Al mismo tiempo que se desarrolla en el ámbito de la Justicia penal un histórico juicio contra dos sacerdotes y un ex jardinero por abusos sexuales denunciados por ex alumnos del Instituto Antonio Próvolo, en el fuero civil se tramitan unas diez demandas millonarias por los daños y perjuicios ocasionados a las presuntas víctimas.

Los abogados querellantes iniciaron por dos vías estos reclamos: en algunos casos contra el Arzobispado de Mendoza, de la que dependía la Congregación dedicada a la enseñanza para los niños y jóvenes hipoacúsicos y por otro lado, contra la Obra de San José.

Se trata de acciones que, en algunos casos, ya llevan un año de trámite sin que se haya avanzado en audiencias. Otras están más cerca de arribar a esa instancia, abriendo la posibilidad de un acuerdo entre las partes.

Para preservar a las víctimas no trascendieron mayores detalles del tenor de las mismas. Hay casos que se formalizaron en 2018 y otras se han interpuesto a principios de este año.

En los procesos civiles, los ex alumnos del Próvolo que habrían sufrido ataques sexuales por parte de los por sacerdotes Nicola Corradi (83), Horacio Corbacho (61) y el ex empleado, Armando Gómez (51), buscan una reparación económica poniendo de relieve la responsabilidad de estos organismos en litigio.

“Se está avanzando pero muy lentamente. Todavía no hemos tenido audiencia inicial que, en un juicio normal, se produce a los seis meses desde que se interpone la demanda. Nosotros hace un año que venimos contestando los distintos planteos que hizo el Arzobispado”, explicó Juan Manuel Lavado, que representa a los mismos denunciantes asistidos por la organización Xumek.

Hay otros casos que están próximos a llegar a las audiencias iniciales, procedimiento en donde se acuerdan las pruebas que se valorarán en el juicio y si hay medidas pendientes para producir.

Como en el ámbito penal, hay un cúmulo de elementos probatorios: desde testimonios a peritajes psicológicos en donde se evidenciaron en las víctimas rasgos compatibles con traumas por delitos sexuales. Todo esto, ahora se trasladará a la Justicia Civil.

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Fuentes de la Obra de San José afirmaron que las demandas están siguiendo su curso normal, mientras que también apuntaron que en lo laboral, “hemos terminado de pagar a la mayoría del personal de una planta de 50 personas”.

Este medio también intentó consultar sobre la marcha de los procesos civiles a la Arquidiócesis de Mendoza pero no se efectuaron declaraciones.

La venta del Próvolo 

Las indemnizaciones por daño, como los pagos por los años trabajados en el colegio religioso por docentes y otros profesionales, se costearon con la venta del edificio emplazado en la calle Boedo al 300, según remarcaron desde la Obra de San José.

La Municipalidad de Luján de Cuyo compró en septiembre el predio de seis hectáreas por $153 millones y en cuotas.

El acuerdo consistió en un pago inicial de 60 millones de pesos, los cuales según el contrato iban a un fideicomiso para garantizar las indemnizaciones a los niños y a los jóvenes afectados en la causa Próvolo. A casi un año de la operación inmobiliaria, vence la segunda cuota que deberá actualizarse a la cotización de la divisa norteamericana.

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En todo este tiempo, el edificio sufrió una serie de modificaciones para transformarse en el Parque Cívico que abrirá sus puertas después de las elecciones provinciales y donde funcionará la comuna junto a otras reparticiones provinciales y nacionales.

Cómo sigue el juicio penal

Este miércoles se reanuda el debate en el que se juzgan los abusos sexuales y la corrupción de menores en perjuicio de unas 11 personas que estudiaban en el Instituto Antonio Próvolo de Carrodilla.

Esta semana, el Tribunal Penal Colegiado Nº2 resolvió posponer el debate hasta tener el informe final de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo respecto de la capacidad de Gómez.

El imputado que es también sordomudo es analfabeto y según su defensora oficial, Alicia Arlotta, “no puede enfrentar un juicio”.

El peritaje realizado por la Casa de Altos Estudios arrojó que el ex jardinero maneja y se comunica a través del lenguaje de señas, coincidiendo con las conclusiones del Cuerpo Médico Forense al inicio de la investigación en 2016.

Los tres acusados arriesgan una condena máxima de 50 años por la sumatoria de hechos de los que se los acusa.

Están imputados de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser las víctimas menores de 18 años, más la situación de convivencia preexistente con los ex alumnos. También, por la corrupción de menores y, en el caso de Corradi y Corbacho, hay otro agravante que es la condición de ser ministros de culto.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/caso-provolo-la-iglesia-enfrenta-millonarias-demandas-civiles