Alberto Fernández genera confianza. Tras casi seis meses en la presidencia de Argentina mantiene una popularidad altísima. Pero también mantiene abiertas casi todas las incógnitas. La gestión de dos crisis muy complejas, la pandemia y la renegociación de la deuda, ocupa la mayor parte de su tiempo. Aún no se sabe cuál es su proyecto ni su auténtica fuerza dentro del peronismo.

En las próximas semanas, cuando se llegue al desconfinamiento y se conozca si, tras el default del pasado viernes, hay acuerdo con los acreedores o Argentina queda definitivamente aislada del sistema financiero internacional, Fernández deberá enfrentarse a una situación económica calamitosa.

La presidencia de Alberto Fernández ha estado, desde el inicio, marcada por las circunstancias extraordinarias. El hecho de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le eligiera como candidato, con ella relegada a la vicepresidencia, ya fue inusual. Lo mismo que su rotunda victoria frente a Mauricio Macri, sin necesidad de segunda vuelta. El virtual default en que Macri dejó Argentina provocó otra anomalía: Fernández mantuvo en suspenso su programa económico hasta que se acordara con los acreedores una reestructuración de la deuda y optó por gobernar sin ley de presupuestos.

Entonces irrumpió la otra gran anomalía, la pandemia. Con el Congreso cerrado (el Senado acaba de reanudar ahora sus sesiones, estrictamente virtuales), Fernández asumió plenos poderes. La ley de emergencia económica, aprobada ya en diciembre, y la emergencia sanitaria le permiten gobernar por decreto. Hasta la fecha ha emitido 23 decretos de necesidad y urgencia (DNU). Argentina cayó formalmente en default el viernes día 22, al dejar impagados vencimientos de bonos por importe de 503 millones de dólares, sin ningún tipo de repercusión política. La ausencia de vida parlamentaria y la falta de un líder de la oposición (Macri ya no cuenta) dejan a Fernández un margen en apariencia amplísimo.

Pero nadie conoce con exactitud cuál es el margen de Alberto Fernández, porque sus límites son internos. Los marcan la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y su hijo, Máximo Kirchner, jefe de la mayoría en la Cámara de Diputados. El kirchnerismo mantiene la base militante de la que el presidente carece, se ocupa directamente de las cuestiones judiciales (las múltiples causas contra la antigua presidenta van deshilachándose día a día) y marca el terreno. En el Gran Buenos Aires, el granero de votos que permitió a Fernández ganar cómodamente la presidencia, mandan los Kirchner y el gobernador Axel Kicillof.

Fernández, por ejemplo, ha procurado mantener una cooperación estrecha con el opositor Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y uno de los principales aspirantes a liderar las fuerzas conservadoras y liberales en las elecciones de 2023. Pero desde el Gobierno provincial de Buenos Aires, en manos del kirchnerista Kicillof, se ha hecho todo lo posible por boicotear la relación entre Fernández y Larreta, acusando al jefe de Gobierno de la ciudad de descuidar la atención sanitaria en las villas miseria y de convertir la capital en un gran foco de infección.

Otro ejemplo es el proyecto de impuesto extraordinario, a cobrar supuestamente una sola vez, sobre las grandes fortunas. Afectaría a unas 12.000 personas con patrimonio superior a los tres millones de dólares y debería recaudar unos 3.000 millones de pesos, que se destinarían a sufragar los costes de la pandemia. El problema de ese impuesto es que se solapa con el de bienes personales y la doble imposición no es constitucional. Máximo Kirchner ha empujado el proyecto hasta conseguir el asentimiento del presidente. Y el infaltable aplauso de Diego Armando Maradona, quien se declaró “totalmente a favor del impuesto sobre la riqueza”.

El kirchnerismo no deja de emitir señales. La diputada Fernanda Vallejo propone que los créditos estatales concedidos a las empresas para mantenerlas vivas durante la pandemia se traduzcan, en caso de no devolución, en acciones. Es decir, que el Estado entre a formar parte de esas empresas, grandes o pequeñas. La idea ha quedado flotando en el aire, como señal de hacia dónde apunta un sector de la mayoría oficialista. El presidente no se pronuncia. Dentro del propio peronismo se le acusa de ejercer más como árbitro entre distintas tendencias que como líder.

La gestión sanitaria y el problema de la deuda han permitido a Fernández mantener un tono profesoral, casi siempre comedido, por encima de la batalla política. Hace un par de semanas hubo algunos cacerolazos minoritarios contra la acumulación de poderes extraordinarios, pero el temor a la pandemia y la atención de los medios a las negociaciones con los acreedores le han garantizado un auténtico periodo de gracia.

Ese periodo de consenso ciudadano concluirá con la cuarentena y el acuerdo o la ruptura con los poseedores de deuda argentina: Fernández tendrá que enfrentarse entonces a una realidad económica siniestra. Se estima que la recesión se comerá este año un 10% de la producción argentina, que viene decreciendo ya desde 2018. Casi la mitad de la población habrá caído en la pobreza. Y el peso seguirá devaluándose frente al dólar, como no ha dejado de hacer en los últimos tres años pese a los cada vez más estrictos controles cambiarios.

En cierto modo, será entonces cuando comenzará realmente la presidencia de Alberto Fernández. Y las cosas no serán más fáciles que ahora. Quizá sean incluso más difíciles.