En cuatro meses el Ministerio de Defensa se propone dar a luz una nueva ley que rija el mundo castrense. Agustín Rossi parece decidido a tomar el toro por las astas en un proyecto de ley que viene de sucesivas administraciones. Dio el primer paso formal con la Resolución 141/2020 publicada el miércoles último por la que crea la Comisión de Análisis y Redacción de las Leyes de Personal Militar y Reestructuración de las FF.AA. “Tendrá por objeto analizar de modo integral la normativa existente y elaborar propuestas para su modificación y reglamentación, recogiendo los antecedentes obrantes y opiniones de expertos y académicos” dice la resolución.

El ministro prorrateó con cierto equilibrio político la integración de esa Comisión con referentes idóneos, por caso, Horacio Jaunarena y otros con militancia en el sector, Nilda Garré, también atendió el mítico 33 por ciento con un representante en actividad por cada una de las fuerzas armadas más uno del Estado Mayor Conjunto. También extendió una invitación a sumarse a dos legisladores de las Comisiones de Defensa (Senado y Diputados) por el oficialismo y la oposición. De la gestión de Cambiemos en Defensa no hay ningún actor, podría contarse con los escritos que dejó Paola Di Chiaro, exsecretaria de Asuntos Militares que se encargó del asunto también con una comisión ad hoc. Faltó quizá atender la voz de la experiencia del personal militar en retiro.

En las últimas décadas, se diría desde que en tiempos de Domingo Cavallo por la vía de las sumas no remunerativas se desenganchó el haber de los retirados de los aumentos que se daban al personal en actividad, el sector pasivo recela de la representatividad de sus camaradas activos. La cercanía con la política suele torcer el interés general del mundo uniformado. La preocupación actual de los militares tanto en actividad como en retiro pasa por la regularización del salario. Con el gobierno de Alberto Fernández se interrumpió la política de “blanqueo” de sumas fijas que había iniciado y resuelto la gestión del exministro de Defensa, Julio Martínez (UCR, Cambiemos).

La corrección del haber es uno de los puntos que impacta por igual tanto en el personal en actividad como en retirados. Tiene colaterales en un sector ligado al quehacer castrense, el de los agentes civiles de inteligencia (PCI) de las Fuerzas Armadas que nunca fueron incluidos en la política de regularización salarial que implementó Cambiemos. El haber de los PCI se rige por una escala referenciada en el sueldo del coronel y equivalentes.

El segundo nervio sensible de los uniformados es la reforma del sistema jubilatorio que planteó el gobierno de Fernández con arreglo a la ley 27.541 de Emergencia Económica. Encasillar el retiro como jubilación de privilegio es un error de concepto a mano de la política cuando se trata de chicanear militares, se trata de un régimen especial. Rossi, en su paso por la Compañía de Inteligencia de Monte 12, de la Guarnición Posadas para supervisar las tareas ante la emergencia del coronavirus tuvo un encuentro con militares en actividad. Aseguró que el régimen de retiro no sufriría modificaciones. La especie circuló en grupos de redes sociales de uniformados minutos después de la disertación del ministro.