Tal es la delicadeza de la cuestión, que el Consejo de la Magistratura comunicó a los jueces del tribunal oral federal N° 7 que la semana próxima, entre el 10 y el 15 de noviembre, se inaugurará en el edificio de Comodoro Py 2002 una nueva sala de audiencias para 200 personas, que puede albergar a los 87 acusados y sus abogados, a la fiscalía y las querellas, dijeron fuentes del Consejo de la Magistratura a LA NACION.

Se trata de la remodelación de la Sala AMIA, que se realizó parala puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio, que requiere de audiencias orales.

Allí, en 2013, se realizó el primer juicio oral y público por el atentado a la AMIA, con decenas de acusados, abogados y querellantes.

Cuenta con un amplio estrado, y un lugar donde se colocan, en bancos paralelos, abogados y clientes del lado derecho de los jueces, y fiscales y querellantes, del lado izquierdo.

Además, cuenta con una platea de butacas en la planta baja, como para que se acomoden más de 50 personas, y otras tantas en un pullman situado en la planta alta de la sala, como si se tratara de un teatro.

La sala también está equipada con cámaras de televisión, equipos para trasmisión remota, monitores y herramientas para reproducir videos, fotografías y documentos que puedan ser evidencias del juicio.

Hace dos meses, el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, planteó ante las autoridades del Consejo de la Magistratura y la Corte su preocupación por la falta de espacio físico para hacer el proceso y comunicó que el juicio iba a realizarse por zoom, de manera virtual y que solo iba a tener lugar una audiencia por semana.

La decisión de Méndez Signori no cayó bien en los tribunales. Tampoco le agradó a la fiscalía de Fabiana León, ni a muchos de los defensores, que no quieren que sus clientes declaren por Zoom, lejos de los jueces.

Incluso hubo planteos formales que llegaron hasta la Cámara Federal de Casación, que en agosto pasado cuestión que el juicio se realice por Zoom y solo una vez por semana.

Las quejas fueron expuestas por el presidente del tribunal, Daniel Petrone, y por su colega Diego Barroetaveña, también consejero de la magistratura en representación de los jueces.

Lo que argumentó la Cámara es que las audiencias virtuales semanales en la causa cuadernos podrían afectar el derecho de defensa.

El uso del Zoom en la primera audiencia generó escenas insólitas, como que uno de los acusados, Alberto Padoán, de la empresa Vicentin, siguiera el juicio acostado en su cama, con alguien que parecería ser una mujer a su lado. El mismo empresario, vestido de pijama, luego apareció en la conexión con un pote de helado.

Ocurrió algo similar con el exministro kirchnerista Julio De Vido, que en plena audiencia decidió almorzar, sin discreción, ingiriendo la comida a cucharadas mientras la cámara lo tomaba en primer plano.

La controversia por el juicio surgió tras un reclamo formal del empresario acusado Gabriel Romero, que objetó el formato virtual; aunque su recurso fue rechazado, Casación pidió preservar garantías procesales, especialmente la presencia física.

Los jueces Barroetaveña, Petrone y Gustavo Hornos coincidieron en que la complejidad del caso (más de 600 testigos y los 87 acusados, incluida Cristina Kirchner) no debe debilitar derechos fundamentales de un juicio oral y público.

Sugirieron aumentar la frecuencia de audiencias para evitar dilaciones ante la decisión del TOF 7 de realizar sesiones virtuales semanales los jueves vía Zoom.

Finalmente los jueces se flexibilizaron un poco y programaron una audiencia semanal hasta fin de año y luego, desde el 3 de marzo de 2026, dos audiencias semanales, los martes y jueves.

Lo que les gustaría ver en el Palacio de Justicia y en el Consejo de la Magistratura son audiencias presenciales todos los días.

Los jueces de Casación sugirieron revisar el cronograma del debate para evitar dilaciones. Barroetaveña advirtió que la virtualidad podría extender innecesariamente el proceso, mientras que Petrone subrayó que las plataformas digitales deben garantizar la defensa sin afectar sus derechos.

Casación sugirió considerar un aumento en la frecuencia de las audiencias semanales para acelerar el juicio y evitar demoras de un proceso que podría durar años.