«Ahora duermo un poco mejor», les confesó hace unos días Alberto Fernández a algunos integrantes de su círculo cercano, los mismos que en las primeras semanas de la pandemia habían detectado que el Presidente estaba emocionalmente afectado por los alcances de la crisis. Sin embargo, hay una pesadilla que lo sigue desvelando: la que retrata a miles de muertos por el coronavirus , con hospitales colapsados y una sociedad desbordada. Esa imagen es la que reflota cada vez que enfrenta cualquier planteo de flexibilización de la cuarentena .

Es su escena más temida, porque sabe que a partir de entonces perdería el principal capital que construyó hasta ahora, que es la percepción mayoritaria de que está en control de la situación y de que puede brindar amparo. Curiosa paradoja para un político que hizo campaña diciendo «soy un tipo común» y le toca administrar la situación más excepcional de la era posindustrial. Con un agravante: la excepción se extiende en el tiempo hasta transformarse en una nueva normalidad gobernada por la incertidumbre infinita, estadísticas reversibles y desconcierto científico. Es una crisis que llegó sin manual de instrucciones.

Todo es relativo en este nuevo escenario. El mismo Fernández , perturbado por la hipótesis del descalabro, comentó en los últimos días su ilusión de que el pico de contagios y muertos no solo se siga postergando (ahora habla de mediados de mayo y hasta de junio), sino que se convierta en una larga meseta. Lo alienta ver que el ritmo de contagio hoy todavía se duplica cada 14 días, un promedio tolerable para el sistema. También, que la cifra diaria de muertes no escala. Pero el ala sanitaria de su equipo lo desalienta y lo regresa a la realidad de que no hay posibilidades de evitar una curva ascendente, aunque sí más espaciada. Un dato escondido en los partes oficiales llamó la atención de algunos especialistas: el alto porcentaje de víctimas mortales en comparación con los pacientes recuperados, un ratio que oscila alrededor del 18%. Hasta ayer al mediodía había 129 muertos y 685 personas que habían sido dadas de alta. El resto sigue en tratamiento.

Pese a ello, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, activó algunas licencias más que se aplicarán a partir de mañana, después de un análisis detallado de los pedidos de los gobernadores y del impacto sanitario. Para después del domingo 26 el Gobierno se prepara para anunciar la extensión del aislamiento en principio por una semana más, aunque al mismo tiempo Cafiero trabaja sobre una lista de nuevas excepciones, en la medida en que no comprometan al transporte público ni saturen el espacio público. La apertura de los comercios con atención electrónica funcionará como una prueba para ver si se puede avanzar con la apertura de los locales al público.

En el Gobierno admiten un relajamiento en la circulación en los últimos días, que siguen con atención pero por ahora sin voluntad de redoblar controles. El riesgo es que la cuarentena se diluya de hecho y que ocurra cuando todavía no se llegó al momento más crítico. «No estamos en la misma fase del 20 de marzo, cuando teníamos un esquema totalmente cerrado. Vamos a seguir la senda gradual, pero sin desarmar el esquema general», explica uno de los funcionarios que trabajan en la adaptación constante de las restricciones. Aunque siempre la instrumentación quedará supeditada a la decisión de los gobernadores. En Olivos no quieren dejar de compartir responsabilidades. Están expectantes con el experimento de su aliado principal, Horacio Rodríguez Larreta, para limitar la circulación de adultos mayores, pero advierten que es inaplicable fuera de la ciudad de Buenos Aires. Mañana verán cómo resulta el ensayo.

Las explicaciones diagonales también se trasladan al ámbito de las medidas económicas. «No se fijen en los costos, asistamos a todas las empresas que podamos», bajó la consigna Alberto Fernández a sus funcionarios. Pero esta semana se multiplicaron las quejas de las pymes que no pueden acceder a los prometidos préstamos para pagar salarios. El Presidente lo reconoció en la videoconferencia del viernes con los legisladores opositores, donde se quejó de que a los bancos se les habilitaron fondos, pero terminaron prestándoles solo a sus clientes por la falta de garantías. A Miguel Pesce solo lo salvan de las duras críticas de los privados su cercanía con el Presidente y el aval de los radicales. Alejandro Vanoli ,de la Anses, no tiene la misma suerte. Desde el viernes negro de los jubilados pagan 10 a 1 las apuestas dentro del oficialismo de que apenas pase lo peor de la crisis dejará su rol en la Anses. Fernández ni siquiera ocultó sus críticas en alguna reunión.

