Esa es la sensación que se llevó la senadora oficialista tras sostener una extensa reunión con representantes de los diferentes bloques de la oposición dialoguista que tuvo al jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), como anfitrión del encuentro.

Más allá de su optimismo, la jefa de la bancada oficialista del Senado reconoció que la discusión sobre los beneficios fiscales que contiene el proyecto y que afectan los ingresos de las provincias será clave para la suerte de la iniciativa.

La jefa de la bancada oficialista en el Senado reconoció que los senadores plantearon la cuestión de los fondos provinciales durante la reunión, la primera entre el oficialismo y la oposición dialoguista desde que, en diciembre, se decidió postergar para febrero el tratamiento del ambicioso proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Que la cuestión es un tema central lo dejó también en claro el radical Vischi, quien compartió con Bullrich el contacto con la prensa tras la conclusión de la reunión.

“Los gobernadores tienen la idea firme de acompañar para que la Argentina progrese, pero siempre tratando de custodiar los ingresos de sus provincias”, aclaró el senador correntino, hombre de confianza del exgobernador Gustavo Valdés.

Vischi fue más a fondo aún y reconoció que “el tema impositivo preocupa”, pero compartió el optimismo de la senadora oficialista en cuanto a la posibilidad de arribar a un acuerdo que permita sancionar una reforma laboral que consideró “necesaria porque sabemos que hay que hacer el esfuerzo de sacar a la Argentina adelante”.

“Ha sido una excelente reunión, una continuidad de lo que se venía trabajando, pero tenemos un entendimiento bastante importante, en un porcentaje muy alto, y estamos convencidos de que la ley laboral tiene que salir porque lo está esperando la sociedad”, opinó el líder del bloque radical.

Además de Vischi participaron del encuentro el peronista Carlos Espínola (Corrientes-Provincias Unidas), Flavia Royón (Primero los salteños), la radical Edith Terenzi (Chubut), Carlos Arce (Frente Renovador de Misiones) y la tucumana Beatriz Avila (Independencia).

Expectantes

Si bien no se mostraron tan optimistas como Vischi y eludieron hacer declaraciones a la prensa, la mayoría de los participantes se fueron conformes y expectantes. Saben que la negociación continuará en las próximas dos semanas y que tendrá en la discusión de la Casa Rosada con los gobernadores la clave que definirá si el proyecto avanza en las sesiones extraordinarias de febrero o se estanca de manera definitiva.

De hecho, la reunión de este miércoles continuará la semana próxima. La cita es el próximo martes, a las 15, otra vez en el salón del bloque radical ubicado en el segundo piso del palacio legislativo.

Tal como viene sosteniendo LA NACION, el proyecto sufrirá modificaciones siempre y cuando no se afecte el espíritu con el que lo diseñó la administración de Milei, sostienen en el círculo cercano a Bullrich.

Por lo pronto, fuentes oficialistas confiaron a este diario que, ante las objeciones planteadas por diferentes sectores, ya se decidió eliminar del dictamen firmado en diciembre el artículo que le daba amplias facultades al Ministerio de Economía para disponer los plazos para la aplicación de las rebajas impositivas con las que el Gobierno pretende incentivar el blanqueo de los empleados.

En el encuentro de esta tarde los senadores de los diferentes bloques plantearon nuevos pedidos de modificaciones, que se sumaron a los presentados durante las últimas semanas por cámaras empresarias, sindicatos y otros actores sociales, y también manifestaron su interés por tener algunas aclaraciones sobre el alcance de las medidas.

Así, por ejemplo, la UCR pidió que se establezcan claras diferenciaciones en las rebajas impositivas para que éstas tengan un mayor impacto y beneficio para las pequeñas y medianas empresas.

Otros bloques también plantearon dudas sobre los alcances de la ultraactividad y la desfinanciación de la Anses que implicaría la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral, el nuevo régimen de indemnizaciones que pretende aplicar la administración libertaria.