El ministro de Economía, Luis Caputo, publicará próximamente los detalles sobre cómo la Argentina afrontará los pagos de la deuda hasta el final del mandato de Javier Milei en 2027, según anticipó a LA NACION una fuente con conocimiento directo del tema. En el Palacio de Hacienda consideran que el oficialismo llegará a la próxima contienda presidencial con buenas chances de reelección y que eso reducirá las probabilidades de una crisis financiera como la del año pasado. Igual trabajan para llegar a los comicios con mayores “colchones” de reservas y financiamiento.

La idea de Caputo, que pidió a su equipo preparar un documento explícito de su hoja de ruta, es mostrar cómo piensa cubrir los vencimientos para despejar una de las principales dudas que hoy aparecen entre inversores, bancos internacionales y el propio Fondo Monetario Internacional (FMI): cómo hará la Argentina para cumplir sus compromisos y al mismo tiempo atravesar el próximo período electoral sin una nueva crisis cambiaria.

“El desafío central es asegurar fuentes de financiamiento antes de la elección presidencial”, advirtió el banco estadounidense, que estimó que, aun con un rollover del 100% de la deuda en pesos, la Argentina enfrenta una brecha de financiamiento cercana a US$10.000 millones en 2027. Esa cifra podría reducirse a la mitad si el Banco Central logra refinanciar los vencimientos de las operaciones repo que mantiene con bancos internacionales.

El resumen que hace Economía es que las colocaciones de Bonares con vencimiento en 2027 y 2028 sumarían unos US$4000 millones, a lo que se agregarían al menos otros US$4000 millones de préstamos de bancos privados internacionales garantizados por organismos multilaterales —aunque en el equipo económico creen que esa cifra podría ser mayor— y cerca de US$2500 millones entre privatizaciones y ventas de activos. En total, la estrategia oficial apunta a reunir alrededor de US$10.500 millones.

El FMI, sin embargo, hace una cuenta más amplia sobre las obligaciones en moneda extranjera que enfrentará el sector público argentino. Según el staff report de la segunda revisión del acuerdo, el “government” —que incluye al Tesoro y otros organismos públicos, pero excluye al Banco Central— deberá afrontar en 2027 vencimientos por unos US$25.000 millones. De ese total, alrededor de US$16.000 millones corresponden a pagos de capital y otros US$9000 millones a intereses. Dentro de esa cifra aparecen compromisos con bonistas privados, el propio FMI, otros organismos internacionales y acreedores bilaterales.

En el Gobierno creen que una consolidación de la desinflación y una recuperación sostenida de la actividad permitirían mejorar el apoyo social al programa libertario. Avanzar en la hoja de ruta oficial, además, reduciría el riesgo país a niveles compatibles con una reapertura parcial del mercado internacional a tasas razonables más temprano que tarde.

“La cuenta de almacenero” sobre cómo cubrir esos vencimientos es seguida muy de cerca por Wall Street. Así la definió ante LA NACION Joydeep Mukherji, managing director y líder de soberanos para América de S&P, una de las calificadoras más importantes del mundo.

En paralelo, el BCRA trabaja con bancos internacionales en la refinanciación de los US$6000 millones correspondientes a las tres operaciones repo actualmente vigentes. La novedad había sido anticipada por la agencia Bloomberg. También se analizan alternativas para los cerca de US$2000 millones de pagos asociados a los Bopreal, según supo este medio, los títulos emitidos para ordenar la deuda comercial heredada. Entre las opciones aparecen nuevas emisiones, canjes o incluso pagos en efectivo.

El enfoque oficial coincide con varias de las advertencias que el FMI dejó planteadas en la segunda revisión del acuerdo con la Argentina. El organismo remarcó la necesidad de que el país recupere “acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales” para refinanciar los fuertes vencimientos en moneda extranjera y reducir gradualmente la exposición del Fondo al país.

El documento además reveló que el tramo activado del acuerdo de estabilización financiera con el Tesoro de los Estados Unidos (ESF) por US$2500 millones -de los US$20.000 millones totales- fue reemplazado a fines de 2025 por una línea equivalente del Banco de Pagos Internacionales (BIS), que el Gobierno espera cancelar hacia fines de 2026.

También señaló que el BCRA se encuentra “muy avanzado” en la extensión del swap con el Banco Popular de China por unos US$18.000 millones y en la refinanciación del tramo activado de US$5000 millones que vence en agosto. El acuerdo aparece hoy como una vía importante para aliviar necesidades financieras de corto plazo, aunque el FMI continúa excluyéndolo de la medición de reservas netas.

El BCRA compró casi US$9000 millones desde comienzos de este año mediante el nuevo programa diario de compra de divisas. Según el organismo, las reservas netas aumentaron unos US$4800 millones en lo que va de 2026, aunque continúan en niveles considerados “bajos” y todavía muy dependientes de líneas extraordinarias de financiamiento, como fue el caso del segundo salvataje de Donald Trump en 2025. El primero había sido el apoyo a un desembolso de US$12.000 millones en el nuevo programa con el FMI.

El Fondo también dejó explícita una advertencia que hoy domina las conversaciones financieras sobre la Argentina: las elecciones presidenciales de 2027 aparecen como uno de los principales riesgos del programa económico. El organismo sostuvo que las “incertidumbres políticas” podrían afectar la acumulación de reservas, el acceso al financiamiento y la continuidad de las reformas si aumentara la volatilidad.

En Economía rechazan ese escenario y aseguran que la situación de cara a 2027 es distinta a la de otros años electorales. Argumentan que el equilibrio fiscal, la menor cantidad de pesos en circulación respecto a la mayor disponibilidad de reservas esperada y la transformación de la Argentina en exportador neto de energía reducen significativamente las chances de corrida. También sostienen que quedó demostrado que “apostar contra el peso” dejó pérdidas durante buena parte de la gestión libertaria y destacan el margen de intervención del Banco Central en el mercado de futuros para contener eventuales episodios de tensión cambiaria.