Mientras el oficialismo sufría esa noche una seguidilla de aplastantes derrotas en el recinto, entre las bancas de la oposición comenzó a circular el dictamen que, según anticipan sus autores, llevarán al recinto en la próxima sesión para que la Cámara de Diputados, en un tiempo perentorio, haga luego lo propio. El objetivo es anticipar la sanción al recambio legislativo del 10 de diciembre próximo, cuando se espera que los libertarios engrosen su representación en ambas cámaras, lo que dificultaría los planes opositores de ponerle límites al Gobierno.

Para este trámite se fija un plazo: 90 días corridos desde la publicación del decreto. Si éste no fuese aprobado dentro de ese lapso, el decreto perdería vigencia de manera automática.

En segundo lugar, el dictamen establece que si alguna de las dos cámaras del Congreso rechaza un DNU, éste queda derogado, aunque quedarían a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. De todas maneras, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

El dictamen en cuestión impone cambios copernicanos a la ley que, en su momento, promovió la exsenadora Cristina Kirchner en 2006 y que, por su laxitud, permitió a los sucesivos gobiernos dictar DNU y decretos delegados sin que el Congreso significara mayor obstáculo. En efecto, la norma actual exige el rechazo de ambas cámaras para que un decreto pierda su vigencia. En cambio, de aprobarse el dictamen opositor, el rechazo de una sola cámara bastará para voltearlo. La misma suerte correrá si en un plazo de 90 días corridos el Congreso no se pronuncia.

Cambio de clima

Lo llamativo del dictamen no es solo su contenido restrictivo sino, sobre todo, quiénes lo auspiciaron, en su mayoría exaliados del oficialismo. Habla de un cambio rotundo del clima político en el Congreso, el cual tuvo como punto de inflexión el cierre de las candidaturas oficialistas con vistas a las elecciones de octubre próximo. Una instancia que dejó un tendal de heridos que, despechados, se pasaron raudos a las filas opositoras. El oficialismo acusó el golpe con la ristra de derrotas que sufrió la semana pasada tanto en Diputados como en el Senado.

Encabeza el listado de firmas la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas), esposa del exgobernador y primer candidato a diputado por Córdoba Juan Schiaretti. La acompañan varios senadores que, hasta hace poco tiempo, acompañaron al Gobierno, entre ellos Juan Carlos Romero (Salta) y Eduardo Vischi (Corrientes), este último jefe del bloque radical.

Completan las firmas los también radicales Flavio Fama y Pablo Blanco, como así también Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Mónica Silva (Juntos somos Río Negro), quien responde al gobernador Alberto Weretilneck.

El kirchnerismo prefirió ocupar un segundo plano –tal vez para no desairar a su jefa política, autora de la ley-, pero no se privó de estampar también su rúbrica a un proyecto que, de aprobarse, le infligiría un fuerte golpe político al gobierno libertario. Lo firmaron José Neder, Mariano Recalde, María Florencia López, Silvia Sapag y Daniel Bensusán.

“El kirchnerismo aprobó esta ley para hacer uso y abuso de los DNU. Es una norma que empodera al Poder Ejecutivo. Este dictamen, en cambio, va al otro extremo, fortalece al Congreso –indicó el senador Romero a LA NACION-. Para encontrar un punto de equilibrio yo, si bien suscribí el dictamen, voy a sugerir que los decretos tengan el mismo tratamiento que una ley”.

El radical Blanco, por su lado, alertó sobre “el abuso que hace el Gobierno” de los DNU. Los datos oficiales revelan que, en lo que va de su mandato, el Poder Ejecutivo dictó 71, sin contar los decretos delegados; una cifra superior al promedio de gobiernos anteriores (sin contar los años de pandemia), aunque el oficialismo esgrime un argumento no menor para justificarlos: el de Milei es un gobierno en minoría en ambas cámaras y, después de todo, se trata de una facultad consagrada en la Constitución Nacional que todos los presidentes, sin excepción, utilizaron aun contando con mayorías parlamentarias.

Los opositores retrucan que el de Milei devino en un gobierno decidido a gestionar a puro DNU y vetos presidenciales con tal de ningunear al Congreso. Una modalidad que, aseveran, se profundizará durante la segunda parte de su gestión si, como auguran los pronósticos electorales, los libertarios incrementan su representación en ambas cámaras. No alcanzarán la mayoría, pero aspiran a consolidar al menos un tercio de voluntades en la Cámara de Diputados, suficiente para blindar los futuros vetos presidenciales.

Hasta el 10 de diciembre, sin embargo, el oficialismo deberá soportar los embates de una oposición decidida a unir filas frente a un Gobierno que, advierte, se perfila cada vez más autocrático por su renuencia al diálogo. En el Senado se descuenta que el dictamen para restringir el uso de los DNU se aprobará con amplia mayoría; en la Cámara de Diputados, si bien el año pasado se frustró el tratamiento de una iniciativa similar, la fragilidad que exhibe hoy el oficialismo le abre a la oposición una nueva oportunidad. Allí también, como en el Senado, hay varios “heridos” que, antes de dejar su banca, quieren cobrarse viejas cuentas.

Frente a una ofensiva que se anticipa inexorable, el oficialismo tendrá el veto como única arma para defender –paradojas de la política- la ley de DNU que legó Cristina Kirchner. Habrá que ver si, en esta carrera contra reloj antes del recambio legislativo, la oposición finalmente logra consumar su golpe.