La caída del consumo, el incremento de los costos y los bajos valores que reciben los productores encendieron las alarmas en la horticultura y la fruticultura de Mendoza. Desde el sector advierten por una reducción de la superficie cultivada, el abandono de fincas y la salida de productores del sistema.
La actividad agrícola mendocina atraviesa un escenario complejo. Los productores de frutas y hortalizas aseguran que la combinación de precios de venta deprimidos, costos crecientes y menor consumo interno está deteriorando seriamente la rentabilidad y pone en riesgo la continuidad de numerosas unidades productivas.
Aunque en las verdulerías algunos productos pueden encontrarse a precios relativamente bajos, desde el sector señalan que esa realidad no se refleja en lo que recibe quien trabaja la tierra. La diferencia entre el valor final que paga el consumidor y el ingreso del productor se convirtió en una de las principales preocupaciones.
A este panorama se suma una disminución de la demanda. Según los productores, las familias priorizan la compra de alimentos indispensables y reducen el consumo de frutas y verduras, una situación que repercute directamente sobre quienes producen.
Menos hectáreas y productores que abandonan la actividad
La crisis comienza a reflejarse en el territorio. Algunos productores decidieron no volver a sembrar, mientras que otros redujeron la superficie destinada a los cultivos. También existen dificultades para afrontar tareas fundamentales como la poda y el mantenimiento de las fincas.
Malvina Luera, integrante de la Asociación de Pequeños Productores de Cuyo, describió la situación como “desoladora” y expresó su preocupación por la pérdida progresiva de personas que pueden sostener su actividad económica vinculada al campo.
En la misma línea, Víctor Giotti, presidente de la Cámara de Productores de la Zona Norte de Mendoza, advirtió sobre el retroceso de las unidades productivas y el avance de la erradicación de cultivos.
Desde el INTA, el ingeniero agrónomo Alejandro García también señaló que la superficie cultivada viene disminuyendo y consideró necesario avanzar en una modernización de los sistemas productivos para responder a un contexto atravesado, además, por dificultades hídricas y laborales.
La preocupación excede la situación económica inmediata. Mendoza cuenta con uno de los principales cinturones verdes del país y una reducción sostenida de la producción podría tener consecuencias a futuro sobre la disponibilidad, frescura, calidad y precio de los alimentos.
Una brecha cada vez mayor entre costos e ingresos
Uno de los principales problemas planteados por los productores es el fuerte desfasaje entre los gastos que deben afrontar y los valores que consiguen por sus cosechas.
Luera relató que productores de brócoli tuvieron dificultades incluso para colocar su mercadería pese a ofrecerla a valores muy bajos. En su caso particular, decidió no sembrar durante esta temporada después de experiencias anteriores con cultivos como cebolla y lechuga.
El problema no termina cuando una finca deja de producir. Los productores deben continuar afrontando gastos como agua, electricidad y mantenimiento, cuyos valores, aseguran, crecieron por encima de sus ingresos.
Giotti graficó la situación al señalar la diferencia entre el precio recibido por determinados productos y el valor que luego observa el consumidor en los comercios. Para los productores, esta distorsión demuestra la existencia de una cadena en la que el incremento de precios no necesariamente se traduce en una mejora para quien produce.
A esto se agregan los costos operativos, que según García aumentaron de manera significativa y dejaron a numerosas explotaciones en una situación financiera cada vez más delicada.
El consumo interno también golpea al sector
La retracción del consumo es otro de los factores que más preocupa al campo mendocino.
Los productores aseguran que las familias están comprando cantidades menores y priorizando aquellos productos considerados esenciales. En consecuencia, una mayor oferta puede encontrarse con un mercado interno debilitado, generando dificultades para comercializar la producción.
También existe preocupación por la competencia de productos provenientes del exterior. Desde el sector sostienen que algunos alimentos importados llegan con valores que dificultan competir en igualdad de condiciones con la producción local.
La combinación de estos factores está modificando incluso las relaciones dentro del sistema productivo. Algunas fincas tienen dificultades para sostener los alquileres y otras directamente quedan sin explotación.
Además, creció la figura de los denominados “porcentajeros”: personas que anteriormente podían administrar o ser propietarias de una finca y que ahora pasan a trabajar bajo un esquema en el que reciben un porcentaje de la producción, asumiendo también el riesgo de una mala cosecha o de no poder venderla.
Preocupación por el futuro de las zonas rurales
Para los representantes del sector, la crisis no puede analizarse solamente desde la rentabilidad de una finca.
La reducción de la actividad agrícola también plantea interrogantes sobre el futuro de las comunidades rurales que dependen directa o indirectamente de la producción. Giotti sostuvo que, para muchos productores, continuar trabajando la tierra no es solamente una cuestión económica, sino también una forma de vida y parte de su identidad.
Tanto desde las cámaras de productores como desde el ámbito técnico se planteó la necesidad de diversificar la matriz productiva, aunque también se advirtió que esa transformación no debería significar el abandono de la agricultura tradicional.
La pregunta que surge es qué ocurrirá con las personas y las localidades cuya economía está estrechamente vinculada con las fincas y la producción primaria si la superficie cultivada continúa retrocediendo.
Reclaman una mesa de trabajo y medidas concretas
Ante este escenario, los productores consideran necesaria una participación más activa del Estado y una estrategia que involucre a todos los sectores de la cadena.
La propuesta apunta a conformar una mesa de trabajo integrada por productores, contratistas, trabajadores y representantes de las distintas actividades agrícolas, con el objetivo de establecer medidas que permitan contener la crisis.
Entre los pedidos aparecen herramientas de financiamiento, facilidades para recuperar maquinaria y poner nuevamente en producción fincas que quedaron abandonadas, además de mecanismos que permitan reducir los obstáculos para invertir.
Desde la Asociación de Productores de Cuyo también plantearon la necesidad de declarar la emergencia agropecuaria.
El reclamo busca que las respuestas no se limiten a una medida puntual, sino que formen parte de un programa integral destinado a recuperar la rentabilidad, estimular el consumo y garantizar condiciones que permitan sostener la producción.
La preocupación central del sector es que, si la tendencia continúa, la crisis deje de ser solamente un problema de los productores y termine afectando a toda la cadena alimentaria y al entramado rural de Mendoza.
