El día sábado nos despertamos con una sorpresiva noticia. La captura de Nicolás Maduro y su traslado a EEUU.

Dicha noticia despertó algunas reacciones a favor o en contra de dicha acción o de su legalidad.

Para poder entender mejor debemos considerar que la situación de Venezuela es muy especial. La palabra crisis es la que se adapta para calificar mejor la situación. Podemos decir, crisis económica, crisis social, cultural y política. Dentro de a dimensión política podemos analizar la institucionalidad, y siguiendo esta línea, ver la legalidad del gobierno de Nicolás Maduro.

Tras la muerte de Chávez, el 5 de marzo de 2013, Maduro asumió la presidencia interina en su calidad de vicepresidente. Un mes después, el 14 de abril de 2013, se celebraron elecciones presidenciales extraordinarias. Maduro fue declarado ganador por un margen estrecho frente al candidato opositor Henrique Capriles Radonski. Es importante recordar que dicho resultado fue muy cuestionado por los observadores internacionales, incluyendo a los veedores de países afines como Bolivia. Lo que se solicitó en ese momento fue la realización del recuento de votos, para generar mayor transparencia y confianza en la legitimación del poder. El recuento nunca se realizó, por lo que dejó un manto de sospecha y agravó una crisis política que ya venía desde la gestión de Chávez.

En 2018 fue reelecto por primera vez, en un proceso ampliamente cuestionado por la oposición venezolana y por la comunidad internacional. Las elecciones, originalmente previstas para diciembre de ese año, fueron adelantadas a mayo y se realizaron sin la participación de los principales partidos opositores, cuyos líderes estaban encarcelados, inhabilitados o en el exilio. Nuevamente la legitimidad de la autoridad presidencial quedó bajo cuestionamiento. En enero de 2019, la crisis política se profundizó cuando la Asamblea Nacional (poder legislativo) con la representación de todas las fuerzas políticas nombra a Juan Guaidó como presidente interino. Guaidó tiene el reconocimiento de varios países, entre ellos EEUU y la Unión Europea. En la última elección del 28 de julio, Maduro vuelve a proclamarse presidente. Esta vez con más veedores internacionales que cuestionan la transparencia de los resultados, basados en los mayores controles y recuentos de la oposición y de las mesas testigos que daban ganador por amplio margen a González Urrutia. Esta vez Maduro no ha sido legitimado por la gran mayoría de países de la comunidad internacional que está cuestionando los resultados de las elecciones y que todavía están a la espera de la publicación de las actas electorales; solo fue reconocido por China, Rusia e Irán (vale agregar que son socios económicos y aliados en la política internacional).

Lo que hemos analizado hasta aquí nos permite asegurar que Maduro no puede legitimar su autoridad. Por lo tanto, su autoridad es ilegítima. El poder que ejercía era de facto, por la fuerza, no se basaba en el derecho.

Ahora bien, el cuestionamiento a la comunidad de países, especialmente de la región. ¿Qué deberíamos hacer si en un país de la región, un grupo toma y sostiene el poder de manera ilegítima? ¿No hacemos nada? Entonces nos convertimos en cómplices del usurpador. ¿Y nuestros principios democráticos? ¿Tenemos que suspenderlos, olvidarlos?

Algunos harán referencia a la libre determinación de los pueblos. La gran pregunta que se presenta es: ¿Podemos hablar de la libre determinación de los pueblos cuando los pueblos no son libres?

¿Venezuela es un pueblo libre?

Tenemos que revisar como fue el ejercicio del poder en ese país. Lo que observamos es una serie de medidas que van en contra de los ciudadanos: expropiaciones de bienes, persecuciones políticas, cierres de medios de comunicación, adoctrinamiento educativo con formación militar (violan los derechos del niño y adolescente), formación y accionar de milicias paramilitares con el fin de desmovilizar y amedrentar a la población, exilios, detenciones, torturas. En algunos países los centros de detención y tortura eran clandestinos, en Venezuela se sabe donde están y que realizan.

Si a todo esto le sumamos la crisis económica generada por una pésima gestión de todo el período chavista, caracterizada por las expropiaciones, estatizaciones y presiones fiscales que llevaron a la pérdida de la productividad de las empresas estatales y privadas, aumento de la desocupación y crecimiento de la pobreza.

El resultado de toda esta crisis es la emigración de 8 millones de venezolanos.

Sintetizando:

En Venezuela tenemos un pueblo que está desarmado y que sufre la represión y opresión en todos los órdenes por parte de un grupo que tiene las armas y el poder de forma ilegítima.

En este caso en particular es importante aclarar que Maduro está vinculado a actividades delictivas. Y que su autoridad como presidente no está reconocida por la mayoría de la comunidad internacional. Por lo tanto, no está en igualdad de condiciones que un presidente legítimo de cualquier país democrático. Esto es importante recalcarlo. Por lo tanto, vale aclarar que la intervención de las fuerzas militares estadounidenses no fue contra un presidente, fue contra un usurpador. No fue un secuestro, ya que a un delincuente no se lo secuestra, sino que se lo captura.

Ahora el juego de la diplomacia está girando. ¿Cómo comunidad internacional qué debemos hacer? Hay un país con pueblo oprimido que pide socorro y un gobierno ilegítimo. ¿No hacemos nada? ¿Seguiremos siendo cómplices de un gobierno ilegítimo, avalando su abuso de poder? ¿Seguiremos callados ante las violaciones de derechos humanos?

Lo primero sería escuchar al pueblo venezolano. En muchas ciudades alrededor del mundo miles y miles de venezolanos inundaron las redes y salieron a las calles a celebrar la captura de Maduro y a seguir pidiendo socorro, libertad, justicia y democracia.

¿Y lo segundo? ….  Por lo menos debe ser no ignorarlos.