Javier Milei deberá comenzar a enmendar el daño que su motosierra provocó en las universidades públicas. La Corte Suprema de Justicia argentina rechazó este jueves el planteo elevado por el Gobierno ultra para no aplicar la ley de financiamiento universitario, aprobada el año pasado por el Congreso nacional con amplio respaldo político y social. Así, quedó vigente una medida cautelar que le ordena al Ejecutivo actualizar –según la inflación acumulada– los sueldos de los profesores y demás empleados de las casas de estudios, además de las becas estudiantiles.

“Es una extraordinaria noticia no solo para la comunidad universitaria, sino también para las instituciones de la nación”, celebró Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Según las estimaciones del organismo, desde que gobierna Milei las universidades perdieron más del 45% de sus recursos.

El fallo que dio la espalda a las pretensiones de la motosierra presidencial fue firmado por unanimidad por los jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los tres magistrados desestimaron la presentación del Ejecutivo porque se dirigía contra una medida cautelar que, advirtieron, “no reviste el carácter de sentencia definitiva o equiparable a tal a los fines del recurso extraordinario”.

La ley de financiamiento universitario fue el resultado de un sostenido reclamo de profesores, estudiantes y autoridades académicas, que cosechó apoyos de casi todo el espectro político –la ultraderecha fue la única excepción– y contó con amplio respaldo social, expresado en multitudinarias manifestaciones realizadas en todo el país. La ley se limita a aumentar los presupuestos del sector a los valores reales vigentes en 2023, antes de que comenzara la gestión de Milei, actualizándolos según la inflación. El presupuesto destinado este año por el Gobierno a las universidades preveía 4,8 billones de pesos (unos 3.200 millones de dólares) y la ley supondría una asignación adicional cercana a 3 billones de pesos (unos 2.000 millones de dólares).

Desde que fue aprobada por el Congreso, Milei intentó voltear la ley de financiamiento universitario. Primero la vetó, pero las cámaras de Diputados y Senadores rechazaron el veto con mayorías agravadas. Luego buscó derogarla indirectamente con la ley en el presupuesto 2026, pero otra vez el Parlamento votó en contra. Aun así, el presidente no cumplió la norma: con un decreto, declaró “suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento”.

Las universidades, a través del CIN, recurrieron a los tribunales judiciales a fines de 2025. En primera y en segunda instancia, la justicia dictó una medida cautelar para que, mientras se dirime la cuestión de fondo, el Ejecutivo comience a pagar los aumentos previstos en la ley para salarios y becas.

El juez original del caso, Martín Cormick, sostuvo en su fallo, al dictar la medida cautelar, que ante el rechazo de un veto presidencial la Constitución solo prevé “la efectiva aplicación de la ley que se trata” y que el decreto de Milei negándose a aplicar la norma parece “reñido con el principio de división de poderes” e incurriría en “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, prolongando un “deterioro salarial” que afecta el derecho constitucional a enseñar y aprender. El Ejecutivo recurrió entonces a la Corte Suprema, pero su planteo fue finalmente denegado este jueves.

Hace 15 días, el Gobierno y las universidades habían alcanzado un acuerdo preliminar para comenzar a mejorar los ajustados sueldos de los profesores y demás empleados del sistema educativo superior. El acuerdo prevé un incremento salarial del 24%, mientras que, según estiman los sindicatos docentes, aplicar la ley supondría un aumento cercano al doble. Ahora la comunidad académica cuenta con respaldo judicial para exigir la aplicación total del financiamiento aprobado y repetir la consigna que fue eslogan en las últimas marchas universitarias: “Milei, cumplí la ley”.