Pero el eje de la discusión será lo que prescribe el artículo 2, inciso C, del decreto 401: autoriza un endeudamiento equivalente a 10% del Presupuesto 2020. Ese porcentaje ronda los 19.244 millones de pesos ya que se calcularía sobre los gastos corrientes votados el 11 de marzo pasado que en las planillas de la pauta de gastos asciende a 192.442.139.691,35. A los fines del endeudamiento, la coma debería correrse un dígito a la izquierda.

La pregunta que cabría hacerse es si habrá quién le preste a la provincia y cuándo se completará el proceso de tomar un crédito. “Hoy no hay alternativa de financiamiento, los fondos del mundo se van de los mercados emergentes, vuelan hacia mercados con menos riesgo” explicó ayer el ministro de Hacienda Lisandro Nieri en radio Nihuil. La duda, entonces, es que si Suárez logra la autorización para endeudarse, dónde podrá hacerlo. ¿Organismos multilaterales de crédito? Tal vez, pero esos trámites llevan un tiempo largo de gestión.

El monto encierra una curiosidad: el endeudamiento con el que contaría Suárez sería similar al que pedía en el Presupuesto para dedicar a obra pública y que el peronista Frente de Todos le negó hace menos de un mes. El oficialismo pedía originalmente 300 millones de dólares que, a 65,7 pesos que cerró la cotización para la venta el lunes, da 19.710 millones de pesos.

Otro de los interrogantes es qué hará el peronismo, fuerza que viene rechazando todo intento de incrementar la deuda pública provincial. La diferencia con aquel momento es que el pedido que se clausuró hace 20 días era en dólares y para financiar un largo listado de obras. En esta oportunidad, en tanto, se tomaría para atender las urgencias devenidas de la delicada situación de la provincia.

La castigada economía argentina está en terapia intensiva. Ya no sólo está sujeta a la inestabilidad de su macroeconomía, sino también a la herida lenta de la cuarentena obligatoria. El parate generalizado de la mayoría de las actividades, no sólo amenaza con abrir las puertas a los despidos masivos y al cierre de empresas pequeñas y medianas; también abre el interrogante sobre el destino de las cuentas públicas y también permite esbozar el destino de los fondos que llegarán

En las últimas horas se conocía la estrepitosa caída de la recaudación fiscal. Mendoza recibe en la coparticipación nacional, un 4% de lo que la AFIP recauda principalmente en concepto de IVA y Ganancias, dos impuestos afectados por el parate, particularmente el IVA, que está atado al consumo. El 30%  de lo que se recauda por monotributo también se coparticipa. Buena parte de quienes pagan este gravamen también están alcanzados por el aislamiento obligatorio. No hay operaciones que facturar, entonces tampoco hacen su aporte al Estado y, por ende, a las provincias.

La estrepitosa caída de recursos que alimentan al Estado provincial también alcanza a los municipios, puesto que 18% de los ingresos se coparticipa a las comunas. Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados,  Andrés Lombardi (Cambia Mendoza), remarcaba con cierta picardía: “la última transferencia a los municipios fue gracias a lo que entró por el vencimiento del impuesto Automotor”, que ocurrió a fines de febrero.

El mensaje tiene destinatarios: los intendentes del PJ. A ellos también se les cae la recaudación propia por tasas municipales, por lo que todos los que tienen alguna responsabilidad de gobernar (provincia o comunas) empiezan a ver con preocupación hasta el pago de los salarios de sus empleados.

Hace 20 días, todo el peronismo rechazó el endeudamiento para obras que solicitaba Suárez y aunque el bloque oficialista tiene mayoría en ambas cámaras, para lograr la aprobación hacen falta dos tercios de los votos que Cambia Mendoza no tiene.

En este caso, las usinas oficialistas entienden que no necesitarán dos tercios para este endeudamiento. Es que la redacción del decreto 401 invoca el artículo 32 de la ley de Administración financiera. Si se analiza el texto de ese artículo 32, dice que el Ejecutivo podrá reasignar “las partidas presupuestarias oportunamente aprobadas sin limitaciones, haciendo uso del crédito público o contra mayor recaudación debidamente fundada, para atender de inmediato casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor ajenos a la voluntad del poder administrador, con el fin de conservar la paz y el orden público”. En esa redacción están la frase “haciendo uso del crédito público” y la enumeración de calamidades, incluida las epidemias.

El párrafo siguiente dice que esas autorizaciones “deberán ser fundadas y comunicadas a la Legislatura”. Sin embargo, en la oposición hay dudas de que no se necesiten los dos tercios de los votos de ambas cámaras. “Lo estamos analizando” dijo Germán Gómez, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos. Anoche, el peronismo estaba en “tele reunión” ajustando la posición que llevarán hoy  y mañana a los “recintos virtuales” de Diputados y el Senado.

Renegociar contratos y suspender licitaciones

Diputados ratificará dos decretos de declaración de emergencia. El 359, del 12 de marzo pasado, y el 401 del 19 de marzo. El primero no tiene mayores complicaciones, es la declaración de emergencia sanitaria y crea el comité de crisis que se encarga de la evaluación de la crisis desatada por la llegada a estas tierras del coronavirus.

El 401 si tiene otras complicaciones: amplía la emergencia a las áreas social, administrativa, económica y financiera y es el que contiene el pedido de endeudamiento por el 10% del presupuesto 2020.

En el artículo 2, además de la deuda, también está la autorización a renegociar contratos. “En caso de no lograrse la renegociación a la que hace referencia el inciso anterior, y por la misma razón, reprogramar cláusulas y resolver contratos de suministro, obra, locación de servicios y consultoría”, dice a párrafo siguiente: un amplio universo de gente que podría verse afectada.

También se suspenden por 90 días licitaciones y concursos en trámite, así como también a hacer contrataciones y compras sin licitación, incluidas las que se harán en el exterior como las que se declaren secretas por razones de seguridad.