Pese a que el Gobierno dio un giro y habilitó los debates sobre endeudamiento y discapacidad, la oposición sostiene la sesión del próximo miércoles para discutir ambos temas en el recinto. Confía en reunir los 129 diputados necesarios para abrir el debate, aunque los números están ajustados y el oficialismo trabaja para desbaratar el quorum.

La sesión del 9 de septiembre tendrá como objetivo emplazar a las comisiones correspondientes para fijar una fecha de dictamen sobre dos asuntos que los bloques críticos consideran “urgentes”: la creciente morosidad, principalmente entre los jóvenes, y una nueva prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia vencerá a fin de año.

Según un sondeo informal elaborado por LA NACION, los números para reunir el quorum están, por el momento, muy justos. La oposición araña las 129 voluntades con Unión por la Patria (UP), parte de Provincias Unidas, Argentina Federal, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Elijo Catamarca, el Frente de Izquierda y otros monobloques.

Los emisarios políticos del Gobierno, entre ellos el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, trabajan para desarticular la embestida. Apuntan especialmente a gobernadores cercanos a la Casa Rosada, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén), para evitar que sus legisladores ayuden a construir el quorum.

Los libertarios habilitaron la semana pasada los debates en comisión para desactivar la sesión. Tanto Finanzas, presidida por Santiago Pauli, como Discapacidad, encabezada por Gerardo Huesen, convocaron reuniones informativas y fijaron cronogramas de trabajo con el compromiso de dictaminar antes de fin de mes.

Los bloques críticos, sin embargo, desconfían de la voluntad del oficialismo. Consideran que el cronograma busca dilatar la discusión y pretenden imponer desde el recinto plazos concretos que garanticen el avance de los proyectos.

En esa pulseada, los gobernadores vuelven a ocupar un lugar central. Incluso algunos mandatarios con diálogo cotidiano con la Casa Rosada pretenden que ambos debates avancen. Desde hace meses sufren la caída de la recaudación por IVA -el principal impuesto coparticipable- y advierten que buena parte del costo político del ajuste recae sobre las administraciones provinciales.

En materia de discapacidad, los gobernadores advierten que los expulsados por la cobertura nacional terminan recurriendo a hospitales e institutos provinciales, cuya demanda está colapsada. Y las quejas, remarcan, recaen sobre las provincias. Varios mandatarios buscarán reelegirse y no les hace ninguna gracia pagar el costo de la política con la que Milei hace campaña.

Así lo planteó la neuquina Karina Maureira, aliada al gobernador Figueroa, durante la última reunión de la Comisión de Discapacidad. La diputada destacó que el nomenclador del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) paga un 20% más que el nacional y reclamó una respuesta de la Nación. “Si lo podemos hacer nosotros, ¿por qué no podemos hacerlo a nivel nacional?”, cuestionó. Y advirtió que, si no aparece una alternativa superadora, “no nos queda más que apoyar una medida de emergencia prorrogada”.

La estrategia del Gobierno es patear la discusión. El oficialismo pretende que los debates sobre discapacidad y endeudamiento coincidan con la discusión del Presupuesto 2027, que comenzará a tomar forma en los próximos días. El Poder Ejecutivo podría incorporar allí concesiones destinadas a contener a gobernadores y aliados como.

En paralelo, el oficialismo anticipa que presentará propuestas propias sobre ambos temas, aunque hasta ahora no formalizó ninguna iniciativa.

Silvana Giudici, de La Libertad Avanza (LLA) sostuvo que el objetivo es trabajar en “un proyecto coherente” sobre endeudamiento y evitar medidas que, según advirtió, terminen por “quebrar la posibilidad de crédito de 40 millones de argentinos”.

En el Senado, en tanto, permanece sin avances una reforma a la ley de prestaciones básicas de discapacidad que el Gobierno impulsa como alternativa a la emergencia aprobada por el Congreso.

Ese proyecto endurece el acceso a las pensiones. Propone volver al criterio de “invalidez laboral” y excluir a todo aquel que registre un empleo formal. En el Congreso, por caso, hay muchas personas con discapacidad que trabajan de mozos o ejercen alguna otra tarea. La iniciativa también modifica el esquema del nomenclador de prestaciones y deja los valores sujetos a la negociación entre prestadores -terapias, transporte y acompañantes- y obras sociales y prepagas, un cambio resistido por sectores vinculados a la discapacidad y que favorece a las grandes empresas prepagas.

Con este escenario llegará la oposición a la sesión del miércoles. Antes deberá resolver cuáles de los más de 50 proyectos sobre endeudamiento y morosidad buscará priorizar, ya que los emplazamientos deben establecer iniciativas, comisiones y plazos concretos.

Los sectores más pragmáticos pretenden concentrarse en propuestas que no tengan costo fiscal. Buscan evitar que el Gobierno vuelva a encuadrar la discusión en los “degenerados fiscales” y que el impacto sobre las cuentas públicas termine desplazando el debate sobre el creciente endeudamiento de las familias.

La puesta en común será entre este lunes y el martes, en la previa de la sesión. Allí los bloques críticos terminarán de ajustar las voluntades necesarias para abrir el recinto y definirán qué proyectos priorizarán. Del otro lado, el oficialismo fatigará los teléfonos para torcer voluntades y hacer caer la sesión.