Las crónicas de la tragedia cotidiana muestran, sin atenuantes, que la inseguridad sigue sembrando el terror en la sociedad, que día a día siente que pierde espacio y embarga formas de vida ante los embates de las mafias del delito. Cada vez son más frecuentes las reacciones populares y sus expresiones. Nos debemos de una vez por todas como sociedad, una política de Estado seria con éste flagelo.
La perversidad del brutal asesinato del médico Sebastián Prado una noche de septiembre, abrió una vez el debate y marcó la agenda de cada uno de los poderes del Estado. De varios años a esta parte, el cuadro es el mismo: las mismas angustias, los mismos reclamos, que desnudan falencias parecidas y explicaciones repetidas, para causales conocidas.
Los acuerdos políticos y sociales de 1998, 2002, 2005, 2007, 2008, 2010 –todos empujados por crisis de inseguridad- prometieron poner a la seguridad por encima de las disputas políticas y a resguardo del uso electoral. Sin embargo, desde entonces, cada vez que el crimen sacudió a nuestro vecino, salieron a aprovechar el escenario de angustia tanto los funcionarios de la gestión en turno como los de la oposición política: unos a otros se imputaron yerros o atesoraron logros, renovaron promesas o esgrimieron supuestos planes novedosos. Lo cierto es que no existe la coordinación institucional que articule lo económico, lo social, lo judicial y lo policial, en función de esa Política de Estado de Seguridad que desde hace varios años viene reclamando la sociedad.
En cada crisis, se ha señalado que se vive el absurdo contraste de la marginalidad y el delito, que avanzan descaradamente frente a una sociedad aterrada, como acorralada, que retrocede e intenta recogerse tras sus propias rejas. Mientras, el Estado aparece como superado por sus propias falencias, en muchos casos improvisando, haciendo esfuerzos por adecuarse a esta lucha, pero en desventaja ante la criminalidad.
Desde ya, las políticas de educación, salud, vivienda, trabajo y asistencia social, son sin dudas el núcleo central de la estrategia para combatir la marginalidad. Por un principio elemental de justicia social y de oportunidades y porque las frustraciones que esa marginalidad provoca son –en la mayoría de los casos- origen de la delincuencia, como lo evidencian las estadísticas. Sin embargo, esto implica políticas cuyos resultados demandan resultados en el mediano y largo plazo. Para la ciudadanía –que reconoce en aquellos factores el problema de fondo y admite la necesidad de afrontarlos con tiempo- la agresión sin embargo, la pone en el límite mismo de su existencia.
Cierto es que en 25 años hubo coincidencias en los distintos estratos y sectores políticos para aprobar los recursos necesarios con el objetivo de combatir el flagelo de la inseguridad, pero esos esfuerzos se han comportado dispersos, en muchos casos espasmódicos ante la realidad cotidiana.
Mientras tanto, el delito nos acecha: estudian cómo nos movemos, qué somos, qué hacemos, donde, con quienes. No sólo nos asumimos acorralados, nos sabemos acechados. De día o de noche. En el barrio o en el parque. En medio de la multitud o en una calle solitaria. Tememos el asalto que derrumbará nuestras vidas. O lo que quede de ellas. Por eso, estamos convencidos que resulta imperioso y urgente, darle consistencia a una verdadera Política de Estado en Seguridad.
Fuente: Revista de la Bolsa de Comercio de Mendoza
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