Pero antes, Santilli debe tomar posesión de la cartera política en forma oficial: a las 15 del martes le tomará el juramento de rigor el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada, anticiparon fuentes oficiales a LA NACION.

La primera parada de los consensos apunta al presupuesto 2026, en el que las provincias tienen en común tres puntos: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que en el proyecto del Gobierno sumarán 569.426 millones para el año próximo; el impuesto a los combustibles (se prevé una recaudación de $7,6 billones y las provincias reclaman el 54%) y las cajas de jubilaciones no transferidas, para las que el oficialismo asignó $122.000 millones, una cifra muy baja para cumplir con la ley vigente, que demandaría unos $900.000 millones.

En total, la cifra en juego supera los $5 billones, sin contar los fondos previstos por las leyes de presupuesto universitario, emergencia en discapacidad y emergencia pediátrica, que la Casa Rosada no aplica ni contempló en el presupuesto. Tampoco incluye las demandas particulares de obras públicas de cada provincia.

Santilli, con Adorni y el gobernador Torres de Chubut

Una vez más, la expectativa de los gobernadores es determinar el margen de negociación de recursos que tiene Santilli. Es decir, si a diferencia de Guillermo Francos y Leandro Catalán, tiene autonomía para comprometer fondos. “Si le hacen dejar la billetera antes de recibirnos, estaríamos igual que antes”, coinciden, a la vez que subrayan a LA NACION que Milei es consciente de que esa es la cuestión de fondo.

También el Presidente visitará las provincias y buscará así un diálogo directo con los mandatarios que, descuentan, debería ayudar para los entendimientos.

Además de los tres puntos claves, sigue pendiente una respuesta de Nación respecto a qué pasará con la obra pública. Economía incluyó en el proyecto de presupuesto 2026 unos $750.000 millones para proyectos de ejecución en las distintas jurisdicciones (sin contar trabajos interprovinciales). La lista incluye, por ejemplo, los arreglos de edificios nacionales, mantenimiento de parques nacionales y centrales de energía.

El proyecto -para el que el oficialismo logró un dictamen de mayoría en comisión- no prevé el cumplimiento de leyes sancionadas con el apoyo de los gobernadores como la emergencia en discapacidad, en pediatría y la mejora de recursos para las universidades nacionales. El bloque de Encuentro Federal, integrado por los diputados de Provincias Unidas, entre otros, sacó un dictamen propio con modificaciones al texto oficialista y dando respuesta a los reclamos de los gobernadores.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de Santilli, está tanteando a legisladores que responden a los gobernadores convocados por el Presidente a la reunión de la Casa Rosada (solo quedaron afuera los kirchneristas Axel Kicillof, Gustavo Melella, Ricardo Quintela y Gildo Insfrán). Fuentes cercanas a Menem indican a este diario que “seguramente” el nuevo ministro “tendrá más autoridad para cumplir lo que acuerde, porque ese era el problema”. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, es quien actúa como enlace entre Diputados y Economía por el presupuesto.

Santilli, con Adorni y Raúl Jalil de Catamarca

El primer gesto de los gobernadores es no avanzar en la aprobación del presupuesto -aunque cuentan con el número de legisladores necesarios- en el período ordinario. Esperarán la asunción de los nuevos legisladores y su tratamiento en extraordinarias.

Punto por punto

El crédito presupuestario para los ATN para el año próximo representa $569.426 millones (147% más en términos reales al crédito presupuestario vigente a la fecha). La ley que fue impulsada por todos los gobernadores y el jefe de gobierno porteño, y vetada por Milei, establece la remisión automática y diaria de esos recursos, considerándolos como parte de la masa coparticipable.

Para vetarla, el Presidente argumentó que ese esquema altera la finalidad de los ATN, que es atender emergencias y desequilibrios financieros en las provincias. Una solución a mitad de camino -que en su momento fue barajada por Guberman- es que al final del año se reparta el remanente. La alternativa que se acuerde, dicen los mandatarios, tiene que estar en el presupuesto.

En el caso de la nueva distribución del impuesto a los combustibles -cuya recaudación 2026 está estimada en $7,6 billones por Nación (72% más que este año)- eleva de 10,4% a 57,02% la participación de las provincias y de 10,4% a 14,29% la del Tesoro Nacional y elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Infraestructura de Transporte y de Sistema Vial Integrado y los fondos Compensador del Transporte, de Desarrollo Eléctrico del Interior y de Vivienda. Tampoco este esquema está contemplado en el presupuesto 2026.

En el caso de las 13 Cajas de Jubilaciones provinciales no transferidas a Nación, desde la asunción de la gestión libertaria no se giró ni un peso a ninguna, salvo a Entre Ríos y Córdoba por un acuerdo ante la Corte Suprema de Justicia. El presupuesto establece $122.763 millones para atender esas obligaciones legales, mientras que el dictamen de minoría eleva el monto a $950.000 millones.

A comienzos del 2024, Nación eliminó por decreto que los giros a estas cajas debían actualizarse con la misma fórmula que las jubilaciones. Incorporar en la ley de presupuesto nuevamente esa condición es importante para los casos en que la discusión llegue a la Justicia. Además, está la deuda acumulada por esta gestión con esas 13 provincias. Incluso los acuerdos con Rogelio Frigerio y Martín Llaryora son de pagos “a cuenta” de la conciliación definitiva.

Por ejemplo, con Córdoba se consensuó una deuda hasta el 2021 de $400.000 millones y en marzo debe estar calculada desde ese año hasta el 2024.

Los sistemas previsionales provinciales representan, según el Ieral de la Fundación Mediterránea, aproximadamente el 20% del gasto total de la previsión social. Para las 13 provincias que los administran, aun con diferencias entre ellas, tienen un “impacto fuertemente desestabilizante» en sus finanzas públicas. Por eso el instituto considera que debe haber una respuesta en el presupuesto 2026 que “genere las condiciones para un rápido ordenamiento” del tema. También vincula esa necesidad con dejar de acumular deudas y juicios contra la Anses.

Para el primer punto, propone seguir la regla del presupuesto 2023 por la que esas cajas deben recibir mensualmente “la doceava parte del último déficit simulado por la Anses actualizado por movilidad previsional” y para resolver la deuda acumulada entiende que se “justifica apelar al uso de los ahorros acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La Anses estaría disponiendo de un activo para cancelar un pasivo, con efectos patrimoniales neutros».