La comuna que conduce Omar Félix gestiona un crédito de $10.000 millones ante el Banco Nación para ejecutar un ambicioso plan de infraestructura. Guaymallén, Ciudad de Mendoza y Malargüe también avanzan con distintos esquemas de financiamiento para afrontar la caída de recursos y mantener sus inversiones.

El Municipio de San Rafael se encuentra en la etapa final de las gestiones para acceder a un crédito de hasta $10.000 millones otorgado por el Banco de la Nación Argentina, una herramienta financiera que permitirá sostener el plan de obra pública previsto para 2026 en un contexto de menor actividad económica y reducción de los ingresos municipales.

Se trata de una decisión histórica para la comuna, ya que es la primera vez en más de dos décadas de gestión de los hermanos Omar y Emir Félix que el municipio recurre a un préstamo bancario de esta magnitud para financiar infraestructura.

La autorización para contraer el endeudamiento fue aprobada por unanimidad por el Honorable Concejo Deliberante mediante la Ordenanza 15.604, aunque el desembolso de los fondos todavía depende de la finalización de distintos trámites administrativos y de las autorizaciones correspondientes tanto a nivel provincial como nacional.

Desde el Ejecutivo municipal indicaron que el objetivo es contar con los recursos antes de fin de año para garantizar la continuidad de las obras planificadas y evitar que el freno en la recaudación y la disminución de la coparticipación afecten el ritmo de inversión pública.

Un crédito que tendrá fuerte impacto en el presupuesto

El financiamiento representa un porcentaje significativo de las cuentas municipales. El presupuesto aprobado por San Rafael para 2026 asciende a $99.600 millones, de los cuales más de $21.600 millones estarán destinados a obra pública.

En ese escenario, el préstamo equivale aproximadamente al 10% del presupuesto total y cubriría cerca de la mitad de toda la inversión prevista en infraestructura durante el año, convirtiéndose en una pieza clave para sostener el desarrollo de proyectos estratégicos.

La administración municipal sostiene que la alternativa del crédito ofrece condiciones financieras más convenientes que los adelantos de coparticipación otorgados por la Provincia, ya que contempla un plazo de devolución de cuatro años, hasta seis meses de gracia y un esquema de amortización que reduce progresivamente el capital adeudado.

Las obras que financiará el empréstito

La ordenanza establece un listado específico de 14 proyectos que podrán ejecutarse o finalizarse con estos recursos, priorizando obras de infraestructura urbana, servicios básicos y espacios públicos.

Entre las inversiones más importantes figura la culminación del Gasoducto de San Rafael, para la cual se prevén $4.500 millones. También se destacan más de $2.278 millones destinados a la recuperación de la red vial mediante trabajos de asfaltado, además de intervenciones en plazas, redes de agua potable y cloacas, urbanización de barrios y mejoras en clubes deportivos de distintos distritos.

Varias de esas obras ya presentan distintos grados de avance, mientras que otras comenzarán una vez que el municipio disponga del financiamiento.

Una tendencia que se replica en Mendoza

La decisión de San Rafael no es un hecho aislado. Durante este año otros municipios mendocinos también recurrieron a distintas herramientas de financiamiento para sostener inversiones en infraestructura frente a un escenario económico complejo.

Malargüe obtuvo autorización para tomar un crédito de hasta $2.400 millones con el Banco Nación, del cual ya ejecutó una parte.

Por su parte, Guaymallén recibió el visto bueno provincial para gestionar un financiamiento de hasta $10.000 millones mediante la emisión de un bono verde destinado a la construcción del Parque Solar Municipal, aunque la operación aún espera las autorizaciones nacionales correspondientes.

En tanto, la Ciudad de Mendoza fue habilitada para acceder a un préstamo por el mismo monto con el Banco Galicia, aunque hasta el momento tampoco concretó la utilización de esos fondos.

Este panorama refleja una estrategia cada vez más utilizada por los gobiernos municipales para sostener la inversión pública frente a la disminución de los recursos propios y de las transferencias que reciben desde otros niveles del Estado.

Control legislativo y seguimiento de los fondos

Uno de los aspectos incorporados a la ordenanza es el mecanismo de control sobre la utilización del crédito.

La normativa obliga al Departamento Ejecutivo a presentar informes trimestrales al Concejo Deliberante con el detalle del estado de la deuda, el cronograma de pagos y el avance físico y financiero de cada una de las obras financiadas.

De esta manera, el cuerpo legislativo realizará un seguimiento permanente de la ejecución de los recursos, garantizando transparencia en la administración del empréstito y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Mientras se aguarda el desembolso definitivo, el municipio considera que este financiamiento será determinante para mantener la continuidad del plan de infraestructura y evitar que el contexto económico frene obras consideradas estratégicas para el desarrollo de San Rafael.