El Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza firmaron un convenio marco para poner en marcha esa política pública. Luego les presentaron formalmente el programa a las máximas autoridades judiciales y sanitarias de la provincia, como paso previo a la articulación con el fuero penal.

El Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza dieron un paso clave en la implementación del Programa Integral de Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), con la firma de un convenio marco entre la ministra Mercedes Rus y el subsecretario de Política Criminal de la Nación, Alberto Nanzer.

“Hemos avanzado en un proyecto que es muy importante para la provincia de Mendoza. Tiene que ver directamente con el Tribunal de Tratamiento de Drogas, que tiene por fin abordar los consumos problemáticos de las personas que pasan por el sistema penal para evitar que reincidan”, afirmó Rus.

Tras la firma hubo una reunión de presentación formal del programa al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay; a la defensora general del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, Cecilia Saint André, y al Ministerio Público Fiscal, representado por el procurador Alejandro Gullé a través del fiscal de Instrucción de Malargüe, Nicolás Muñoz Casado.

Participaron también el subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino; el director de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Manuel Vilapriño; la directora de Relaciones Institucionales y Capacitación, Belén González, y autoridades del Ministerio de Salud provincial. Y, de manera virtual, Elisa Sproviero, de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), y Leandro Gaston, del Ministerio de Justicia de la Nación.

En el encuentro, Nanzer explicó los alcances del programa, que en su primera etapa compromete a los ministerios ejecutivos y a las áreas de salud de la Nación y la Provincia, y que en su segundo tramo buscará articular una mesa judicial del fuero penal para definir los juzgados con los que trabajará.

La ministra destacó que el TTD “supone un abordaje integral en una mesa interdisciplinaria con actores judiciales, con coordinadores de los dos ministerios ejecutivos y, sobre todo, con un abordaje en materia de salud, que es el que va a realizar un tratamiento de aquellas personas que están sometidas a proceso penal y no tienen una sanción de condena en efectivo, pero que sí necesitan un abordaje para modificar su conducta de consumo”.

La funcionaria graficó: “De esta forma, con este abordaje entendemos que se puede disminuir considerablemente la reincidencia; hay estudios que así lo prueban. Esta prueba piloto va a empezar este programa en Mendoza, que es el lugar elegido de todo el país por la articulación”.

Actualmente, la capacidad sanitaria está garantizada: intervienen el Ministerio de Salud de Mendoza, el Ministerio de Salud de la Nación y la Sedronar. Lo que resta es la firma de un convenio específico con el fuero penal que permitirá seleccionar los juzgados con los que se trabajará inicialmente.

“Este programa nos permite ir al fondo del problema y trabajar para reducir la reincidencia. Muchas veces, las demandas de seguridad están atravesadas por la necesidad de un policía en la esquina o de sumar más fiscales y jueces, pero un aspecto imprescindible es trabajar en que el hecho no vuelva a suceder”, subrayó.

Estrategia federal con respaldo internacional

El Programa Integral de Tribunales de Tratamiento de Drogas es una política pública impulsada por la Nación y respaldada por organismos internacionales, con experiencias exitosas en otras provincias y países. Su enfoque parte de la premisa de que el consumo problemático debe abordarse de manera integral articulando la intervención judicial con el acompañamiento sanitario y social.

Mendoza se convierte así en la segunda provincia en sumarse a esta estrategia, integrando su política de salud mental y consumo problemático en la planificación criminal. El modelo está basado en evidencia que demuestra su impacto en la reducción de la reincidencia y en la mejora de la seguridad ciudadana, y se adapta a las particularidades de cada jurisdicción. El respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el financiamiento internacional permiten fortalecer las capacidades locales, medir resultados y replicar buenas prácticas.