Apenas aterrizó de regreso de Washington, Martín Guzmán se reunió con Alberto Fernández en Olivos y después visitó en la trasnoche del sábado a Máximo Kirchner y Sergio Massa en la Cámara de Diputados, donde se debatía el proyecto de Ganancias. El funcionario transmitió un concepto central: en el FMI hay comprensión para postergar un acuerdo para después de las elecciones. Pero también encontró en sus diálogos inquietud por las fluctuaciones de los mensajes que emite la Argentina. Todavía resonaba el discurso de Cristina Kirchner en Las Flores. En Economía aseguran que al ministro no lo sorprendió. Todavía recuerda cuando el año pasado en plena misión del Fondo en Buenos Aires el bloque de senadores oficialistas difundió una carta para reclamarle al organismo una investigación del préstamo otorgado a Mauricio Macri. Guzmán ya aprendió que la oportunidad es un don que la vicepresidenta solo se reserva para sus objetivos.

Máximo le anticipó que impulsaría un pacto con la oposición para que el FMI contemple la posibilidad de un acuerdo a 20 años con un argumento central: como un convenio de facilidades extendidas implicaría empezar a devolver los créditos a mediados de 2025, se superpondría con el reinicio del pago a los bonistas privados, abultando en exceso la cuenta. El análisis original partió del Instituto Patria, después lo amplificó Cristina y ahora lo ejecuta Máximo, que construye su capital simbólico con propuestas de este tipo o el impuesto a la riqueza. Guzmán sabe que es inviable cambiarle los papeles al Fondo, pero demostrará cuánto aprendió de política en este último año y no se opondrá. Los “presidenciables” de la oposición esperan el llamado del diputado con poco entusiasmo. No avalarán un texto que diga que la culpa de todo la tiene Macri. Tampoco se pueden desentender del problema.

El segundo encuentro clave fue el martes en la Casa Rosada. Massa, Máximo y Wado de Pedro venían juntos de almorzar en Olivos con Alberto Fernández y Santiago Cafiero, en el regreso de esa mesa tras varias semanas sin compartir comidas. Allí le habían planteado al Presidente un panorama despejado para consensuar con la oposición una postergación de las PASO. El trío Wado-Máximo-Massa cobró una dinámica política más intensa, que contrasta con el desgaste de otros actores del oficialismo. Es quizás el dato más sugestivo que dejó la semana.

Wado dijo que el cronograma permitiría correr un mes la fecha, una opción digerible para la oposición. Máximo planteó que había que generar indicadores objetivos sobre la situación sanitaria para resolverlo. Quedaron en avanzar en el Congreso la semana próxima. Sin embargo, al terminar el encuentro, con operaciones cruzadas se instaló que hubo un acuerdo para postergar las PASO y el clima se enrareció. “Seguimos cometiendo errores. Salimos torpemente a instalar un acuerdo que no había. Como gobierno seguimos teniendo dificultades para establecer ámbitos y modos más inteligentes para resolver problemas”, admitió uno de los testigos de la charla, que reconoció que el trío político salió golpeado.

En la oposición también reinó la confusión. “Hizo ruido dentro de Juntos por el Cambio porque nadie sospechaba que ahí se iba a definir algo. Lo instalaron ellos, pero alguno de los nuestros hizo comentarios inoportunos”, explicó un radical experimentado, que en la media hora posterior al encuentro cruzó llamadas con Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo y Humberto Schiavoni en plena agitación. La cuña peronista se les había filtrado.

En el Gobierno asumen que la postergación de las PASO es casi un hecho, y que la oposición acompañará. La mayor novedad es que ya no descartan de plano la posibilidad de una suspensión en el caso de que los contagios escalen demasiado, una opción que La Cámpora no termina de asimilar del todo. Esta alternativa sería demoledora para la oposición.

Otra vez en el ojo del huracán

El tercer ámbito de acercamiento surgió de las charlas entre Alberto Fernández y la ministra Carla Vizzotti a partir del crecimiento geométrico de los contagios por Covid-19. En una semana los casos prácticamente se duplicaron, en una dinámica que no había tenido el año pasado, cuando la curva se había escalonado a lo largo de los meses. La semana anterior, el Gobierno tardó diez días en cerrar las fronteras externas, una demora que algunos de los propios funcionarios calificaron de “inexplicable”. Ahora se resolvió avanzar más rápido en la regeneración de las conversaciones con la ciudad de Buenos Aires porque el AMBA volvió a ser el epicentro y Kicillof expuso abiertamente su preocupación por una “explosión” en el conurbano.

Julio Vitobello tomó un café con Diego Santilli para retomar el diálogo interrumpido desde la última vez que Fernández habló con Larreta, en la víspera de Año Nuevo. Hubo amabilidad, pero también condiciones. No se haría a mitad de semana como pretendía el oficialismo y no sería una reunión tripartita con la provincia, sino un mano a mano con el Presidente. Antes de que la reunión se transformara en charla telefónica por el test positivo del Presidente, Larreta ya tenía preparados números y gráficos para sostener la idea de que por ahora no se requieren nuevas restricciones en la Capital, ya que la ocupación de camas de terapia intensiva oscila en el 30 %. Ayer la conversación entre los mandatarios fue más breve y más fría.

En la Casa Rosada anticipan que después de Semana Santa será inevitable al menos un refuerzo de los controles. Aseguran que esta vez no van afectar las clases y que buscarán evitar por todos los medios una cuarentena dura que impacte en la economía. Ven que esta vez los contagios se propagan con mayor virulencia, pero con menos mortalidad. Como señala la infectóloga Elena Obieta, con una parte de los adultos mayores vacunados, “el 50% de los contagios afecta ahora a las personas de entre 20 y 50 años, que siguen circulando y que se relajaron en los cuidados”.

