La iniciativa oficial es evaluada por miembros de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda. De ser aprobado, el proyecto prevé la participación de todos los sectores vinculados a la economía, el ambiente y lo social como órgano de consulta para el Estado mendocino.  El ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, junto a su par de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, expusieron detalles a legisladores mendocinos sobre el proyecto de ley para la creación de un Consejo Económico, Ambiental y Social, anunciado a mediados de mayo por el Gobernador Rodolfo Suárez y enviado a la Casa de las Leyes para su evaluación.

El encuentro fue virtual y participaron los legisladores miembros de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, quienes están evaluando los detalles de la iniciativa que tiene por objetivo generar un canal de participación y comunicación de los agentes sociales y económicos, para la planificación y formulación de políticas socioeconómicas y ambientales en todo el territorio provincial, fomentando el diálogo y haciendo hincapié en el asesoramiento y desarrollo de todos los actores vinculados.

En el marco del encuentro, el titular de la cartera económica de la Provincia resaltó: “La idea detrás de este proyecto es entender que la economía no es una planilla de Excel. Creemos que es fundamental la creación de un espacio de comunicación que internalice todos estos debates. La economía es una construcción social y para ello estamos trabajando. Cuando uno construye sin el consenso necesario, las iniciativas se pierden, como ha ocurrido con otros proyectos”.

Por su parte, Ibañez comentó: “Los consejos económicos sociales, en general, son herramientas institucionales que se han utilizado de diversas maneras en distintos lugares. Por ejemplo, existe el Consejo Económico Social Francés, que tiene más de 200 miembros y funciona desde el año 1925. Estos consejos, básicamente, son una institución que se piensa, se propone o se diseña con una finalidad, que es contribuir al debate y a la institucionalidad dentro del esquema clásico de gobierno de división tripartita”.

El funcionario añadió que los consejos pueden tener distintas finalidades, sea cual fuere la denominación, y en general tienen una función consultiva, fundamentalmente de debate de temas centrales que tienen que ver, como en este caso, en los tres grandes aspectos: económico, social y ambiental. La propuesta de composición pretende tener una pluralidad de representación de los distintos sectores que están directamente vinculados a la finalidad institucional del Consejo.

“Cada uno de esos sectores tiene que proponer cuál será la forma de elección de quienes lo van a representar en aquellos casos que sea necesario. Más allá de que existen algunas representaciones que simplemente se hará la propuesta de la persona y en otros hay que ver cuál será el sistema bajo el cual se elegirán. Esta ley requiere de una reglamentación, por la cantidad de miembros que lo componen, las distintas formas de elección y los mecanismos que se utilicen para su conformación”, añadió Ibañez.

Por su parte el diputado Guillermo Mosso expresó que el proyecto es interesante en la medida en que sea realmente un consejo consultivo e informativo. Además, el legislador provincial hizo referencia a las fuentes de financiamiento del organismo y al número final de representantes que considera podrían ser un total superior a los 70, si se tiene en cuenta la participación de exgobernadores y actuales intendentes.

Liliana Poponet, del bloque justicialista, dijo coincidir con el diputado Mosso en cuanto a la necesidad de hacer foco en las herramientas de financiamiento de las que podrá disponer el Consejo y los tiempos previstos para su implementación. “Necesitamos medidas a corto plazo”, agregó.

A modo de respuesta a lo señalado por Poponet y Mosso, Vaquié comentó: “No está previsto en ningún caso incrementar el nivel de gastos de la Provincia, si no, deberíamos incorporar un artículo que señale dicho incremento presupuestario. Son artículos de rigor necesarios. De igual modo, cualquier alternativa que quieran proponer estamos dispuestos a evaluarla. El desarrollo de una provincia implica el consenso de todos los sectores. Nosotros estamos instrumentando una de las propuestas que el Gobernador Suárez expresó durante su campaña. Está pensado para una Mendoza a largo plazo”.

En tanto, el diputado Gustavo Cairo resaltó: “Hace falta un Consejo más amplio y me parece muy sano que se consulte al resto de los sectores. Esto tiene que ver, por ejemplo, con las posibilidades de creación de un banco provincial. Celebro que se escuche a la oposición para la creación de este Consejo”.

Por último, Marcelo Aparicio hizo referencia al número de representantes previsto en el proyecto por parte del sector empresario y el sindical. El legislador provincial entiende que se debe intentar igual dicho número de representantes, por lo que Vaquié comentó: “No estamos imponiendo, estamos haciendo una sugerencia para que la Legislatura la evalúe. La construcción de unanimidades en una sociedad es muy difícil y en el marco de este Consejo también lo será. Esto no es un DNU, está abierto al debate entre todos”.

Por último, consultado Ibañez sobre el modo en que se ha pensado la emisión de las opiniones que surjan del Consejo, comentó: “Es muy interesante señalar la posibilidad que tiene el Consejo de emitir una opinión, consideración a sujeción del Ejecutivo o de los órganos a los cuales los realice. Hemos propuesto tres tipos de forma para la expresión del Consejo. Hay un plenario que lo conforman todos los miembros. Se puede expedir a través de mociones (propuestas hechas que cuentan con la unanimidad de apoyo de todos los miembros), las recomendaciones son aquellas que tienen mayoría, y las sugerencias que son aquellas que se votan por una minoría. Hemos tomado algunos modelos de otros consejos económicos, como el caso del español, entre otros, y hemos graduado la opinión en base a si tiene unanimidad según mayoría y minoría, y esto significa más o menos consenso dentro de las decisiones que se toman en el Consejo.

