El Senado convirtió esta tarde en ley el proyecto del Gobierno para cobrarles el Impuesto a las Ganancias al pago de dividendos accionarios y la venta de empresas que no cotizan en bolsa, dos operaciones que hasta ahora estaban exentas de ese tributo.
La iniciativa -una de las versiones kirchneristas para gravar la renta financiera (otra más amplia, que impulsaba el diputado Héctor Recalde, quedó en el camino)- obtuvo 41 votos a favor y nueve en contra, básicamente de legisladores del Frente Amplio Progresista, el Peronismo Federal y el peronismo pampeano.
El debate se extendió durante cuatro horas y tuvo en el medio un componente llamativo: los senadores de la UCR se retiraron en bloque del recinto en plena sesión en rechazo a las agresiones del titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, contra el radical Gerardo Morales (que tampoco se quedó atrás a la hora de los cruces verbales).
El Gobierno justificó la necesidad de aprobar la norma en los últimos cambios que implementó en el impuesto: que queden exentos durante los últimos cinco meses del año los trabajadores que entre enero y agosto no cobraron nunca más de 15.000 pesos de salario bruto y que suban un 20% el Mínimo No Imponible y las deducciones para quienes sí cobraron alguna vez más de 15.000 pesos pero nunca superaron los 25.000.
Así, la norma tiene la particularidad un cambio permanente (desde ahora, siempre pagarán Ganancias las operaciones que ahora quedan gravadas) con una modificación coyuntural, ya que la ley no cambia ni dice nada sobre el Mínimo No Imponible ni modifica la discrecionalidad con la que el Gobierno decide cuándo, cómo y en qué proporción varía lo que hay que pagar por el tributo.
La nueva ley grava con un 15% la compraventa de acciones o la participación en firmas que no cotizan en bolsa y con un 10% el cobro de dividendos de las empresas (otros proyectos que ya tenían estado parlamentario proponían que pagara el impuesto un abanico más amplio de operaciones financieras). Durante los debates, además, la oposición insistió en la necesidad de establecer algún tipo de mecanismo para que los cambios en el Mínimo No Imponible no queden a exclusiva decisión del Poder Ejecutivo.
Según el Gobierno, las nuevas tasas (técnicamente es el mismo impuesto, pero para actividades que hasta ahora no lo pagaban) aportarán este año a las arcas del Estado $ 2.400 millones, mientras que los cambios ya implementados en Ganancias tendrán un costo fiscal de $ 4.500 millones.
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