La Argentina arrastra una inclinación persistente a pensar que el centro del mundo está en sus propios problemas. No es sólo narcisismo nacional, la realidad argentina ofrece, casi siempre, razones de sobra para ello. El problema es que, esta vez, reducir el mapa de amenazas al frente interno sería un error.

Mientras la conversación local gira entorno a las denuncias de corrupción, de los costos políticos del ajuste y de las internas dentro del oficialismo, afuera se está configurando un escenario potencialmente mucho más exigente. La guerra en el Golfo Pérsico (incluso si encontrara un final en las próximas semanas) ya se convirtió en un shock externo con consecuencias económicas amplias y duraderas. Precios de la energía más elevados, fletes y seguros también más caros, mercados clave como el del GNL, los fertilizantes, el helio y el aluminio con drásticas reducciones de oferta, peores condiciones financieras globales y un fuerte efecto riqueza negativo —dada la generalizada caída de precios de los activos de riesgo— apuntan al unísono a un escenario de estanflación global.

Para un país sólido, ese shock sería una mala noticia. Para una economía como la argentina, que todavía intenta estabilizarse sin haber terminado de resolver sus desequilibrios de fondo, puede ser bastante más que eso. Porque la fase actual del programa económico exhibe señales de fatiga desde antes que el frente externo se complicara. La inflación no baja con la velocidad esperada; la actividad se mueve con una dispersión notable entre sectores; el empleo no mejora; los salarios reales, tampoco; y el cansancio social empieza a aparecer con más nitidez en las encuestas.

Nada de esto implica que el programa haya fracasado. Implica, sí, que la economía empezó a pedir correcciones. Y ahí es donde la legitimidad y la gobernabilidad dejan de ser un decorado y pasan a formar parte del problema económico. Durante varios meses, el Gobierno logró compensar parte de las inconsistencias o fragilidades del programa con un activo político decisivo: la credibilidad. Había una percepción relativamente extendida de que, más allá de los errores, existía convicción para sostener el rumbo, disposición para pagar costos y una narrativa de cambio con capacidad de ordenar expectativas. Y en economía, eso vale mucho. A veces vale más que una mejora concreta en los fundamentos, al menos por un tiempo. Una estabilización no se sostiene sólo con números, también se sostiene en la creencia de que el esfuerzo vale la pena porque el final puede ser diferente.

Ese capital, sin embargo, no es infinito. Se acumula lentamente y puede erosionarse más rápido de lo que suele suponerse. Las denuncias de corrupción, aun antes de probarse judicialmente, abren una zona de sospecha que tiene efectos económicos concretos. No se trata sólo de imagen, se trata de confianza. Un Gobierno que había construido parte de su legitimidad sobre la idea de ser distinto, más austero, más puro o menos complaciente con las viejas prácticas, queda especialmente expuesto cuando aparecen dudas sobre ese terreno. Y cuando la credibilidad se resiente, el programa de estabilización pierde potencia.

El mecanismo es bastante simple. Cada anuncio convence menos, cada corrección pesa menos y cada medida llega con menor capacidad de ordenar expectativas. El mercado, los inversores, las empresas y las familias empiezan a mirar las medidas con menos predisposición a creer y más disposición a esperar, cubrirse o dudar. En un programa de estabilización, eso importa muchísimo. Porque buena parte de su éxito depende de la capacidad de coordinar expectativas, de inducir conductas y de persuadir a los actores económicos de que ciertos precios, ciertas dinámicas o ciertas decisiones empezarán a moverse en la dirección buscada.

Cuando la capacidad de persuasión se debilita y las expectativas toman una dinámica propia alejadas del sendero pretendido por las autoridades, lo que ayer podía corregirse con una decisión relativamente acotada, mañana exige un esfuerzo político y económico bastante mayor. El frente externo, además, vuelve más estrecho ese margen. Está claro que la Argentina, que exporta combustibles y productos agroindustriales, puede beneficiarse de un mundo con energía y alimentos más caros —mejoran sus términos de intercambio y su capacidad de generar mayores ingresos por exportaciones—. Pero ese beneficio no es ni automático ni totalmente limpio. El país sigue necesitando de importaciones de GNL para cubrir el pico de demanda invernal —principalmente para evitar interrupciones de suministro a la industria— y depende de fertilizantes externos en varios segmentos relevantes. Más aún, aunque el saldo comercial mejore sustancialmente, un shock global como el actual complica justo las variables que un programa de estabilización necesita cuidar con más celo: inflación, cuentas públicas, financiamiento, riesgo país, actividad y expectativas.

¿Qué debería hacer, entonces, el Gobierno? Antes que nada, entender que ya no alcanza con resistir. Necesita despejar con rapidez y transparencia las sospechas que erosionan su credibilidad y, al mismo tiempo, introducir correcciones que vuelvan más consistente el programa de estabilización. No se trata de abandonar el rumbo, sino de reconocer que si bien un programa diseñado en fases era inevitable, cuatro son demasiadas. La corrección de precios relativos que debió hacerse en la primera sigue incompleta; el tipo de cambio es controlado, vale lo que quiere el BCRA y sigue apreciándose en términos reales; el cepo sigue siendo el elefante en el bazar de las desregulaciones; y la política monetaria sigue lejos de aportar previsibilidad. La clave pasa por completar esas correcciones pendientes y acortar la transición.

En síntesis, la Argentina enfrenta hoy una combinación incómoda: problemas propios que no terminan de resolverse, un mundo que se vuelve más hostil y un Gobierno que arriesga el principal activo que le permitía administrar tensiones minimizando costos. La buena noticia es que todavía hay margen para reencarrilar el programa. Pero cuanto más se posterguen las correcciones, cuanto más se insista en que todo marcha de acuerdo al plan cuando la realidad sugiere otra cosa, y cuanto más se subestime el daño que produce la erosión de la credibilidad, más caro será hacerlo después. En economía, como en política, hay momentos en los que actuar rápido no garantiza el éxito, pero no actuar abre una rendija al fracaso. Y éste parece ser uno de esos momentos.