El artículo citó personas familiarizadas con las tratativas y documentos del gobierno estadounidense.

Las negociaciones citadas por el prestigioso medio se producen en el marco de la amplia campaña de deportaciones que la administración republicana puso en marcha el año pasado tras la asunción de Trump, que incluye el despliegue de miles agentes de inmigración de distintas agencias federales.

Fuentes del oficialismo reconocieron a LA NACION que la subsecretaría de Defensa de Estados Unidos hizo sondeos al Ministerio de Seguridad. Durante la gestión de Patricia Bullrich se recibieron pedidos, pero sin llegar a un acuerdo ni avanzar en su instrumentación.

Las dudas que surgieron en aquel entonces giraban en torno a las reacciones que podían generar la llegada de detenidos de otras nacionalidades, en un país como la Argentina con una idiosincrasia diferente a las de El Salvador o Belice.

Según supo LA NACION, la idea de deportar migrantes de otros países a la Argentina habría sido un pedido de Estados Unidos, aunque se maneja en estricto hermetismo.

“No tenemos comentarios sobre los detalles de nuestras comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos”, señalaron a este medio desde la oficina de prensa de la embajada norteamericana en Buenos Aires.

En la misma línea se pronunciaron desde el Departamento de Estado, en Washington, ante un requerimiento de LA NACION.

“Implementar las políticas de inmigración de la administración Trump es una prioridad principal para el Departamento de Estado. Como ha declarado el secretario Marco Rubio, mantenemos nuestro firme compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos“, señaló a este medio un vocero oficial. “No haremos comentarios sobre los detalles de nuestras comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos”, añadió.

Aunque ambas administraciones aún no llegaron a un acuerdo definitivo, las conversaciones “ponen de manifiesto el interés de Milei por fortalecer su alianza con Estados Unidos y apoyar las medidas enérgicas de Trump”, a pesar de que esto podría entrar en conflicto con su propia política antiinmigración en su país, señaló el artículo.

Por la tarde, Milei resposteó un tuit del militante libertario Daniel Parisini en el que calificó de “falso” que la Argentina vaya a recibir a “inmigrantes deportados del tercer mundo”.

El año pasado, la Argentina fue destino de algunos vuelos de deportación provenientes de Estados Unidos -reportados por LA NACION-, aunque en esos casos solo con migrantes de origen argentino. En esta negociación, la idea sería que a los deportados de otros países a la Argentina luego se les ofrezcan vuelos para regresar a sus naciones de origen, según la versión del diario norteamericano.

Como parte de su estrategia para acelerar las expulsiones de migrantes ilegales, una de las principales promesas de campaña de Trump-, su administración recurrió a acuerdos de deportación con otros países, como ocurrió con El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, es un aliado del líder republicano.

De acuerdo a los documentos del gobierno estadounidense a los que tuvo acceso The New York Times, el subsecretario de Política Exterior argentino, Juan Manuel Navarro, presentó a principios de este mes una propuesta para concretar el acuerdo con un tercer país. “Los documentos revelan que el canciller Pablo Quirno se había comprometido con las autoridades estadounidenses a firmar dicho acuerdo», añadió el diario.

“Por política institucional, la Cancillería no realiza comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas”, señalaron a LA NACION desde el Palacio San Martín.

Quirno tiene previsto viajar a Washington la próxima semana para participar de una reunión el 4 de febrero sobre minerales críticos, convocada por Rubio para “socios de todo el mundo”.

La revelación se produce solo cuatro días después de que el Gobierno anunciara que en los últimos dos meses registró un incremento significativo en las inadmisiones y expulsiones de ciudadanos extranjeros en todos los pasos fronterizos.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, entre diciembre y enero “casi 5000 personas no pudieron ingresar al país o fueron expulsadas”. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, atribuyó esa cifra al refuerzo de controles en aeropuertos, puertos y corredores fronterizos.

“Mensaje disuasorio”

Según explicó el diario norteamericano, entre las razones de la Casa Blanca para avanzar en estos pactos con gobiernos aliados está el hecho de enviar un “mensaje disuasorio” para desalentar a los migrantes a cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. El propio Trump se jacta de que gracias a su estrategia, los cruces fronterizos alcanzaron un mínimo histórico durante el primer año de su segunda gestión.

Este tipo de acuerdos también cumplen otra función: deportar a ciudadanos de países a los que resulta difícil deportar, ya sea por la falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje para los migrantes, añadió el medio neoyorquino.

La administración Trump deportó a migrantes de otras nacionalidades a otros países con los que suscribió acuerdos para recibirlos, como Costa Rica, El Salvador, Panamá, México, Guatemala, Kosovo, Esuatini, Uganda, Sudán del Sur y Rwanda.

Esas deportaciones han sido objeto de escrutinio legal, pero hasta el momento los tribunales permitieron que continuaran, señaló el artículo, firmado por los periodistas Emma Bubola, en Buenos Aires, y Hamed Aleaziz, en Washington.

Aunque las cifras son divergentes y no definitivas, según un análisis de datos federales realizado por The New York Times durante el último año el gobierno de Estados Unidos deportó a unas 230.000 personas que fueron arrestadas dentro del país y a otras 270.000 en la frontera, a las que se suman otras 40.000 que optaron por la “autodeportación”. La cifra total quedó por debajo de la promesa de Trump de alcanzar el millón de expulsados en un año.

De todas formas, en solo un año el número de deportaciones resultantes de detenciones en el país ya es superior al total registrado durante los cuatro años de la administración de Joe Biden, una muestra del impacto de la dura política migratoria y la campaña de arrestos llevada a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias federales.