El Presidente del bloque de diputados justicialistas, Germán Gómez, presentó un proyecto que pone el foco en un reclamo histórico de la provincia: el precio diferencial de los combustibles.

La iniciativa busca dejar en claro que Mendoza, por ser productora de petróleo y sede de una de las principales refinerías del país, debería tener nafta y gasoil más baratos que el resto.

Ese beneficio existió durante años como un reconocimiento lógico: producir y refinar localmente implicaba menores costos. Sin embargo, el legislador advirtió que esa ventaja se está perdiendo. «La petrolera YPF viene aplicando aumentos en Mendoza por encima del promedio nacional, borrando progresivamente esa diferencia», señaló.

Añadió que «el encarecimiento del combustible impacta directamente en el bolsillo de los mendocinos, pero golpea también a sectores clave de la economía como la vitivinicultura, la fruticultura y el transporte, que dependen fuertemente de estos insumos».

La situación se vuelve aún más delicada al observar el impacto en la vitivinicultura, una de las economías regionales más emblemáticas de Mendoza. El aumento sostenido de los combustibles encarece cada etapa de la producción, desde las labores en finca hasta el traslado de la uva y la distribución del vino. En un contexto ya marcado por la caída de la rentabilidad, el menor consumo y el incremento de costos, la pérdida del precio diferencial profundiza una crisis que amenaza la sostenibilidad de cientos de productores.

El planteo de Germán Gómez suma una crítica más amplia al modelo provincial actual: «sin políticas de apoyo a las economías regionales, con combustibles más caros que en otras provincias, recortes a herramientas clave y programas productivos en retroceso, se vuelve cada vez más difícil sostener y desarrollar la actividad agrícola».

Para el legislador, este esquema no solo agrava la crisis, sino que coloca al propio Gobierno provincial – en sintonía con la Nación – como parte del problema que atraviesa la producción mendocina.

Finalmente cuestionó la falta de reacción oficial al asegurar que no hay información pública sobre gestiones para revertir esta situación, ni acciones concretas para defender los intereses de Mendoza.