Tras la media sanción del Senado, el proyecto cristinista que modifica el Ministerio Público Fiscal pierde envión en Diputados. El oficialismo de la Cámara baja hoy no tiene los números para avalarlo y si no conquista voluntades, la iniciativa corre el riesgo de quedar freezada, como ocurrió con la reforma judicial.

El Frente de Todos tiene 117 votos propios que, sumados a la aliada del Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag, alcanzaría los 118. Y se asegurarían al menos 4 aliados más. Necesita sumar otros siete para garantizar el quórum y la votación.

Juntos por el Cambio, que ya votó en contra en el Senado, denuncia que la iniciativa “elimina la independencia y autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal, convirtiéndolo en los hechos en una extensión del Poder Ejecutivo”, y que lo que busca es remover al interino, Eduardo Casal, y “poner de rodillas” a los fiscales. Por lo tanto en Diputados, representan 115 votos en contra.

Los dos diputados de izquierda aseguraron a Clarín que no acompañarán. «Nuestra posición siempre ha sido la elección directa por voto popular, lo mismo la revocatoria», aseguró Nicolás del Caño, y aseguró que su postura será de abstención.

La mirada se posa nuevamente en las bancadas federales, que suelen definir. El interbloque Unidad y Equidad Federal, que conduce José Luis Ramón, tiene 6 diputados. El mendocino aseguró a Clarín que “a simple vista” el texto tiene artículos que “huelen a inconstitucionales” e hizo hincapié en la necesidad de que el procurador tenga un fuerte aval de la política “porque es quien lleva adelante la acción pública”.

Sin embargo, reconoció que el tema “será discutido puertas adentro” del interbloque, que buscará una postura unificada. Ramón y el bonaerense Pablo Ansaloni son independientes, pero otros 4 responden a gobernadores.

El rionegrino Luis Di Giácomo está a favor, ya que juega en tándem con el ex gobernador Alberto Weretilneck, quien presentó el proyecto base al que se subió el kirchnerismo en el Senado. Los tres misioneros restantes están alineados al mandatario Oscar Herrera Ahuad, que acompaña al Gobierno nacional en las votaciones.

Pero aunque los seis votaran a favor y los tres diputados de monobloques –Beatriz Avila, Felipe Alvarez y Antonio Carambia– también lo hicieran, todavía faltarían apoyos.

Como contó Clarín, la referente de los temas judiciales del lavagnismo, Graciela Camaño, ya adelantó su rechazo a la iniciativa. Esa postura se extiende a sus dos compañeros de Consenso Federal –Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini– y toma forma dentro del interbloque Federal del que forman parte también dos justicialistas, los dos santafesinos de raíz socialista y los cuatro cordobeses del gobernador Juan Schiaretti.

«Los dos tercios no son un capricho. Obligan al sistema política a llegar a un acuerdo y le dan respaldo a un cargo de tanto poder, más aún de cara al sistema acusatorio al que vamos. Ese respaldo tiene que estar porque va más allá de la duración del cargo. Además flexibiliza los mecanismos de remoción de los fiscales, ¿con qué autonomía van a trabajar?», afirmó a Clarín Luis Contigiani, del Frente Progresista. En esa visión acuerda el socialista Enrique Estevez.

«Este es un tema que requiere consenso amplio porque son cambios a largo plazo. Y no fueron trabajados con anticipación. Por eso puede pasar lo mismo que con la reforma judicial, un proyecto trabajado en soledad en el Senado que se aprueba porque ahí tienen mayoría de sobra pero acá no tiene posibilidad», arriesga otro integrante de ese espacio.

Los cordobeses no se expresaron, pero el bloque de esa provincia de fuerte peso antikirchnerista ya marcó distancia de proyectos oficiales a los que le adjudicaron «arbitrariedad» como la expropiación de Vicentin y la reforma judicial.

Fuente:https://www.clarin.com/politica/diputados-oficialismo-todavia-logra-asegurar-votos-reforma-procuracion_0__kVtqpqMI.html