En un contexto abierto de renegociación de cientos de convenios de actividades —y por empresa— producto de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y en el marco de la caída del poder adquisitivo que afecta a trabajadores privados, el Gobierno anunció que busca impulsar la creación de un salario mínimo garantizado de más de $1 millón.

A horas de una nueva negociación del Salario, Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que el Gobierno pretende desanclar como referencia del pago de algunas asignaciones cuyos aumentos impactan en la inercia inflacionaria y en el resultado fiscal, y en el intento además de atraer a sindicatos y cámaras empresarias a negociar sobre la mesa de la llamada ultractividad (todavía no comenzó ningún diálogo al respecto entre partes para mejorar la competitividad), fuentes oficiales adelantaron a LA NACION que la Secretaría de Trabajo, que lidera Julio Cordero, impulsa paritarias con un “salario mínimo garantizado” para los nuevos convenios colectivos.

La negociación debería darse ahora gremio por gremio, según cada actividad e incluyendo también a las empresas que tienen su propio convenio. Actualmente, hay 446 convenios de actividad y más de 300 de empresa.

Este medio consultó a las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Cámara de Comercio, pero no obtuvo una respuesta. “Seguro que hay quienes están por debajo (del $1.070.000 bruto) y es bueno que aumente el poder adquisitivo, siempre que el empleador esté en condiciones de pagar. Las paritarias, al ser acuerdo de partes, deben ser libres”, dijo el presidente de una importante cámara empresaria, que prefirió esperar los detalles oficiales para dar una opinión con nombre y apellido sobre la iniciativa de Trabajo.

En el Sindicato de Comercio —la paritaria que más empleados agrupa actualmente en la Argentina—, un trabajador de “Maestranza A, sin antigüedad y jornada completa” gana como mínimo $1.159.000 brutos.

En mayo de este año, último dato de SIPA publicado y procesado por la Secretaría de Trabajo, la mediana del salario privado era de $1,6 millones, mientras que el nivel promedio llegaba a $2,1 millones.

De acuerdo a los números del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), hay 6 millones de trabajadores privados formales, de los que 5,2 millones están bajo algún convenio colectivo. “Los que están fuera de regulación colectiva son solo 600.000″, dijo un técnico que prefirió el off the record.

Actualmente, el mercado laboral argentino se divide de la siguiente manera: están los mencionados 6 millones formales; hay unos 3,5 millones de empleados públicos; otros 3,5 millones de autónomos, monotributistas y trabajadores de casas particulares; y unos 7 millones de informales. En los últimos años fue creciendo el trabajo en negro y el cuentapropismo. Para el Gobierno, es una tendencia de transformación del mercado de trabajo, mientras que muchos especialistas creen que es una precarización laboral.

“Ahora lo tienen que negociar los sindicatos con las cámaras y después Trabajo lo homologa”, contaron las fuentes sobre las negociaciones que se abrirán en el marco de la ultractividad con este anzuelo. “Ya se lo estamos comunicando, sobre todo a las que tienen salarios por debajo de eso, como Maestranza, Uocra (construcción) y Sanidad”, agregaron desde el Gobierno.

Cerca de Cordero dijeron que seguirá sin haber una variación mensual piso que funcione de referencia para la negociación paritaria, pese a que en los últimos años el Gobierno trabajó con números cercanos a la inflación, hoy cercana al 2%. “No hay ningún número mágico. La idea es que los aumentos de sueldos no se trasladen a los precios; esa es la única directiva”, aclararon.

Consultados en la CGT, desconocieron la intención oficial. “Parece más una operación del propio Gobierno”, dijo a LA NACION Jorge Sola, uno de los triunviros de la central obrera. Luego aclaró: “No me parece mal siempre que vaya más plata al bolsillo de los laburantes y eso implica subir el porcentaje”.

“Para nosotros, la paritaria debe ser libre acuerdo entre partes. No un ancla más de la baja de la inflación. Así se baja el consumo. Se pierde poder adquisitivo. Y por ende se produce endeudamiento familiar”, completó el sindicalista sobre las negociaciones que podrían venir.

En junio, según el Iaraf, los salarios privados registrados crecieron un 1,9% frente a mayo. Los del sector público nacional tuvieron una baja real de 0,7%. “Si se considera la variación real interanual de los salarios, se aprecia una caída del sector público provincial (-2,9%) y una mayor caída del sector público nacional (-7,5%). En el caso del sector privado registrado, la baja real interanual fue del -3%”, estimó la consultora de Nadin Argañaraz.

En lo que va del año, el salario privado registrado muestra una baja real del 3,2% con relación a igual periodo de 2025, según Indec. Frente a noviembre de 2023, los privados están 3,6% debajo, y los del sector público, un 37,7% debajo, si se contemplan los sueldos nacionales, y 9,7%, los provinciales.

Según datos del Sistema Previsional Argentino (SIPA), el promedio de los salarios del trabajo registrado privado está prácticamente a niveles de noviembre de 2023 (-0,6%). Sin embargo, los trabajadores bajo convenio están un 6,5% hoy por debajo de lo que percibían en noviembre de ese año.

La novedad oficial se da en la previa del llamado a la renegociación del SMVM, que se realizará mañana a las 12 por Zoom. Según información que difundió el Gobierno la semana pasada, “apenas el 1% de la población asalariada del país percibe remuneraciones que se ubican por debajo del valor del SMVM”.

Entre los trabajadores con empleo asalariado registrado del sector privado y del sector público, agregaron las fuentes oficiales, menos del 0,2% perciben salarios por debajo del salario mínimo, que en el primer trimestre de este año tenía un valor promedio de $346.733. El salario mínimo se usa principalmente con la finalidad de actualizar los ingresos de otros segmentos de la población distintos a los que están amparados por la negociación colectiva, más precisamente los trabajadores informales.

Cada vez que se actualiza el SMVM, también lo hacen –en la misma magnitud– la asignación de dinero que perciben las personas titulares del programa de “Acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales” (PAE) y el monto que debe alcanzar la jubilación mínima del régimen contributivo con aportes completos (82% del SMVM), al que se suma un bono adicional, según aclararon en el Gobierno. Ese impacto fiscal busca ahora morigerarse.