El ministro de Economía aseguró que Argentina podrá afrontar vencimientos por casi US$45.000 millones entre 2026 y 2027 sin dificultades de refinanciación. Además, planteó como meta que el país alcance el grado de inversión hacia 2031, al cierre de un eventual segundo mandato presidencial de Javier Milei.

El Gobierno nacional presentó este lunes su programa financiero para 2026 y 2027 con un mensaje dirigido tanto a los mercados como a los inversores. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Argentina podrá afrontar vencimientos de deuda por casi 45.000 millones de dólares durante los próximos dos años sin inconvenientes de refinanciación y sostuvo que el objetivo de largo plazo es que el país recupere la calificación de «grado de inversión» hacia 2031.

Durante una conferencia de prensa junto a integrantes del equipo económico, Caputo detalló que las necesidades de financiamiento ascienden a 19.200 millones de dólares en 2026 y a 24.900 millones en 2027. Esos montos incluyen pagos de capital e intereses de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), otros organismos internacionales y diferentes compromisos financieros.

Según explicó el funcionario, las proyecciones oficiales fueron elaboradas con supuestos «muy conservadores» y contemplan un saldo financiero favorable de aproximadamente 3.700 millones de dólares para este año. Ese excedente, indicó, funcionará como un colchón para afrontar 2027, un año electoral que históricamente suele estar acompañado por mayores tensiones económicas.

«No va a haber ningún problema en los refinanciamientos de 2026 y 2027», afirmó Caputo, quien buscó transmitir confianza sobre la capacidad del Gobierno para cumplir con sus compromisos financieros.

El esquema de financiamiento contempla emisiones en el mercado local, préstamos de organismos multilaterales y otras fuentes de recursos. Aunque el ministro reconoció que la Argentina mantiene abierta la posibilidad de volver a los mercados internacionales, aclaró que el Gobierno no prevé hacerlo en el corto plazo porque prioriza obtener financiamiento al menor costo posible.

En ese sentido, recordó que anteriormente existieron ofertas para emitir deuda por 5.000 millones de dólares a diez años con tasas cercanas al 12,5% anual, una alternativa que el Ejecutivo decidió no tomar por considerarla demasiado costosa.

«La diferencia entre financiarse al 6% o al 12,5% representa un menor esfuerzo fiscal y permite destinar esos recursos a seguir reduciendo impuestos o fortalecer las cuentas públicas», argumentó.

Caputo también sostuvo que uno de los desafíos de la política económica será reducir progresivamente la dependencia del financiamiento externo y profundizar el desarrollo del mercado de capitales local.

Privatizaciones como fuente de recursos

El programa financiero incorpora además ingresos provenientes del proceso de privatizaciones impulsado por el Gobierno. El equipo económico estima obtener alrededor de 800 millones de dólares en 2026 y unos 1.500 millones en 2027.

Tras concretarse la privatización de Transener, el Ejecutivo espera avanzar durante este año con la venta de AySA y de las centrales termoeléctricas Belgrano y San Martín.

La apuesta al grado de inversión

Uno de los anuncios de mayor proyección fue la meta planteada para 2031. Caputo aseguró que el Gobierno trabaja con el objetivo de que, al finalizar un eventual segundo mandato de Javier Milei, la Argentina recupere la calificación de «grado de inversión», una categoría que facilitaría el acceso al crédito internacional y reduciría el costo del financiamiento.

El país perdió esa condición tras años de restricciones cambiarias y controles de capital, y actualmente permanece dentro de la categoría de «mercado independiente» (standalone).

El ministro explicó que el equipo económico mantiene conversaciones con las principales calificadoras de riesgo y aseguró que dos de ellas consideran que alcanzar esa meta es «difícil, pero posible», siempre que se consolide la estabilidad macroeconómica y continúen las reformas económicas.

Según Caputo, lograr esa calificación implicaría fortalecer la confianza de los inversores, consolidar una inflación en niveles internacionales, estabilizar el mercado cambiario y generar un entorno más favorable para la llegada de inversiones.

Con esta presentación, el Gobierno buscó enviar una señal de previsibilidad financiera para los próximos años y reforzar la estrategia oficial de sostener la estabilidad económica como principal argumento de gestión de cara al calendario electoral de 2027.