Según anticiparon fuentes oficiales a LA NACION, para el trabajo en ese segundo mes del próximo año está previsto incluir buena parte de las reformas que impulsa el Gobierno: la Laboral, la tributaria, la modificación de Código Penal y Glaciares.

En esos encuentros también se habla de la importancia de que los mandatarios apoyen las reformas, pero en las filas libertarias -tanto a nivel del Ejecutivo como del Legislativo- admiten que en los últimos días de diciembre no se llegará a debatir todo el paquete.

Mientras que hay quienes se inclinan por la posibilidad de seguir en enero y recuerdan que el titular de la Cámara baja, Martín Menem, dijo en varias oportunidades que le gusta trabajar ese mes, todo indica que habrá receso y se volverá en febrero con la actividad parlamentaria. Ahí es que esperan, ya habiendo tenido eventualmente la aprobación del presupuesto en diciembre, avanzar con la agenda de reformas de segunda generación.

Sobre el detalle de las iniciativas, en el Gobierno hay pleno hermetismo y sostienen que aún no circula “ningún texto, ni hay un paper dando vueltas”. En esa misma línea fue el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, que el viernes pasado, al ser consultado sobre su apoyo a las reformas, las consideró necesarias pero admitió que aún no se conoce la letra. “Esperamos la redacción para ver”, afirmó.

Parte de lo que será la letra final de esas reformas saldrá del trabajo que viene llevando adelante el Consejo de Mayo que, mensualmente, se reúne y discute en su composición intersectorial los principales puntos del Pacto de Mayo. Entre ellos, los futuros cambios en materia laboral y tributaria. Esa mesa fue encabezada por Guillermo Francos hasta su salida del gobierno.

La reforma del Código Penal es otro de los puntos que el gobierno se trazó como objetivo, y lo anunció a comienzos de octubre. El tema es considerado prioridad para la administración mileísta que para dar su discusión en la Cámara alta, que a partir de diciembre próximo tendrá a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, liderando el bloque libertario en el Senado.

En tanto que en diciembre junto a Presupuesto se incluirá el proyecto de Ley del Principio de Inocencia Fiscal, que el Gobierno anunció en junio de este año y que tiene como objetivo “blindar” a los ahorristas argentinos ante futuras administraciones para que puedan disponer libremente de sus ahorros sin tener que demostrar de dónde los sacaron.

El proyecto busca instaurar un cambio en la filosofía y la práctica del régimen tributario argentino. Su núcleo reside en abandonar lo que el Gobierno describe como un “régimen persecutorio” aplicado por el fisco, donde se partía de una presunción de culpabilidad del contribuyente.

Según explicó al momento de la presentación el titular de ARCA, Juan Pazo, la nueva ley se erige sobre la idea de que “todos somos inocentes, salvo que ARCA demuestre lo contrario”. Este cambio conceptual implica una inversión de la carga de la prueba y una redefinición de la relación entre la agencia recaudadora y los ciudadanos.

Buena parte de la expectativa de la Casa Rosada está atada al nuevo tándem que se armó desde los cambios de Gabinete y tras el resultado de las elecciones, que empoderó al sector de Karina Milei. Solo en la última semana, tras ser designado en el cargo, Santilli se reunió en dos oportunidades con Martín y Eduardo “Lule” Menem, con quienes trabajan en la relación con los gobernadores y el Congreso en busca de apoyos.