El Gobierno recalculó su hoja de ruta para enfocar todo su esfuerzo en la sanción del presupuesto 2026 antes de fin de año, sin riesgos ni dilaciones: es la señal de gobernabilidad que esperan los mercados en las vísperas de vencimiento de U$S4200 millones de deuda del 9 de enero próximo. Es por ello que el oficialismo en el Senado buscará aprobarlo tal como lo recibió de la Cámara de Diputados, sin el capítulo XI que derogaba las leyes de financiamiento para universidades y servicios de discapacidad.

El impacto fiscal que implican ambas normas –que fueron vetadas por el presidente Javier Milei pero luego insistidas por el Congreso- será subsanado por el Ministerio de Economía con medidas administrativas o, eventualmente, con proyectos de ley correctivos que envíe el Poder Ejecutivo, anticiparon fuentes legislativas.

“Nosotros tenemos una regla de oro, que es el superávit fiscal, nos tendremos que acomodar para no caer en déficit, eso se va a arreglar pero no va a ser mediante este presupuesto, sino mediante otros instrumentos”, dijo Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, tras alzarse el viernes pasado con el dictamen del presupuesto tal como lo aprobó la Cámara baja.

No solo eso: una nueva prórroga le complicaría, además, la sanción de las leyes por venir, entre ellas la de modernización laboral. Los gobernadores ya han dicho que su prioridad es que se sancione el presupuesto 2026 porque necesitan tener una garantía de los recursos que recibirán para sus provincias. Después viene lo demás, advierten.

Después del daño que se auto infligió en la Cámara de Diputados por sobreestimar su fuerza como primera minoría y perder un capítulo clave del texto presupuestario, el oficialismo recula. Pragmáticos, tanto Bullrich como Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, creen que lo mejor es blindar el texto así como está y no abrirlo a modificaciones propias ni ajenas.

El oficialismo quiere evitar riesgos. No solo eso: bloques aliados como la UCR ya advirtieron que no votarán el presupuesto si el oficialismo insiste con reintroducir el capítulo XI.

“El bloque UCR está en contra de esa posibilidad. La única forma de que salga hoy (la ley de presupuesto) va a ser como vino de Diputados. El Gobierno tendrá que encontrar los mecanismos para resolver lo que pasó con el Capítulo XI”, aseveró el jefe de la bancada Eduardo Vischi.

Sin mayoría propia en el Senado, Bullrich sabe que depende del voto de sus aliados para aprobar la iniciativa. “Lo importante es asegurar que haya ley de presupuesto. Así como lo votó la Cámara de Diputados tenemos los 37 votos asegurados en el Senado”, confían sus voceros.

Esto no exime que sectores de la oposición intenten meter la cola. Por caso, el bloque de Unión por la Patria ya puso la mira en varios artículos y buscará aliados para voltearlos. Entre ellos el 30, que deroga los pisos mínimos de financiamiento para la educación, el sistema nacional de ciencia y tecnología, la educación técnica y el Fondo Nacional de la Defensa.

En la Cámara de Diputados están en alerta ante cualquier contingencia. Menem ordenó a los suyos a que estén preparados para volar de urgencia a la ciudad de Buenos Aires en la última semana del año si el oficialismo no logra blindar el proyecto en el Senado y lo devuelve con modificaciones.

Sería una derrota de peor calibre que la que sufrieron los libertarios el miércoles pasado cuando, por solo seis votos, la oposición logró rebanarle el capítulo XI del proyecto en la Cámara de Diputados.

Allí se incluía no solo la derogación de las dos normas de la discordia sobre educación universitaria y discapacidad (artículo 75); también figuraban la eliminación del actual régimen de zonas frías, un régimen de compensación a las empresas de distribución eléctrica y la promesa de transferirle fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema.

Ahora el Ministerio de Economía deberá resolver cómo subsana la pérdida de estos artículos. Por de pronto su titular, Luis Caputo, se reunió el viernes pasado con Jorge Macri, jefe de gobierno porteño, luego de que quedara trunco el artículo sobre coparticipación para la ciudad. El bloque de Pro es un aliado clave para el oficialismo en el Congreso.

“Caputo fue quien insistió en incluir en el texto del presupuesto la derogación de las leyes de educación universitaria y discapacidad. Santiago Caputo (asesor presidencial) decía que estaban los votos con los aliados para avanzar. Les dijimos que era un error, que íbamos a chocar. Y chocamos”, se lamentan en uno de los principales despachos oficialistas del Congreso.

Tras la derrota parlamentaria, el Gobierno se vio obligado a realizar un control de daños. Por de pronto, Bullrich debió renunciar a su objetivo de darle media sanción al proyecto de modernización laboral antes de fin de año. Sin el presupuesto garantizado, difícilmente podía reunir los apoyos para apurar una ley tan compleja y sensible.

Este retroceso no le impidió a la jefa del bloque libertario garantizarse el dictamen del proyecto el jueves pasado. Piensa llevarlo al recinto el 11 de febrero, previa convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del presidente Milei. Las negociaciones para reunir los votos comenzarán a mediados de enero. Bullrich ya dijo que abrirá el texto a modificaciones; sabe que, en minoría, aprobar leyes a libro cerrado es una quimera.