La Suprema Corte de Justicia de Mendoza y el Tribunal de Cuentas, cada uno en su ámbito, complicaron la situación del contrato por las máquinas tragamonedas entre el Estado y el privado MCE, Mendoza Central Entretenimiento, por el reparto de las ganancias de lo generado por máquinas tragamonedas aportadas por el segundo en espacios del primero.
La Corte rechazó la posibilidad de homologar el acuerdo por el cual MCE se queda con el 43% de los ingresos. El contrato original establecía ganancias de 47% para MCE.
Los privados acudieron a la Corte cuando el contrato inicial quedó suspendido por decisión del Gobierno, quien pretendía renegociarlo, lo que finalmente hizo al fijar en 43% las ganancias de MCE. Eso se logró, aunque el Ejecutivo y el Instituto del Juego acudieron a la Corte para lograr su homologación y recibir ese respaldo.
Respecto al Tribunal de Cuentas, ratificó multas a los ex funcionarios que firmaron el contrato original, encabezados por el ex titular del Instituto, Daniel Pereyra, colocado en el cargo por el ex gobernador Celso Jaque.
Pereyra, amigo con Daniel Vila (fue el rector de la Universidad de Congreso cuando Vila era uno de sus dueños), recibió una multa de 10.000 pesos por considerarse que no actuó conforme a la ley. Si bien la investigación y su sanción es sólo administrativa, el Tribunal de cuentas afirmó también que el contrato firmado fue sin licitación pública de por medio y podría haber incurrido en otro tipo de faltas.
Los otros multados son demás ex funcionarios del Instituto: Juan Manuel Nasif y Esteban Navarro (10.000 pesos); Ricardo Rodríguez (5.000); Gonzalo Jerez (4.000) y Horacio Miguel y José Javier Martin (2.000).
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