El Ministerio de Seguridad y Justicia y la Legislatura avanzan en una iniciativa que permitirá incorporar formalmente la participación ciudadana en la prevención vial. La propuesta busca habilitar el uso de videos registrados por vecinos para facilitar el control de infracciones y fortalecer la corresponsabilidad en el tránsito.Esta mañana, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó en la Legislatura una modificación impulsada por el senador Germán Vicchi a la Ley 9024. La propuesta creará un nuevo mecanismo de colaboración ciudadana en materia vial, permitiendo que registros audiovisuales enviados por los vecinos se utilicen para generar informes y respaldar la labor de las autoridades, reforzando así el compromiso compartido en la prevención de infracciones.
La norma permitirá que cualquier persona aporte material audiovisual a través de canales digitales oficiales, como enlaces institucionales o sistemas de mensajería instantánea tipo WhatsApp, cuando advierta posibles incumplimientos a la normativa vial. Estuvo presente el presidente de la Comisión Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) Walther Marcolini y otros legisladores.
“Los videos enviados permitirán que los ciudadanos actúen como testigos y nosotros podamos armar un informe preventivo que luego se remite al juzgado vial correspondiente”, explicó Mercedes Rus. Señaló que la información recibida —como patentes, lugar y hora del hecho— será utilizada para verificar la infracción y generar los informes necesarios para que la autoridad judicial evalúe las sanciones.
Estos materiales tendrán carácter de comunicación ciudadana y no constituyen una denuncia formal, ya que la evidencia digital por sí sola no puede ser considerada suficiente hasta que se corrobore su autenticidad. Excluyendo caso de indicios de falsedad o que el material corresponda a otra jurisdicción.
Un encuadre preventivo y legal
Rus explicó que se trabaja en darle un encuadre formal a los videos de infracciones que los ciudadanos suben a redes sociales. Según indicó, muchas de estas grabaciones muestran infracciones graves que, en ocasiones, derivan en accidentes fatales.
“Estamos hablando de infracciones que parecen menores, pero que terminan causando accidentes graves. El 60% de los accidentes con víctimas fatales, según estudios nacionales, se debe a negligencias al volante, y no al consumo de alcohol”, dijo la ministra, quien recordó la reciente tragedia de una mujer que falleció en un vuelco, previo al cual había cometido una infracción vial.
La funcionaria destacó además que en muchos lugares no hay señal ni posibilidad de realizar controles directos, y que esta medida permite que la ciudadanía colabore. “Cuando la gente comparte estas imágenes, otros usuarios comentan y se genera conciencia sobre lo que está mal”, señaló.
En cuanto al marco legal, Rus aclaró que la modificación no se incorporará en la ley de videovigilancia, sino en la Ley de Tránsito, mediante un artículo específico que formalice la recepción y uso de este tipo de material, derivando a las autoridades competentes.
Según el proyecto, el material recibido podrá ser derivado por la autoridad administrativa al Juzgado Vial competente, siempre que del registro surjan datos suficientes para identificar la supuesta infracción. El envío deberá acompañarse de un informe preliminar con la conducta observada y los datos identificatorios que surjan o puedan surgir del material digital.
La propuesta incluye además un resguardo para los casos en que el material se publique en plataformas de acceso público, indicando que se trata de un aporte ciudadano y eximiendo a las autoridades de responsabilidad sobre la veracidad del registro.
Con esta iniciativa, el Ministerio de Seguridad y Justicia busca “ordenar y transparentar” una colaboración que actualmente ocurre de manera espontánea, modernizar las herramientas de control y sumar ojos en la calle, sin vulnerar garantías ni reemplazar la labor de las fuerzas o de la Justicia. La medida apunta a fortalecer la prevención vial y optimizar el flujo de información entre los ciudadanos y el Estado, en un contexto donde los registros captados por teléfonos móviles se han convertido en una herramienta cotidiana para documentar hechos en la vía pública.

