Argentina vive una nueva crisis. Hace dos años que su economía está en números rojos, la inflación es récord y la tasa de pobreza supera el 40%. El Gobierno de Alberto Fernández se ha lanzado en medio de esta recesión a una compleja reestructuración de los vencimientos de su deuda externa, unos 150.000 millones de dólares que ya advirtió que no podrá pagar. Encontró en el camino un inesperado respaldo político: el del Fondo Monetario Internacional, a quien Argentina adeuda 44.000 millones de dólares del rescate financiero que recibió Mauricio Macri en 2018, y el de los países con más peso en el organismo, como Estados Unidos y los socios de la Unión Europea. Resta ahora a Fernández sentarse con los acreedores privados y convencerlos de que acepten una quita de entre el 30% y el 50% la deuda.

El Gobierno ya contaba con el apoyo de la oposición macrista, que prometió no poner palos en la rueda en todo lo relacionado a las negociaciones con los acreedores. El expresidente Macri es consciente de su responsabilidad en la crisis actual y no tiene mucho más para ofrecer. El comunicado del Fondo fue, en cambio, un balón de oxígeno inesperado para Fernández.

“El FMI dijo que para que la deuda sea sostenible Argentina tendría que tener un superávit que no es consistente con la política y la economía. Habilitó así a no hacer un ajuste fiscal tradicional y se puso del lado del Gobierno”, dice Marina Dal Proggetto, directora ejecutiva de la consultora Estudio EcoGo. Que el FMI no exija un duro ajuste es un una novedad. “Tal vez se quieren despegar de lo que paso con Macri, pero avalar un programa que no persiga un superávit fiscal en el corto plazo es raro. El FMI le dice a Argentina: ‘Hacelo como quieras, porque mi receta falló y yo estoy esperándote para llegar a un acuerdo”, explica Ezequiel Zambaglione, jefe de estrategia de Balanz, una empresa argentina que asesora a grandes inversionistas.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que no habrá recortes presupuestarios hasta 2023, cuando Argentina elegirá al sucesor de Alberto Fernández. Mientras tanto, el Gobierno usará el dinero que, espera, no deberá destinar a la cancelación de la deuda para rescatar la economía. Cuando Argentina crezca, dijo Guzmán, podrá cumplir con sus acreedores. Una vez más, el país sudamericano puede convertirse en un laboratorio de pruebas. En una larga columna publicada en el Financial Times, la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva dijo que esperaba superar las limitaciones de lo que llamó un “pensamiento económico más convencional”.

“Estamos repensando la forma en que aconsejamos a países emergentes”, escribió, sobre todo en lo relativo al “uso del mercado de cambios como amortiguador” de las “perturbaciones externas”. La depreciación de la moneda argentina fue clave en la gravedad de la crisis de deuda que atraviesa. El 80,3% de los bonos emitidos están en moneda extranjera y el valor del dólar frente al peso ha subido desde 14 unidades en 2016 hasta a más de 60 en 2019 (80 pesos en el mercado negro). El peso de la deuda con relación al PIB se multiplicó, aunque la deuda bruta en dólares se mantiene estable desde mediados del año pasado.

El cambio de enfoque del FMI es una decisión política. En el mercado entienden que la búlgara Georgieva se formó en una economía bimonetaria, y por lo tanto es más sensible al impacto que el tipo de cambio tiene en las economías más débiles. Pretende, además, continuar con la tarea de su predecesora, Christine Lagarde, de dar al Fondo una pátina de sensibilidad social a sus exigencias de ajuste. En este marco, “la posición es más amigable porque tiene en Argentina un caso testigo para refundar al FMI como entidad que auxilia economías en problemas”, sostiene el jefe de estrategia de Porfolio Personal, Joaquín Bagues. “Ahora dicen que deberían haber intervenido un poco más cuando la moneda argentina se complicaba, eso es un cambio absoluto”, agrega.

Fuente:https://elpais.com/internacional/2020/02/23/argentina/1582481979_470239.html