Sobre el proyecto

Según detalla el proyecto, el Consejo tendrá su sede en la Ciudad de Mendoza y contará con delegaciones en cada oasis productivo. El espacio actuará como entidad consultiva y su vinculación con el Ejecutivo provincial se dará a través de los ministerios de Economía y Energía y de Gobierno, Trabajo y Justicia, con Vaquié e Ibañez a la cabeza.

En cuanto a funciones, prevé la emisión de opiniones no vinculantes, a requerimiento de alguno de los poderes, sobre proyectos de ley a ser sancionados por el Poder Legislativo, y sobre aquellos proyectos de decretos a ser dictados por el Ejecutivo, siempre y cuando estos sean remitidos para su consulta.

Por otro lado, prevé la elaboración de informes, la suscripción de acuerdos de cooperación con organismos nacionales e internacionales, consultas a organismos especializados, proponer proyectos de impacto ambiental, social y económico, invitar a funcionarios para expongan ante el plenario o las comisiones y la elaboración de un informe anual sobre la situación socioeconómica o ambiental de la provincia.

Este último, según detalla el proyecto, deberá ser elevado a los poderes Ejecutivo y Legislativo, dentro de los primeros tres meses de cada año y donde se expresen las consideraciones del organismo sobre los aspectos antes mencionados.

Fuentes de financiamiento

Uno de los puntos del proyecto hace referencia a las fuentes de financiamiento a las que podrá acceder la institución. En este sentido, el texto detalla que el organismo podrá recibir partidas presupuestarias por parte del Gobierno de Mendoza, el Gobierno nacional y municipios. Además, podrá recibir donaciones, subvenciones y aportes de cualquier naturaleza que sean otorgadas por personas o entidades públicas y privadas. En todos los casos, según remarca el proyecto, Contaduría General de la Provincia y el Ministerio de Hacienda dispondrán las medidas para su registración y afectación en caso que corresponda.

Designación de autoridades

De acuerdo con lo que refleja el texto del proyecto, el Consejo estará integrado por el presidente, que será propuesto por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia; el vicepresidente, propuesto por el Ministerio de Economía y Energía, el secretario técnico y miembros representantes.

El vicepresidente sustituirá al presidente, en la forma que determine el Reglamento Interno, en los supuestos de vacancia, ausencia o enfermedad, y ejercerá las funciones que la reglamentación expresamente le delegue.

En cuanto a la duración de los mandatos, el presidente y el vicepresidente del organismo tendrán un mandato de dos años renovables por períodos de igual duración.

“Cada uno de los sectores tiene que proponer cuál será la forma de elección de quienes lo van a representar en aquellos casos que sea necesario. Más allá que existen algunas representaciones que simplemente se hará la propuesta de la persona y en otros hay que ver cuál será el sistema bajo el cual se elegirán.

“Esta ley requiere de una reglamentación por la cantidad de miembros que lo componen, las distintas formas de elección y los mecanismos que se utilicen para su conformación”, subrayó Ibañez.

En total serán en base más de 40 los miembros de la mesa que serán distribuidos de la siguiente manera:

• Poder Ejecutivo: dos representantes.
• Poder Legislativo: dos representantes.
• Poder Judicial: dos representantes.
• Los exgobernadores democráticos que expresen su voluntad de participar.
• Asociaciones sindicales de trabajadores: cinco representantes, cuatro representantes del sector privado y un representante del sector público.
• Organizaciones empresariales representativas de la industria, del comercio, del sector agrícola, del turismo, del desarrollo tecnológico, de la construcción, del sector hidrocarburífero y del sector minero: ocho representantes, uno por cada sector enunciado.
• Departamento General de Irrigación: un representante del Honorable Tribunal Administrativo.

Tribunal Administrativo

• Inspecciones de Cauce: un representante.
• Organizaciones de promoción social y asistencia y del sector de la cultura: tres representantes.
• De los distintos credos de la provincia de Mendoza: un representante por la Iglesia Católica, un representante por el Judaísmo y un representante por las Iglesias Evangélicas. La reglamentación podrá prever la incorporación de representantes de otros credos reconocidos.
• Organizaciones de defensa de los consumidores: un representante.
• Economía social: un representante.
• Asociaciones o fundaciones dedicadas a la protección del medio ambiente: tres representantes.
• Universidades públicas: un representante de la Universidad Nacional de Cuyo, un representante de la Universidad Tecnológica Nacional.
• Universidades privadas: dos representantes.
• Centro Científico Tecnológico Conicet Mendoza: un representante.
• Agencia de Ciencia, Innovación y Tecnología a crearse: un representante.
• Cada uno de los colegios profesionales reconocidos por ley de la provincia de Mendoza: un representante.
• Los intendentes departamentales o los representantes que estos designen.