Se firmó el convenio para poner en funcionamiento la Policía Judicial

Ya quedó concretado el pase de la Policía Científica a la Justicia. Se adelantó que en un futuro se hará lo mismo con el personal de Investigación.

Llorente y Pérez firmaron el acuerdo. (Claudio Gutiérrez / Los Andes)

Después de haberlo anunciado hace dos semanas, ayer el Gobierno provincial concretó el traspaso de los 172 efectivos de Policía Científica a la órbita judicial, a partir de la firma de un convenio. Así la gestión de Francisco Pérez festejó con moderación haber sido el Gobierno que en 60 años dio un paso hacia la creación de una figura que existe desde entonces y que por «falta de voluntad política», según reconocen, no se había hecho antes.

Pero el primer paso los obligó a otro que tendrán que dar en un tiempo: el traspaso del personal de investigaciones al Poder Judicial. Según anunciaron, estos agentes pasarán a trabajar en las comisarías y estarán en el lugar del crimen para iniciar allí la pesquisa. Para esto prometieron la presentación de un proyecto de ley, aunque adelantaron que el proceso será más complejo que el de la Policía Judicial ya que requiere mayor capacitación.

La firma del convenio fue el paso práctico que dio el Ejecutivo provincial para poner en funcionamiento la Policía Judicial. Este hecho se sumó al proyecto de ley que se presentó el jueves en la Legislatura para la creación formal de la figura. El traspaso incluyó no sólo al personal sino los costos materiales y salariales, que hasta 2014 serán afrontados presupuestariamente por el Ejecutivo y que a partir de 2015 serán asignados a la partida presupuestaria de la Justicia.

Aunque el traspaso de los recursos parece ser una simple operación, lo cierto es que este tema, junto con uno más general, el económico, es el punto que termina por crear una pequeña divergencia en la unidad que han pretendido mostrar los tres poderes del Estado. Y el que intenta disimular esta diferencia es el Procurador de la Corte, Rodolfo González, quien ahora tiene bajo su control a la Policía Judicial y que en un futuro incluirá también a la de investigaciones.

González, una vez más, estuvo presente ayer junto con el Gobernador, el presidente de la Corte, Pedro Llorente, y el vicegobernador, Carlos Ciurca. Luego de que Pérez dijera que el presupuesto es uno solo, el Procurador interrumpió en un momento el curso de la conferencia de prensa para aclarar este tema que hace a la situación económica de la Corte.

«En el presupuesto 2009 y 2010 la Procuración presentó el pedido de partida para poner en funcionamiento el Código Procesal Penal en la zona del Valle de Uco y la zona Sur. Las partidas fueron asignadas, pero hubo un artículo que se puso al final y estableció que esas partidas se iban a entregar si había mayor recaudación, por lo que no vimos un peso», se atajó el funcionario, quien terminó su relato justificando por qué no habían avanzado desde su órbita: «Siempre pedí presupuesto para la Policía Judicial, pero yo no manejo dinero».

Es por eso que, conociendo el paño y abriendo el paraguas a la enorme responsabilidad que ahora se le delega, el Procurador pidió expresamente que dentro de la partida presupuestaria que se asigne estén contemplados los automotores, el combustible, los insumos, la reparación de esos automotores y el equipamiento. «El manejo del dinero corresponde a los poderes políticos y nosotros iremos haciendo las cosas en la medida que nos vayan dando recursos», previó.

Lo que viene

Una próxima fase que vendrá, dentro de la línea demarcada por el Ejecutivo, será que el personal de Investigaciones también pase a depender del Poder Judicial (actualmente responde al Ejecutivo). Pero este paso no se concretará tan rápido como el último que dieron, ya que no se podrá realizar por un convenio sino que deberá aguardarse la aprobación de una ley.

«Ya tenemos la Policía Científica que ahora es la judicial. Falta la de investigación, que va a trabajar en las comisarías con los fiscales y para esto se está trabajando en un proyecto de ley», senaló Ciurca, y sujetó la concreción de este hecho a la existencia de un marco legal ya que se trata de mayor cantidad de policías.

«Para poder aplicar el código procesal penal con el cuerpo de investigadores, tenemos que plantear cómo se van a capacitar quienes no son policías. El investigador profesional tiene que tener armas, es decir, tiene que tener estado policial y estar armado. Esta ley va a marcar una celeridad y cambio, que se va a reflejar en la justicia», concluyó.

González también remarcó la necesidad de que estos agentes de investigación respondan a una misma cabeza (Poder Judicial), pero también recayó en la necesidad del factor tiempo para la preparación de esta especialidad.