En el análisis oficial hay una lección aprendida del año pasado pero también la certeza de que hoy la sociedad no acataría mansamente un encierro. El tema fue analizado en un documento del Fondo Monetario Internacional, elaborado por los economistas Tahsin Saadi Sedik y Rui Xu, que con base en las últimas experiencias mundiales advierte sobre una relación entre las pandemias y un mayor nivel de agitación social.

Otro estudio aún en elaboración de un importante organismo regional americano, que llegó a manos de un sector del oficialismo, agrega un dato más profundo aún: las mismas sociedades que fueron indulgentes con los gobiernos cuando estalló el Covid-19 están menos dispuestas a tolerar falencias con el plan de vacunación. La explicación sería que mientras el proceso inicial fue imprevisible y, en consecuencia, fuera del alcance de las políticas oficiales, la solución de las vacunas es una responsabilidad directa de las administraciones nacionales. La reciente crisis de gabinete en Brasil, donde el canciller Ernesto Araujo debió dejar su cargo acusado de entorpecer la compra de vacunas de China y Estados Unidos, parece refrendar la hipótesis. Un proceso similar sufrió el Gobierno con el episodio del vacunatorio vip y la salida de Ginés González García. El nivel de tolerancia social no es el mismo al del año pasado. Y el contagio de Alberto Fernández agrega incertidumbre porque reinstala las dudas sobre la eficacia de la solución. Aunque se trate de una excepción, impacta más que los casos aislados de vacunados contagiados que se conocían hasta ahora.

Cumbre de JxC

La oposición analizará las inorgánicas convocatorias del oficialismo en una reunión cumbre que hará pasado mañana. Por primera vez en un año se encontrarán en forma presencial los líderes de Juntos por el Cambio, los jefes de bloque legislativos y los gobernadores radicales. La mesa nacional del espacio buscará articular una respuesta conjunta y elaborar un plan de acción de cara a las elecciones. El escenario de las legislativas no emerge sencillo para ellos. Según un sondeo nacional de Poliarquía, si las elecciones fueran hoy, el oficialismo estaría perdiendo un solo senador y en Diputados estaría quedando a solo cuatro votos del quorum propio.

En el campamento opositor sobrevuela un ánimo menos cooperativo con el oficialismo del que imperó en algunos pasajes del 2020. Los más duros sumaron argumentos a partir de las ofensivas del Gobierno. La quita de la coparticipación a la ciudad y la denuncia a Macri por el acuerdo con el FMI dejan poco margen a los que proponen no romper todos los puentes. El nuevo ministro Martín Soria también está haciendo una rápida contribución al deterioro. El endurecimiento del Frente de Todos galvaniza a la oposición, pese a todos sus problemas internos irresueltos.

Mientras tanto, en el oficialismo preparan una convocatoria para el miércoles en el Congreso, encabezada por Wado de Pedro, con el fin de hablar de las PASO. Massa se entusiasma con una agenda más amplia y dice entre los suyos: “Tenemos que ponernos de acuerdo en cuatro o cinco temas básicos. La cuestión sanitaria y la deuda están en emergencia”. Esta semana será clave para saber si en el Congreso el oficialismo logra reconstituir parte de la confianza que la oposición perdió por las oscilaciones de Alberto Fernández y las tempestades discursivas de Cristina Kirchner. Una sensación de extrema precariedad rodea todos los movimientos.

La segunda ola de pobreza

El Gobierno aparece otra vez atravesado por encrucijadas muy complejas. El Covid-19, el acuerdo con el FMI y la marcha de la economía y las elecciones son las que más preocupan y por eso la reacción de ir hacia la oposición con declamado espíritu cooperativo. Pero debajo de la superficie siguen latiendo señales de un deterioro estructural irreversible. La cifra de 42% de pobreza que se dio a conocer esta semana no solo ratifica el impacto de la pandemia, sino que termina de cristalizar la existencia de una nueva generación de desclasados, para quienes el Estado todavía no tiene respuesta. Si la crisis de 2001-2002 había sido determinante para condenar a un tercio de la población a la marginalidad, la última década de estancamiento económico más la parálisis de la cuarentena consolidó el declive de una clase media baja desamparada que perdió sus trabajos informales y no logra recuperarse. El año pasado el paliativo había sido el IFE. Ahora las arcas públicas están más exiguas.

El problema es de tal gravedad que es debatido desde hace un tiempo dentro del propio Gobierno, e incluso en los movimientos sociales oficialistas, donde admiten que no hay más margen para ampliar los planes de ayuda. Pero al mismo tiempo reconocen que difícilmente estos grupos vuelvan a reinsertarse en el mercado formal privado, hoy una minoría de poco más del 40% de la masa laboral total. Esta segunda oleada de pobres se siente incómoda con el asistencialismo, pero ha pasado a engrosar las filas de los comedores del conurbano. No pertenece a los gremios, pero tampoco se siente representada por las organizaciones de la economía popular. Se trata de un nuevo sujeto social creciente fuera del radar de la producción privada y todavía inasible para el Estado, que ya no puede incorporarlos como hizo en el pasado reciente (entre 2012 y 2020, el sector público absorbió 300.000 de los 400.000 puestos en blanco que perdió el sector privado). Conforman el mayor desafío a la hora de adoptar medidas contra la pandemia. En el Gobierno aseguran que en los próximos días habrá medidas económicas vinculadas al tema precios y salarios para recuperar una agenda positiva con la mira en las elecciones. Los desafíos ya son de otra magnitud.