El proyecto había sido votado en 2024 por la Cámara de Diputados y llevaba más de un año y medio demorado en el Senado por falta de apoyo político. Ese obstáculo se logró superar durante el pasado mes de marzo, a pesar de las disidencias planteadas por el kirchnerismo.

La ley incorpora un nuevo mecanismo para incentivar el blanqueo de la tenencia legítima de armas a partir de la aplicación de métodos que agilizan y simplifican la presentación de la declaración ante las autoridades nacionales, la cual podrá hacerse de manera virtual.

El proyecto fue informado por la senador Carolina Losada (UCR-Santa Fe), quien destacó que lo más importante del programa “es la trazabilidad” de la portación de armas, ya que la información se va a cruzar con datos aportados por la justicia.

En ese sentido, Losada destacó que gracias a este procedimiento, una persona que tenga una medida judicial, como una perimetral, perderá de manera automática el permiso para portar armas.

El kirchnerismo cuestionó la iniciativa con el argumento de que la facilidades que otorga la ley para la obtención del permiso para la tenencia de armas “van a traer más miedo, más muerte y más inseguridad para los argentinos”, como afirmó Martín Soria (Río Negro).

También apuntaron sus críticas a las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei que flexibilizaron las condiciones para la adquisición de armas de guerra y de implementos, como silenciadores y miras infrarrojas.

“Esta ley es la frutilla del postre porque, por un lado te permito comprar silenciadores, y por el otro, te hago un blanqueo para que lo puedas declarar”, se quejó Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). “Todos sabemos que un arma de fuego en un hogar crea violencia, genera oportunidad para el suicidio”, alertó la legisladora.

La réplica del oficialismo no se hizo esperar. “Pensar que esta ley es armar a la gente es absolutamente equivocado, no busquen fantasmas en esto”, afirmó Patricia Bullrich (LLA-Capital). “Esta es una ley bien pensada, que genera trazabilidad y que va a modernizar el sistema y sólo van a poder andar por las calles las armas con portación, y para tenerla las condiciones son díficiles”, agregó.

Uno de los procedimientos contemplados en la ley es el beneficio para quienes renueven su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos de su vencimiento, los que se verán exentos de tener que volver a acreditar la idoneidad en el manejo de armas ante el Registro Nacional de Armas de Fuego (Renar).

La norma también declara la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, el que seguirá vigente hasta el 31 diciembre de 2027. Este régimen permite deshacerse de manera anónima y, por lo tanto, sin consecuencia legales a quienes tengan en su poder armas no declaradas, las que serán dispuestas para su posterior destrucción.

En el proceso, no se piden datos personales, ni se verifica el origen del arma. El trámite se inicia de manera virtual, a partir del ingreso del número de serie del arma en el sistema del Renar con el objetivo de comprobar que no hay un pedido de secuestro judicial sobre el armamento.

Como estímulo, el programa contempla un incentivo económico, un cupón de pago canjeable por dinero en efectivo. Una vez entregada en los puestos autorizados, el arma es inutilizada en el momento para su posterior destrucción total.

Al defender en el Senado la extensión del programa, el director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (Renar), Juan Pablo Allan, destacó que con las facilidades otorgadas se incrementó en un 20% la cantidad de armas registradas en los últimos dos años, que pasaron de 300.000 a 360.000.

“Las órdenes que recibimos fueron muy claras. Los ejes de la gestión son digitalizar todo el RENAR y hacer que estar dentro de la ley sea fácil. Y eso hemos hecho y hoy lo vemos en las cifras”, explicó Allan cuando expuso ante los miembros de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales a principios de marzo último.