La escuela 4-143 El Algarrobal de Las Heras fue una de las tantas en las que se activó la alarma por la aparición de mensajes amenazantes acerca de un presunto tiroteo. El caso generó interés mediático, entre otras cosas, por la preocupación de la comunidad y las denuncias por falta de respuestas por parte de las autoridades del establecimiento. Es por eso que mientras se profundizan las circunstancias de los mensajes, también se activó una investigación contra el director.

La noticia fue confirmada a este medio por fuentes de la DGE. Lo señaló también la jefa de Gabinete del Ministerio de Educación de Mendoza, Daniela García. Requiere analizar cómo fue el proceder tras el hallazgo de la amenaza en el baño de la escuela y también si hay antecedentes. Aunque reconocen que este proceder está influido por la falta de antecedentes similares que permitan tener un protocolo claro con los pasos a implementar. De hecho, la Dirección General de Escuelas ya avanza en el desarrollo del escrito mientras activó una metodología temporal para abordar casos similares en lo inmediato.

Cronología de la amenaza y el accionar directivo

El cartel fue descubierto por lo chicos y lo hicieron circular en los grupos de WhatsApp. Así llegó a los papás que, preocupados, reclamaron explicaciones. Denunciaron este miércoles que las autoridades de la escuela no se las dieron. Al contrario, emitieron una comunicación vía cuaderno de notificaciones de los chicos, pidiendo a los padres “hablar con sus hijos sobre los rumores que se difundieron“.

Los padres denunciaron el caso al 911 y la Policía Científica llegó al lugar. La dirección ordenó un dictado para que los alumnos escriban y así poder comparar la caligrafía con la del cartel, iniciando un mecanismo de investigación interna de la escuela sin dar aviso a superiores en la DGE. Luego, le confirmaron a El Sol que ese dictado fue requerido por la propia Policía.

El caso se mediatizó y recién ahí tomó intervención la DGE. A la escuela llegó la directora de Acompañamiento Escolar, Carina Gannam, quien reconoció: “Han habido errores, omisiones y situaciones que se podrían haber hecho de manera más expeditiva. Justamente porque fue una situación fuera de lo protocolar. El director activó lo que consideró y a veces las situaciones se desbordan”.

Los padres denuncian que el director “no actuó como debía porque desconocía cómo se procede en estos casos“. Pero la DGE insiste en la falta de herramientas actuales para proceder. Por eso ahora emitieron una metodología mientras se trabaja en el protocolo.

El protocolo que se estableció desde ahora

En principio, el directivo no convocó a los cargos jerárquicos superiores antes de la intervención policial para que haya un abordaje preventivo desde el inicio, como sí hubo durante la tarde del día del hallazgo.

Ahora, la metodología requiere primero una advertencia a la línea de emergencias 911 y luego una comunicación al superior. Se le da intervención a la DAE, a Supervisión y a la Dirección de Nivel. También el Servicio de Orientación Escolar (SEO) para abordarlo a nivel salud mental. Inmediatamente después se apela a la preservación de la evidencia (hacer fotografías) y posterior eliminación para evitar la viralización.

Tras esto, se debe poner en conocimiento a los padres mediante un comunicado oficial de la institución que transmita previsibilidad y la gestión de riesgos. Aquí es importante no replicar la amenaza. En este contacto se debe incentivar a los padres a la participación activa en la reflexión con los hijos sobre la problemática y las prohibiciones.

Qué puede pasar con el directivo

Con estos antecedentes que ahora se deben tomar en cuenta, resta conocer cómo procederá la DGE con el directivo de la escuela 4-143 El Algarrobal de Las Heras. En principio, está descontada la investigación. Para que se le abra un sumario la denuncia debe ingresar vía Dirección de Nivel, Defensoría del Docente o Junta de Disciplina. Aún no ingresa por ninguna.

En caso de que suceda, se activa un procedimiento liderado por la Junta, integrada por representantes gremiales, sindicales y del Gobierno. El organismo da inicio a la investigación con la toma de testimonios, declaraciones indagatorias, pedidos de informes, etc. En esta etapa el investigado puede presentar su defensa en la declaración que será tenida en cuenta luego. Cuando cierra esta etapa, la Junta define si amerita sanción o cesantía y lo sugiere a la Dirección de Asuntos Jurídicos y la DGE, las que terminan oficializando el fallo.

“No suma ni resta que esté o no el directivo, si la enseñanza también viene de casa. Si no se pueden revisar las mochilas no pueden hacer mucho”, señaló una madre al respecto. “Espero que no suceda más y solo sea un llamado de atención para los chicos“, completó.

También puede haber sanciones para los chicos identificados como responsables de la amenaza y a los padres, en línea con la estrategia que plantean también para casos de bullying.

Mientras tanto, las amenazas sobre tiroteos en escuelas proliferan en el país y las autoridades de Mendoza investigan los casos locales, contextualizados en lo que consideran un “reto viral” que los alumnos de las escuelas de la provincia han replicado de otras provincias. También hubo casos en Uruguay y Chile.