El Gobierno de Javier Milei ya puso manos a la obra para reunir aliados hasta el 10 de febrero, cuando se debatirá en el Congreso de la Nación la postergada Reforma Laboral. El ministro del Interior, Diego Santilli, incluyó a Mendoza en su gira nacional para intentar conseguir los votos necesarios para aprobar la Ley de Reforma Laboral enviada por la Casa Rosada. Aunque la provincia es vista como una aliada del Gobierno nacional, hay preocupación por el impacto económico que esconden algunos artículos de la ley.

En este sentido, el centro del conflicto es el artículo 191 del proyecto de reforma. Este artículo propone una rebaja en el Impuesto a las Ganancias para las empresas, bajando las cuotas actuales del 30% al 27% y del 35% al 31,5%.

Si bien esto parece una medida técnica, tiene un efecto directo en el bolsillo de las provincias. Como Ganancias es un impuesto que se reparte entre la Nación y las provincias, si se recauda menos, llega menos dinero a cada distrito. Según los informes, este beneficio fiscal quedaría concentrado principalmente en solo 144 grandes empresas.

¿Cuánto dinero perdería Mendoza?

De acuerdo con los cálculos oficiales de la Comisión Federal de Impuestos, el impacto para la provincia sería muy fuerte:

• Mendoza dejaría de recibir $192.881.070.133 -más de 192 mil millones de pesos-.
• Esto equivale a una pérdida de unos 135 millones de dólares.
• A nivel nacional, todas las provincias juntas perderían más de 4,6 billones de pesos, lo que afecta directamente el financiamiento de salud, educación y seguridad local.

La difícil misión de Diego Santilli

El funcionario nacional ya comenzó sus reuniones en otras provincias como Chubut y ahora apunta a Mendoza y Chaco. Su desafío es convencer a los mandatarios de apoyar una ley que, según algunos gobernadores de otras provincias como Córdoba o Salta, es una «locura» porque debilita su autonomía financiera.

Mientras que en provincias como Santa Fe creen que la medida podría ayudar a la economía, la mayoría de los gobernadores temen que este «recorte federal encubierto» los deje sin recursos para el próximo año. El Gobierno nacional tiene apuro por aprobarlo antes de que termine el año para que los beneficios a las empresas se apliquen durante todo el 2025.