Fernández planteó sin vueltas que cualquier salida involucra a todos los actores del oficialismo. Puso el foco en el Congreso. Eso correría para intentar el camino de una amnistía o para avanzar con una ley sobre un tribunal que revise los casos
El coronavirus cruzó de un año al otro como primer renglón de la agenda presidencial. Pero no es la única cuestión persistente. En medio de las preocupaciones sanitarias -y de manera creciente, políticas y sociales-, Alberto Fernández terminó de redondear su mensaje a la interna frente a los reclamos domésticos sobre las causas judiciales por corrupción. Fue claro: cualquier salida debería involucrar a todos los sectores de la interna, empezando por el propio kirchnerismo duro, que domina buena parte del juego en el Congreso. Y remitió a ese ámbito, el legislativo, la búsqueda de un camino que no fue abierto en la Justicia a pesar de todas las presiones.
La última andanada de reclamos domésticos, abiertos y reservados, fue disparada por la decisión de la Corte Suprema que dejó firme la condena a Amado Boudou. Fue una demanda con un dejo de decepción y mucho malestar a un año de la vuelta al poder. El mensaje más rudimentario apunta precisamente a eso: el paso de los meses sin una masiva reversión de los casos más notorios, empezando por los que involucran a Cristina Kirchner, ex funcionarios de primera línea y algunos empresarios amigos.
El señalamiento al Presidente no aportó propuestas específicas para frenar y desarmar las causas concretamente, pero de hecho representó un cuestionamiento a la posición de Olivos. Alberto Fernández fue aumentando de manera ruidosa su discurso –incluso, a contramano de viejas declaraciones-, y pasó de críticas puntuales a procedimientos -comenzando por el uso de las prisiones preventivas- a una descalificación global de las investigaciones, con el paraguas del lawfare.
El Presidente emitió un mensaje expreso a la interna, con dos puntos centrales. Sostuvo que, en rigor, lo que le estarían reclamando encuadra como amnistía y no como indulto, para beneficiar a todos los procesados. Y destacó que la amnistía es tarea del Congreso y “no depende” de él mismo. Esto último supondría que el propio oficialismo debería empujar un proyecto sin esperar un texto del Ejecutivo.
Desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández, fue creciendo también en Olivos la descalificación global a las causas más inquietantes con el argumento de que eran fruto de una estrategia ejecutada por el macrismo, pero diseñada por poderes económicos y mediáticos, básicamente. Con todo, algunas expresiones del kirchnerismo duro señalaban de entrada que no alcanzaría con la presión política sobre la Justicia, por diferentes razones, entre ellas que el paso del tiempo podría debilitar la potencia inicial. Así aparecieron algunas propuestas para generar por ley una revisión masiva de causas.
En cualquier caso, esas jugadas demandarían un ejercicio práctico y fuerte de todos los referentes del oficialismo. CFK domina el Senado. Diputados exige mayor tejido político, con Sergio Massa en la presidencia de la Cámara y Máximo Kirchner al frente del bloque y cada vez más involucrado en las negociaciones y contactos, no sólo con aliados sino además con la oposición. Llegado el caso, también los gobernadores del PJ deberían asegurar sus piezas en el Congreso.
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