La vicepresidenta electa de Argentina, Cristina Kirchner, a su llegada al tribunal. AFP

La ex presidenta argentina denuncia un plan para destruirla políticamente, al declarar en el juicio que la acusa de haber favorecido al empresario Lázaro Báez al otorgar las licitaciones de obras viales en Santa Cruz (Patagonia).

Con Mauricio Macri de visita en España para la Cumbre del Clima y Alberto Fernández resolviendo quién será el ministro de Economía y qué plan económico aplicará, Cristina Kirchner tomó hoy el centro de la escena.

Lo hizo de manera heterodoxa, con una declaración judicial de alto voltaje que se extendió casi cuatro horas, y en la que descalificó a la Justicia, aseguró ser inocente, se dijo víctima de una persecución y deslizó advertencias y comentarios que algunos de sus destinatarios podrían tomar como amenazas. Al fin y al cabo, la dos veces presidenta será dentro de ocho días vicepresidenta de Fernández.

Ya en sus primeras palabras en la sede de los Tribunales Federales, Kirchner hizo notar que no sería una mañana más: los jueces no accedieron a la petición de que su declaración fuera transmitida en vivo y eso la enfureció. «¿No les parece importante?», dijo mirando a los jueces: «¿No les parece importante la acusación que dice que fui jefa de una asociación ilícita, en serio no les parece importante para transmitir?»

Sin televisión en vivo, las ediciones digitales de los principales diarios del país se dedicaron a ofrecer frase tras frase de Cristina Kirchner, y con cada una de ellas iba confirmándose el ánimo con que la ex jefa del Estado regresa al poder a sus 66 años: no sólo busca la absolución en las causas judiciales por corrupción en las que está involucrada, quiere también la reivindicación. «Necesitan construir mediáticamente lo que no pueden construir jurídicamente», le dijo en la cara a los jueces que deben fallar en su caso. Con ocho procesamientos y cinco peticiones de prisión preventiva que no se ejecutan debido a sus fueros como senadora, la situación de Kirchner es inédita: una ex presidenta, ahora vicepresidenta, que debe desfilar por los tribunales.

ASOCIACIÓN ILÍCITA

En el caso que la llevó hoy a declarar, Kirchner está acusada de ser parte de una «asociación ilícita» dedicada a «apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz», una enorme y despoblada provincia patagónica.

«Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas. No sé como tuve tiempo para gobernar porque me las pasaba armando asociaciones ilícitas», ironizó Cristina.

Según los fiscales, se adjudicaron 51 obras viales al mismo contratista, Lázaro Báez, un modesto empleado bancario que se convirtió en poderoso empresario e íntimo amigo del ex presidente Néstor Kirchner. Las pruebas periciales demostraron que la práctica totalidad de los contratos incluía un sobreprecio promedio del 65% y la mitad de las obras, por valor de varios miles de mllones de dólares, quedaron inconclusas.

Kirchner cerró su apasionado alegato sin contestar a las preguntas de los jueces, a los que acusó de tener ya «la condena escrita»: «A mi me absolvió la Historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la Historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo».

PRESUPUESTO NACIONAL

La ex jefa del Estado apuntó contra los fiscales que construyeron la acusación, al recordarles que es el jefe de Gabinete, y no el presidente, el que ejecuta el presupuesto nacional: «El responsable en materia administrativa y penal es el jefe de Gabinete, porque es él quién ejecuta el presupuesto de la nación argentina. Van a tener un problema, porque van a tener que citar al presidente de la República. Pero será interesante escuchar lo que tiene para decirles».

Alberto Fernández fue jefe de Gabinete (una suerte de primer ministro) entre 2003 y 2008, durante toda la presidencia de Néstor Kirchner y el primer año de Cristina Fernández. Aunque sin el ruido mediático que generó su compañera de fórmula, el próximo jefe del Estado también apuntó hoy contra uno de los blancos habituales de Cristina, el periodismo.

En Argentina «se van a acabar los ‘operadores judiciales’, los ‘operadores mediáticos’ y los jueces y fiscales que ‘operan’ para poderes mediaticos, corporativos o políticos sin impartir justicia como deben», escribió en Twitter. En esa red social mencionó a Hugo Alconada Mon, reconocido periodista de investigación, que había publicado un día antes un artículo en el que un asesor del próximo presidente aparece vinculado a una investigación penal de la Hacienda argentina, una serie de facturas falsas por un volumen millonario. ¿Quién las emitió? Una de las empresas de Baez, el mismo que tiene en problemas a una Cristina Kirchner que está de regreso.

Fuente:https://www.elmundo.es/internacional/2019/12/02/5de54b5621efa070288b45e3.html