Hay diversos grupos políticos que culpan al gobierno norteamericano por la actual crisis del país, pero ¿es así?

Para entender lo que sucede hoy en Venezuela, es fundamental aclarar que el 95% de los ingresos venezolanos provienen del crudo y que el país tiene las mayores reservas petroleras del mundo, por lo que es sumamente dependiente de esta industria. Esta dependencia se agravó con Chávez y su ola de estatizaciones y regulaciones y se mantuvo hasta después de su muerte: mientras que a su llegada la industria privada representaba el 20% del PBI, en 2015 (ya con Maduro en el poder) equivalía al 12%

Si bien existen varios factores predecesores que influyeron, la crisis con la intensidad que hoy la conocemos empezó en el año 2014, cuando Estados Unidos extendió la aplicación de nuevos métodos para la extracción de petróleo. Ahí, al aumentar la oferta, los precios internacionales del crudo se desplomaron, llegando a valer hasta 60 dólares el barril en diciembre de ese año, 34 dólares en 2015 y 26,5 en 2016, lo que significa alrededor de 6 veces menos en comparación con julio de 2008 (131 dólares el barril). Como si la caída de los precios no fuera suficiente, también lo hizo la producción venezolana de crudo. Por esta razón, mientras el gobierno obtenía 93.569 millones de dólares en 2012, en 2016 percibía 25.142 millones, es decir la disminución en los ingresos fue de más del 70%.

Con esta crisis, la economía venezolana se contrajo alrededor de 15% en 2017 y ha llegado a reducirse a la mitad desde que comenzó el gobierno de Maduro. También, al tener menos ingresos, las importaciones cayeron (75% de que consumía Venezuela era importado), originándose así la escasez. Como resultado, las empresas aumentaron los precios de dichos productos escasos, acelerando la inflación. Este fenómeno inflacionista también se incrementó debido a que el gobierno aumentó desmedidamente la emisión monetaria para pagar la deuda en moneda nacional y para mantener su modelo deficitario, por el cuál Venezuela gasta más del 20% del dinero que ingresa. Actualmente, según datos del FMI, la inflación será 200.000% en 2019 y 500.000% en 2020.

Con respecto a la deuda externa, al no tener reservas, a China se le pagó con cargamentos de petróleo (579.000 barriles en 2016) y a Suiza con oro, pero los sudamericanos cayeron en default en 2017, es decir dejaron de pagar las deudas, algunos de sus aliados como China le dejaron de prestar dinero y sufrió la aislación internacional.

Las sanciones internacionales a Venezuela

Las primeras sanciones se introdujeron en febrero de 2015 por parte de EEUU, y se basaban en restricciones de visado para funcionarios venezolanos involucrados en corrupción y violación de Derechos Humanos. Estas prohibiciones también se extendían a los familiares. Un mes después, los norteamericanos introdujeron un congelamiento de bienes y activos de siete funcionarios con la intención de castigarlos, pero a la vez evitar dañar a la población y al gobierno en general.

En diciembre de ese mismo año, la oposición tuvo su mayor victoria en los últimos 17 años, triunfando en las elecciones legislativas con un 56% de los votos. En el 2017 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)-controlado por chavistas-, por medio de una jugada calificada como “autogolpe de Estado” por la oposición, declaró a la Asamblea Nacional en desacato, desconoció la validez de las acciones del parlamento y asumió sus funciones. Por esto es que en mayo de 2017 Estados Unidos sancionó a Mikel Moreno (presidente del TSJ) y a 7 miembros de la Sala Constitucional por usurpar las funciones de la Asamblea Nacional y permitirle a Maduro gobernar por medio de un decreto de emergencia.

En julio de 2017, luego de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), encargada de redactar una nueva Constitución, Estados Unidos congeló todos los activos de Maduro que estaban sujetos a la jurisdicción norteamericana. Un mes más tarde, inmovilizó también los bienes de 8 funcionarios relacionados a la ANC.

La Unión Europea en 2017, por su parte, aprobó un embargo de armas y material que pudiera ser utilizado para la represión en Venezuela. Ya en el 2018 impuso sanciones contra funcionarios venezolanos, impidiéndoles entrar al territorio de la organización y a hacer transacciones con personas o entidades dentro de él. Suiza y México apuntaron a seguir este camino congelando activos y prohibiéndole la entrada a determinados funcionarios venezolanos.

Es en el 2018 cuando empiezan a realizarse sanciones que producían algún tipo de impacto en la sociedad: se prohibió a ciudadanos estadounidenses o personas dentro del territorio norteamericano hacer transacciones con cualquier tipo de moneda digital venezolana. Esto apuntaba específicamente al “Petro”.

Panamá tomó también un papel importante en la oposición al régimen bolivariano, no solo sancionando a 55 funcionarios y personas de la élite oficialista venezolana, también impulsando castigos contra 16 empresas que operaban en el país centroamericano.

En el 2019 Estados Unidos intensificó sus acciones contra Venezuela extendiendo sus sanciones a nuevas figuras relacionadas con el gobierno y castigando también a 23 entidades. Más tarde se cancelaron las compras de petróleo a la empresa gubernamental “PDVSA” y se cedió el control de la filial en EEUU “CITGO” a Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y considerado por diversos países como el presidente legítimo de Venezuela. En abril, los estadounidenses sancionaron a 34 embarcaciones que trasladaban petróleo de PDVSA a Cuba.

Es completamente irracional y contradictorio creer que por las sanciones, tanto de Estados Unidos como también de otros gobiernos, es que hoy hay una crisis en Venezuela, sabiendo que ella comienza incluso antes de los primeros castigos, cuando se penaba específicamente a funcionarios venezolanos para evitar perjudicar a los ciudadanos. Si, se puede cuestionar la efectividad de las sanciones como elemento de presión y el impacto social que han tenido dentro de un marco de inestabilidad, pero para nada se debe atribuir a otros países la crisis económica venezolana que comenzó por malas gestiones e inoperancias internas. Hacerlo significaría sacarle responsabilidad y victimizar a un régimen ineficiente, corrupto y antidemocrático que se ha llevado la vida de miles de sus ciudadanos y ha actuado fuera de los márgenes de la ley.