El Gobierno anunció que en diciembre habrá un reajuste de 5%, con lo cual el incremento en el año será de entre 24,3% y 35,3% 

Un jubilado que al comenzar 2020 cobraba un haber de $20.000 mensuales percibirá, a partir de diciembre, un ingreso de $26.304,3, lo cual implica un aumento de 31,5%. Si en lugar de haber dado subas de manera discrecional y por decreto, el Gobierno hubiera mantenido la fórmula de la ley 27.426, aprobada en 2017, el cobro de diciembre y de los dos meses siguientes sería de $28.406,8, es decir, de $2102,5 más.

Por la manera en que se fueron dando las recomposiciones durante este año (en este ejemplo, siempre por debajo de lo que resultaba de la fórmula, salvo en diciembre), el resultado es que, al final del período de 12 meses que se extiende hasta febrero de 2021, se habrán percibido $19.865,6 menos, en comparación con lo que hubiera resultado de la modalidad suspendida (es un 5,9% menos). El cálculo incluye el impacto sobre el aguinaldo y contempla el lapso de marzo a febrero, porque la modalidad por decreto comenzó a implementarse en el tercer mes de este año y porque el próximo incremento previsto será en el tercer mes de 2021.

El ejemplo refleja el efecto negativo sobre los bolsillos de las decisiones que se fueron tomando este año respecto de las jubilaciones, tras la decisión de suspender la fórmula de movilidad basada en la inflación y los salarios. El impacto acumulado indica que quienes tienen el haber mínimo habrán cobrado, al final del período, un 3,2% menos respecto de lo que hubieran percibido de no mediar cambios, y quienes perciben el ingreso máximo que otorga el sistema general de la Anses, un 11,1% menos. Después de dos años con pérdidas frente al alza de precios, la fórmula legal iba a permitir este año recuperar poder adquisitivo, porque para calcular los aumentos se hubiera considerado, por tramos trimestrales, lo ocurrido con las variables (precios y salarios formales) entre julio de 2019 y junio de 2020, en un escenario en el cual, durante varios meses, hubo una tendencia decreciente del índice de inflación.

Los números muestran que la decisión de dejar en suspenso la aplicación de la fórmula, tomada apenas llegó a la presidencia Alberto Fernández, le permitió al Gobierno hacer un ajuste fiscal, disminuyendo el gasto previsto en prestaciones sociales, tanto en las jubilaciones y pensiones como en los demás pagos que se actualizaban según la ley de movilidad, como la AUH y las asignaciones familiares del sistema formal. Para quienes cobran la jubilación mínima o una cifra levemente superior, hubo bonos extraordinarios dados por la actual gestión: dos de $5000 cada uno, en diciembre de 2019 y en enero de este año, y otro de $3000 en abril. Son montos que permitieron una mejora para los bolsillos de gran parte de los pasivos, pero que no quedaron incorporados a los haberes.

En el caso del haber mínimo (el 63,1% de las prestaciones está en ese nivel, según datos de la Secretaría de Seguridad Social), desde diciembre será de $19.035,3, mientras que con la fórmula se hubiera llegado a un monto de $19.981,2. En este caso, en el primer trimestre de aumentos por decreto, de marzo a mayo, el efecto contra la modalidad de la ley fue un ingreso mensual superior en $197. Fue porque el incremento del tercer mes del año se otorgó bajo la modalidad de un porcentaje más una suma fija igual para todos los haberes, lo cual determinó que en la mínima se obtuviera una suba de 12,96%, algo por arriba de lo que daba la fórmula (11,56%), y que el porcentaje resultara cada vez más bajo a medida que se observaban ingresos más altos. En el haber mensual máximo de la Anses, la suba resultó ese mes de 3,75%.

Los dos aumentos que siguieron, los de junio y septiembre, fueron iguales para todos y por debajo de lo que resultaba de hacer el cálculo según la ley suspendida: de 6,12% y de 7,5%, respectivamente, mientras que la fórmula daba 10,9% y 9,88%, en cada caso. Para diciembre se decidió también una suba de igual porcentaje para todos, con un 5%, que es levemente superior a lo que hubiera correspondido por la modalidad suspendida (4,48%).

La suba acumulada de 24,3% es la que corresponde a la jubilación máxima del sistema que, al iniciarse el año, era de $103.064,23. En diciembre pasará a $128.089,5, mientras que por fórmula llegaría a $146.386,1, es decir, $18.296,6 mensuales más. En este caso, el efecto en pesos para el período de 12 meses es de $191.638,6: al final del período se habrá cobrado un 11,1% menos respecto de la hipótesis de haber mantenido vigente la ley.

Para un haber mensual que en febrero de este año era de $50.000, en tanto, el impacto acumulado es de 9,8%, con $81.904,2 menos para el jubilado. Desde diciembre se cobrará un ingreso de $63.065,7, mientras que con la actualización por ley la cifra hubiera sido de $71.016,9, es decir, un 12,6% superior. La diferencia en pesos del ingreso mensual que regirá entre diciembre y febrero es de $7951,2. En este caso, la suba nominal acumulada para el período anual es de 26,1% (contra el 42% de la fórmula), un nivel que claramente se ubica por debajo de la inflación.

El aumento de diciembre, que fue anunciado en una conferencia de prensa por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, será el último decidido de manera discrecional y por decreto, según dijeron los mismos funcionarios. El Gobierno confía en que el Congreso aprobará en las próximas semanas una nueva fórmula de movilidad. El proyecto del Poder Ejecutivo contempla reajustes de frecuencia semestral (en lugar de trimestral, como los que tenía la última fórmula vigente), basados en la variación de los salarios formales y en la evolución de la recaudación de recursos tributarios que van a la Anses sobre la cantidad de beneficios. El cálculo tendría un tope, definido por la recaudación que, de esta manera, será la principal determinante de las recomposiciones.