-“No tuve explicación”, respondió la mujer, empleada de la entonces AFIP.

-“¿Implicó un retroceso en su carrera?”, indagó la fiscal.

-“Para mí… sí”, contestó la mujer, cargada de dudas.

El intercambio se produjo este jueves, entre la fiscal del juicio de los Cuadernos de las Coimas, Fabiana León, y Verónica Iglesias, una de las empleadas de la agencia recaudatoria que detectó inconsistencias contables en las firmas de algunos de los empresarios investigados que celebraron contratos con el Estado durante los gobiernos kirchneristas.

Iglesias, que después de aquella fiscalización pasó de jefa a asesora, integra el bloque de testigos solicitado por la fiscalía para intentar alumbrar algunas de las presuntas maniobras diseñadas para que empresarios como Juan Carlos de Goycoechea, Carlos Wagner, Angelo Calcaterra o Juan Carlos Lascurain pudieran disponer libremente de los adelantos destinados a la obra pública.

En líneas generales, sus empresas −Isolux, Fainser, Sacde o Esuco− conformaban una alianza transitoria con otras firmas (una UTE), para un proyecto de obra pública puntual. En el caso de Isolux, fue la Usina Termoeléctrica de Río Turbio, adjudicada en 2007 por más de 2000 millones de pesos, una cifra cercana a los 670 millones de dólares.

Las firmas recibían del Estado un adelanto de obra o algún tipo de pagos parciales y contrataban luego los servicios de proveedores o subcontratistas que, a los ojos de ARCA, eran “contribuyentes no confiables”: es decir, proveedores que emitían facturas de dudosa consistencia.

Los empleados de la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) llamados a declarar detectaron salidas de dinero sin contraprestación comprobada, que les permitían a los empresarios reflejar en sus registros contables y fiscales esos movimientos como si se tratara de pagos comerciales ordinarios, vinculados a la obra que tenían a su cargo.

“Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa”, declaró, a su turno, María Marta Criscuolo, otra de las empleadas de la ex-AFIP que estuvo involucrada en las pesquisas.

Criscuolo se refería a información que le brindó el banco Santander Río sobre Sacde, la ex Iecsa SA, entonces en manos de Angelo Calcaterra −primo del expresidente Mauricio Macri−, y a Héctor Javier Sánchez Caballero. Iecsa integró una UTE diseñada para ejecutar el multimillonario pero fallido soterramiento del tren Sarmiento.

“Nosotros lo que pudimos ver, a través de bases informáticas del organismo, es que la UTE −de Iecsa− en ese período había realizado operaciones de compra de dólares para tenencia. Nosotros circularizamos a la empresa y nos informaron que los dólares habían sido entregados a apoderados de la UTE en efectivo”, dijo Criscuolo. “Creo que había adquirido tres millones de dólares. No me acuerdo si habían sido en dos o tres operaciones de compra de dinero para tenencia”, agregó.

Al igual que Iglesias, la contadora Criscuolo “perdió el cargo” de supervisora, según dijo en la audiencia, en 2020, cuando pasó a confeccionar sumarios. “No me dieron los motivos”, le dijo a la fiscal León.

Andorra es un destino con peso propio en el expediente Cuadernos. El fallecido exsecretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, dueño de una fortuna que destinó a la compra de lujosos inmuebles en el país, en Nueva York y el Caribe, creó una estructura societaria en Andorra, según pudo reconstruir la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa y representada por Mariano Galpern.

Se acreditó, por caso, que en septiembre de 2013, desde una cuenta en la Banca Privada de Andorra a nombre de Todisco, se realizó una transferencia de 1.000.000 de dólares hacia una cuenta de un estudio jurídico en Miami. Ese dinero se utilizó luego para la compra de un departamento en el exclusivo edificio Turnberry Ocean.