Ricardo Gil Lavedra, uno de los constitucionalistas que destacaron el trabajo realizado por la Corte
Los expertos coinciden en destacar la vocación del proyecto por minimizar la injerencia de “la política” en la primera parte del proceso que configuran las ternas que luego son enviadas al Poder Ejecutivo
La propuesta de la Corte Suprema para modificar aspectos del proceso de selección de magistrados -alcanzado en ocasiones por la suspicacia y las críticas- despertó elogios y optimismo en constitucionalistas de trayectoria, que coinciden en valorar positivamente la vocación del proyecto por reducir la injerencia de la política en la primera parte del proceso.
“En la etapa del Consejo de la Magistratura deben prevalecer los criterios técnicos por sobre los políticos. Luego el Presidente ejerce discrecionalmente sus atribuciones constitucionales para elegir a los integrantes de cada una de las ternas que se elevan”, señaló Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.
Su colega, el constitucionalista Alberto Garay, que preside el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, se pronunció en sintonía, al sostener que el trabajo realizado por los cortesanos es “digno de elogio” y acorde a los reclamos del mundo académico.
“Al proponer la reducción del puntaje de la entrevista personal de los candidatos con el pleno del Consejo -paso anterior a la calificación final y formación de ternas- aminora el peso que esa calificación posee sobre el puntaje total que obtengan los candidatos”, puntualizó.
“Si el Consejo hiciera propia esa propuesta, reduciría el margen de discrecionalidad de los consejeros en la puntuación de esa audiencia, margen que muchas veces ha llevado a la designación de jueces y juezas que nunca deberían haber accedido a la judicatura”, le dijo a LA NACION.
La iniciativa para cambiar el reglamento de selección de jueces lleva la firma de solo dos de los tres jueces de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Fue elevado para su análisis y consideración al Plenario del Consejo de la Magistratura, el órgano en donde nace el proceso de selección y se constituyen las ternas que luego se envían al Poder Ejecutivo.
El constitucionalista Alejandro Carrió, por su parte, calificó la iniciativa como muy “saludable”. “Busca remediar viejos males de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que tienen como nota común permitir a este cuerpo actuar con altos márgenes de discrecionalidad”, señaló a este medio.
Al igual que sus colegas, celebró el límite que la propuesta le pone a las entrevistas personales, una instancia del proceso en la que se suelen definir muchas de las ternas. En la versión de la Corte, la influencia de ese espacio no puede superar el 10% de los puntos totales.
“Es muy elogiable. Esa entrevista, generalmente llevada a cabo solo por algunos consejeros, ha dado pie a muy sospechosas alteraciones del orden de mérito de los concursantes”, apuntó Carrió.
Y añadió: “Separar las figuras de quienes proponen los temas de examen de aquellos que habrán de corregirlos, hará más difícil las ‘filtraciones’ de consignas a candidatos preferidos, como alguna vez sucedió en el pasado”.
También instituciones del ámbito del derecho se han expresado a favor de la iniciativa. El Foro de Estudios sobre la Administración de la Justicia (FORES) emitió un comunicado valorando positivamente el proyecto.
“Constituye un avance institucional relevante en la búsqueda de fortalecer la calidad, transparencia y legitimidad del sistema de designación de jueces, eje central para el adecuado funcionamiento del Poder Judicial y la vigencia efectiva del Estado de Derecho”, dice el texto.
“En particular, FORES destaca que el proyecto propone un rediseño estructural del sistema de concursos orientado a asegurar que el acceso a la magistratura se funde de manera prioritaria en criterios objetivos de mérito e idoneidad, reduciendo de forma significativa los márgenes de discrecionalidad que históricamente han afectado estos procesos”.
Un ángulo de análisis distinto ofreció en sus redes sociales el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. En un extenso posteo en X, evaluó el peso jurídico de la “Acordada” por la cual la Corte giró el proyecto al Consejo, y si bien no se opuso, e inclusive dijo acordar con algunos de sus puntos, interpretó que el máximo tribunal se “extralimitó”, porque desde la reforma constitucional de 1994 la función de superintendencia del funcionamiento del Poder Judicial respecto de los jueces quedó en manos del Consejo de la Magistratura, dijo.
“La CSJN no quiso intervenir ‘lateralmente’ en el debate, sino que dotó al texto de una investidura institucional reforzada, con pretensión de autoridad y de irradiación sobre todo el sistema judicial argentino”, opinó.
