La propuesta se inserta en un área que atravesó una crisis política tras la salida de Demián Reidel de la conducción de Nucleoeléctrica, una figura central del plan nuclear impulsado originalmente por Javier Milei. Su alejamiento, en medio de fuertes cuestionamientos internos, denuncias por contrataciones y una creciente disputa entre organismos del área, dejó expuestas las tensiones entre Nucleoeléctrica, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Secretaría de Asuntos Nucleares.

El texto, elaborado por la Secretaría de Asuntos Nucleares que conduce Federico Ramos Napoli, hombre que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, estableció cuatro objetivos jerarquizados para el sector.

El primero es el desarrollo de exportaciones nucleares de alto valor agregado; luego aparecen la seguridad energética, la preservación y desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales y, finalmente, el liderazgo regional y el posicionamiento geopolítico.

El documento aclaró que esa jerarquización opera en “sentido fuerte”, es decir, que cuando dos objetivos entren en tensión deberá prevalecer el de mayor rango. En los hechos, la generación de divisas pasa a convertirse en el criterio principal para evaluar proyectos e inversiones del sector.

Según los lineamientos, la estrategia deberá concentrarse en aquellos segmentos donde la Argentina cuenta con “capacidades instaladas, conocimiento acumulado y oportunidades de mercado”.

El texto también realizó una autocrítica sobre la trayectoria nuclear argentina. Aunque destacó que el país integra el grupo reducido de naciones que dominan la totalidad del ciclo del combustible nuclear, sostuvo que durante décadas no logró transformar esas capacidades en una industria exportadora de escala.

Más adelante, agregó que el sector cuenta con capacidades cuya capitalización aún no se completó y que el desafío consiste en cerrar la brecha entre el conocimiento acumulado y los resultados económicos obtenidos.

En la misma línea, los lineamientos cuestionaron la continuidad de proyectos que no generan resultados verificables y advirtieron sobre el riesgo de sostener iniciativas por inercia. “Lo que el país hizo bien lo sostuvo durante décadas, y lo que hizo mal lo sostuvo también durante décadas”, planteó el texto al repasar la evolución histórica del sector.

Para alcanzar ese objetivo, el Gobierno propuso una redefinición del vínculo entre el Estado y las empresas. Uno de los seis principios rectores de la nueva política establece explícitamente que el sector privado debe actuar como “socio del Estado”.

El documento sostiene que la función estatal es conducir estratégicamente el sector, definir prioridades y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales, mientras que las actividades productivas pueden desarrollarse bajo esquemas empresariales con participación privada.

Según el diagnóstico de la Secretaría, la energía nuclear atraviesa una etapa de relanzamiento global impulsada por la necesidad de contar con generación eléctrica libre de emisiones, la creciente demanda energética asociada a la inteligencia artificial y la búsqueda de proveedores alternativos en las cadenas de suministro del ciclo del combustible nuclear.

Los lineamientos no avanzan sobre proyectos concretos. El propio texto aclara que no constituye un plan nuclear con cronogramas, recursos asignados o inversiones definidas, sino un marco doctrinario para orientar futuras decisiones.