Los problemas con el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) también generaron quejas por la tarea de Matías Kulfas. Pese a todas las dificultades, mañana el gabinete económico discutirá su ampliación y también la posibilidad de que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se extienda a monotributistas de las categorías C y D. Aunque no hay confirmación, en el oficialismo descuentan que en mayo habrá una segunda ronda de $10.000. «Si no repiten la ayuda, y la gente se da cuenta de que no va a cobrar nada el próximo mes, estalla todo en pedazos», admite uno de los intendentes bonaerenses que están cerca de las decisiones. Otra vez, una herramienta excepcional sometida al estrés de la prolongación indefinida. Es casi una prueba de la física sobre la elasticidad de la materia. En el fondo, el problema al que apuntan en el oficialismo y en la oposición es la dificultad para armar una estructura articulada, preparada para una excepcionalidad que ya cumple un mes, que evite los tropiezos de las medidas aisladas y que prepare el terreno para la salida de la cuarentena.

Los sectores productivos también suman presión. La reunión de la CGT de esta semana demostró que la paciencia sindical está en el límite. Gerardo Martínez, un referente siempre dialoguista, hizo varias advertencias. Se quejó de que «hay una demora en la gestión», habló de la falta de «un comité económico, como existe el sanitario», y de que la contención lograda hasta ahora puede cortarse abruptamente. Se entiende su preocupación: en la construcción «ya perdieron su puesto 50.000 trabajadores y 100.000 más tienen un pie afuera». Está dispuesto a aceptar recortes salariales como hicieron los metalúrgicos de la UOM, pero reclama normalizar la actividad. Los empresarios comparten el diagnóstico. Ayer la UIA dio a conocer un informe catastrófico: un 72% de las compañías relevadas tuvieron caídas de las ventas superiores al 60%, y el 87 % declaró tener problemas para pagar los sueldos.

El conurbano perpetuo

Pero si los análisis del Gobierno difieren sobre la cuarentena o sobre las herramientas económicas, hay un dato que las unifica: el conurbano perpetuo. Allí se juega la partida crucial. «La pandemia en la Argentina se define si el virus impacta en una de las villas. Si llega, la ola expansiva es inmanejable». La reflexión de uno de los intendentes que más monitorean las zonas oeste y sur refleja el nivel de preocupación que hay. Moreno está, como casi siempre, en una situación límite; en San Martín genera inquietud el foco que se generó en un hospital, y La Matanza es siempre una geografía en el abismo.

En la pobreza circundante, con la situación acuciante de los trabajadores informales que no tienen changas, se ha establecido en el conurbano una curiosa solidaridad de base ante el temor a la pandemia. Así como reclaman alimentos, es muy alta la demanda de barbijos. Las escuelas en su rol asistencial, los clubes y los comedores conforman un trípode de sostén, que se complementa con la tarea de intendentes, movimientos sociales, organizaciones barriales y sacerdotes. La herencia de 2001 y los años de crisis económica generaron una red con una dinámica social arraigada; un déficit estructural transformado en atributo.

Claro que hoy el sistema está al borde del colapso porque se sumaron cuentapropistas y trabajadores informales que nunca habían tenido que pedir ayuda. Además persisten los problemas territoriales. Kicillof no logra mejorar su llegada entre los intendentes y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, tampoco genera confianza. Los jefes municipales sostienen que su ministerio es manejado por el vice Nicolás Kreplak, un médico sanitarista, hermano del juez, que pertenece a La Cámpora y reporta directo a Máximo Kirchner. Los secretarios de Salud de los municipios se quejan de que ya les cancelaron tres videoconferencias para articular tareas y desconfían de su gestión. El enigma de la llegada de los médicos cubanos -ni siquiera confirmada todavía oficialmente- simboliza estos vaivenes.

Además, el impacto del escándalo con Desarrollo Social dejó heridas entre los jefes comunales. Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham y hombre de confianza de Fernández, está tratando de reconstituir con sus pares la estructura que se le desgajó a Daniel Arroyo. A tal punto escaló la polémica que Cristina Kirchner debió intervenir para pedirle al empresario Víctor Fera que dejara de hablar de «corrupción» en la compra de alimentos tras la revelación de los sobreprecios. La vicepresidenta es una controller remota de la provincia. Todos saben que ella habla a diario con Kicillof y monitorea todo el tiempo el conurbano. Y cada tanto deja ver su poder en la quinta de Olivos, como quedó en evidencia con el impuesto a las grandes fortunas. Apenas ella elevó su consulta de certeza a la Corte Suprema, Alberto Fernández recibió a Máximo Kirchner y Carlos Heller para dar un aval protocolar a la idea. Es difícil que el Presidente se entusiasme con la iniciativa después de haberse enterado de su existencia por el periodista Horacio Verbitsky en plena entrevista televisiva, según admitió después ante un legislador. Pero ahora no hay mucho margen para internas en un mundo excepcional.