Con el apoyo de esos grupos, el Gobierno tendría asegurado el respaldo necesario para avanzar con la reestructuración de los bonos que operan bajo la legislación de Nueva York sin correr el riesgo a enfrentar litigios.

El Gobierno dijo que el acuerdo permitirá «un alivio de deuda significativo». El entendimiento final de la Argentina con sus principales acreedores mantuvo el mismo esqueleto de la última oferta de Guzmán «sin aumentar el monto total de los pagos de capital o los pagos de interés que la Argentina se compromete a realizar y mejorando al mismo tiempo el valor de la propuesta para la comunidad acreedora», detalla el comunicado.

El acuerdo ofreció tres novedades centrales. El Gobierno aceptó adelantar las fechas de pago de los nuevos bonos al 9 de enero y el 9 de julio de cada año, en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre como estipulaba la propuesta original, permitiendo una leve mejora en el valor de la oferta. Los acreedores cedieron también al resignar el cobro de los gastos de la reestructuración, que estarán «exclusivamente cubiertos por los tenedores de bonos».Y, finalmente, el Gobierno aceptó ajustar las cláusulas de acción colectiva, o «CAC», un tema espinosos que en las últimas semanas había saltado al centro de la negociación.

«La Argentina, sujeto a la oportunidad en que se evidencie su apoyo por parte de la comunidad internacional en sentido general, ajustará ciertos aspectos de las cláusulas de acción colectiva en los documentos de los nuevos bonos para abordar las propuestas presentadas por los miembros de la comunidad acreedora, las cuales buscan fortalecer la eficacia del marco contractual como base para la resolución de las reestructuraciones de deuda soberana», indica el comunicado del Gobierno.

Impacto en los mercados

Ayer, la expectativa de un arreglo tras meses de discusiones había levantado el optimismo de los inversores, y provocó un fuerte rally de los activos argentinos en los mercados.

Tras varias semanas de impasse y cruces mediáticos, el Gobierno y los tres grupos que reúnen a los principales fondos que poseen títulos públicos bajo legislación extranjera retomaron las negociaciones durante el fin de semana vía Zoom para llegar a un arreglo económico que cerrará la última brecha de tres dólares entre la última oferta oficial, valuada en US$ 53,5, y la de los fondos, que pedía US$ 55,7. Esa brecha -que el mercado consideraba mínima y muy salvable -equivalía a unos US$2000 millones repartidos durante las próximas dos décadas.

Tras la nueva ronda de discusiones, el Gobierno y los acreedores habían logrado darle forma a un «entendimiento preliminar», según dos fuentes al tanto de la negociación. Pero aún restaba poner el arreglo por escrito y pulir los detalles.

Ayer, ante la consulta de LA NACION, en el Ministerio de Economía habían evitado hacer comentarios, pero no negaron los avances con los acreedores. Algo que finalmente se concretó horas después.

El acuerdo entre la Argentina y sus principales acreedores despejaría la salida del default, y le permitiría al gobierno de Alberto Fernández avanzar con la reestructuración de la deuda local y el programa vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pasos cruciales para sacar a la economía del pozo en el que cayó a principios de 2018, que se profundizó con la pandemia del coronavirus.

Aunque restaba conocer los detalles del arreglo preliminar, fuentes del mercado indicaban que estará apenas por debajo de los US$55, un valor que si bien es más de lo que el Gobierno dijo que el país podía pagar con la última oferta «definitiva», deja para el país una amplia quita en el pago anual de intereses de la deuda que evitará pagar miles de millones de dólares durante las próximas décadas.

Al final, el Gobierno cedió. Durante los últimos días, Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán se habían mostrado firmes detrás de la última oferta del Gobierno, mientras los acreedores insistían en mejoras y una nueva negociación. Los cruces mediáticos se intensificaron, y el tiempo se agotó: Guzmán tenía tiempo hasta mañana para decidir si extendía o no el plazo para aceptar esa oferta de canje de deuda. En un primer momento, el Gobierno tenía previsto extender la oferta hasta el 28 de agosto. Pero el fin de semana, el Ejecutivo elevó la presión y dejó trascender que no la prorrogaría, la dejaría caer sin cerrarla y encararía negociaciones con FMI aún sin un acuerdo con los acreedores privados.

Las versiones sobre un posible principio de acuerdo inundaron el mercado desde el mediodía de ayer, cuando empezó a cobrar forma un fuerte rebote de los ADR de los bancos argentinos en Wall Street. Fuentes cercanas a los bonistas confiaron a LA NACION que, luego de semanas de poco contacto, las discusiones se reactivaron en los últimos días con el equipo económico. En el Ministerio de Economía dijeron que eran conscientes de los rumores que inundaban el mercado, pero se negaban a confirmar o desmentir la información.

Las negociaciones se habían estancado no sólo por la diferencia económica, sino también por la discusión sobre las cláusulas de los contratos de los bonos, o indenture. Para arrastrar a los acreedores a un acuerdo, el Gobierno se había reservado la posibilidad de reasignar series de bonos en el canje para lograr una adhesión más alta a su oferta, y luego activar una estrategia de canjes secuenciales, conocida con el nombre de «Pac Man». Esa movida había caído muy mal entre los bonistas, que la tildaron de «abusiva».

Una vez cerrado, el acuerdo permitirá curar el noveno default de la historia. La Argentina cayó en un nuevo default «selectivo» en mayo pasado, cuando se venció el período para concretar un pago de intereses de tres bonos Global emitidos por el gobierno de Mauricio Macri por más de US$ 500 millones. Un acuerdo definitivo por la deuda permitirá reabrir los mercados de deuda, y comenzar a preparar el terreno para reactivar la economía, luego de más de dos años de recesión.