiento con el Gobierno de Daniel Peralta, y el intendente de Río Gallegos, Raúl Cantín responsabilizó de forma absoluta al Ejecutivo provincial, calificando la situación de “electoralista”. “Si le tengo que poner un nombre a esto se denomina elecciones del 27 de octubre. Creo que el Gobierno provincial piensa que de esta manera va a captar votos. Están preocupadísimos porque evidentemente los números no le deben dar”, remarcó el Jefe Comunal.
En las tierras de la Armada llegaron a usurpar cerca de 500 personas informaron, pero varios comenzaron a retirarse ante la llegada del personal de Gendarmería. Se contabilizaron una totalidad de 3.000 terrenos usurpados en los últimos días y las autoridades continúan con los relevamientos.
El jefe del Departamento Judiciales, Alexis Churin, explicó que se solicitó la intervención de la Justicia Federal sobre las tierras del ámbito nacional. También se realizaron denuncias “para que pueda recurrir al lugar personal de las Fuerzas Nacionales, e intente mantener la calma evitando hechos de violencia”, detalló.
El intendente kirchnerista apuntó al gobernador Daniel Peralta y sostuvo que las masivas usurpaciones responden a la “necesidad por ganar votos” y lamentó que “se especule con la necesidad”. Peralta sostuvo que las usurpaciones eran consecuencia de la falta de planificación urbana del municipio y calificó a Río Gallegos como “la capital nacional de las usurpaciones”.
En cuanto a las tierras ubicadas a unos 10 kilómetros del centro urbano, el Municipio solicitó la intervención de la justicia ordinaria penal, requiriendo la presencia de la policía provincial “para garantizar la seguridad; además de la solicitud de prohibición del ingreso de gente al lugar sin ninguna autorización. Esto para evitar que se siga ocupando el espacio”, explicó el asesor letrado.
A las acciones judiciales se suma la presentación ante el Juzgado Civil “para peticionar el interdicto de recobrar el inmueble que comprende la Manzana 4331, parcelas 3, 4 y 5, del barrio Bicentenario”.
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